Por Redacción
De acuerdo con la columna “Entre lo utópico y lo verdadero”, de Claudia Guerrero Martínez, tras la detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se han señalado presuntos vínculos con José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.
La columna refiere información publicada por otros medios de comunicación y presenta señalamientos que no han sido acreditados públicamente por una autoridad judicial. También menciona que “El Tanque” habría operado en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, donde se le atribuyen actividades delictivas como homicidios, extorsiones, secuestros, robo de combustible, lavado de dinero y tráfico de drogas.
Asimismo, Guerrero Martínez retoma publicaciones periodísticas que relacionan a Cazarín Molina con presuntos negocios de balasto vinculados al Tren Maya, así como con personas cercanas a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estos señalamientos también son atribuidos a investigaciones y publicaciones de otros medios.
En el caso de Veracruz, la columna recuerda reportes previos sobre presuntas refinerías clandestinas y robo de combustible, así como señalamientos de posibles vínculos entre funcionarios y grupos criminales. También menciona al exdirector de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, identificado como Juan Hernández Rivera, alias “Comandante Furia”, y sus presuntas conexiones con otros personajes señalados como integrantes de grupos delictivos.
La publicación también retoma señalamientos contra Rubén Rueda Rodríguez, exdirector de Ganadería, quien fue separado del cargo el pasado 15 de junio. De acuerdo con la información citada por la columnista, se le habría relacionado con presuntas irregularidades en el traslado de ganado y cobros ilegales en puntos de control zoosanitario. Se menciona además a otros funcionarios y al esposo de la gobernadora, aunque se trata de señalamientos contenidos en la columna y no de hechos judicialmente acreditados.
Cuestionan prácticas en IMSS-Bienestar
En otro apartado, la columna expone una carta enviada a su redacción sobre presuntos abusos laborales y presión para credencializar beneficiarios del IMSS-Bienestar.
El texto refiere una conversación interna en la que supuestamente se plantea medir resultados mediante el número de beneficiarios que realizan el trámite de credencialización. También reproduce comentarios en los que se habla de suspender la pensión de adultos mayores como mecanismo de presión, situación que la publicación considera que debería ser investigada y aclarada por las autoridades.
Denuncian presunto fraude en programa
Finalmente, la columna presenta una denuncia ciudadana relacionada con el programa federal de pensión para personas con discapacidad en Santiago Tuxtla.
La persona que envió la carta acusa a una servidora de la nación, identificada como María del Carmen Martínez Navarrete, de presuntamente incorporar al programa a personas que no cumplirían con los requisitos, y señala específicamente a Pedro Elías Vichi, a quien identifica como su hijo.
La denuncia también menciona presuntos vínculos con Jesús Córdoba y Juan Javier Gómez Cazarín, aunque estos señalamientos corresponden a la carta publicada y no se presentan como hechos comprobados por una autoridad. La columna solicita que las presuntas irregularidades sean investigadas y aclaradas.
