Por Rebeca Solano
El periodista Carlos Loret de Mola presentó una nueva investigación sobre los negocios de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario señalado por su cercanía con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente con Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”.
La investigación, difundida a través de la plataforma Latinus, aborda presuntas irregularidades financieras y fiscales relacionadas con empresas vinculadas a Olán, así como los contratos millonarios que habrían obtenido durante el gobierno anterior en proyectos de infraestructura pública.
Uno de los puntos destacados es la información sobre una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionada con los movimientos financieros del empresario. Reportes periodísticos lo ubicaron en Suiza, específicamente en la región de Tesino, cerca de Lugano, donde presuntamente habría rentado una propiedad de alto costo y mantenido recursos en el extranjero.
Otro de los señalamientos se relaciona con el posible perjuicio fiscal de 834 millones de pesos detectado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), presuntamente asociado con operaciones de importación de diésel y empresas vinculadas al empresario, entre ellas Portacelis Gas and Oil. Estos señalamientos requieren distinguir entre posibles irregularidades fiscales y responsabilidades penales que, en su caso, deberán acreditarse mediante los procedimientos correspondientes.
La investigación también retoma reportes periodísticos y audios que han señalado que empresas relacionadas con la red de Olán habrían obtenido contratos por miles de millones de pesos en proyectos como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Los señalamientos han generado cuestionamientos sobre los posibles vínculos empresariales y políticos con personas cercanas a la familia López Obrador.
El caso ha cobrado relevancia por las dudas sobre la asignación de contratos públicos, la transparencia de las operaciones empresariales y la posible existencia de conflictos de interés. Sin embargo, los señalamientos periodísticos no constituyen por sí mismos una resolución judicial ni prueban la comisión de delitos.
En cuanto a la postura oficial, la información proporcionada señala que autoridades hacendarias indicaron que, hasta ese momento, no existían carpetas de investigación formalizadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los señalamientos específicos mencionados. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no intervendrá en las atribuciones de la Fiscalía.
La investigación de Latinus vuelve a colocar bajo escrutinio los negocios de Amílcar Olán y sus presuntos vínculos con el entorno del expresidente López Obrador, mientras permanece pendiente conocer qué elementos podrán ser confirmados oficialmente y si las autoridades determinarán responsabilidades administrativas, fiscales o penales.
