Por Anais Zavala
El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Veracruz, Norberto Limón Ambrosius, evitó responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre una carpeta de investigación en su contra por presunta falsificación y fraude corporativo.
Durante una rueda de prensa, reporteros le preguntaron sobre la denuncia presentada por su hermano, César Armando Limón, quien lo señala por presuntas irregularidades relacionadas con la estructura corporativa de una empresa. Sin embargo, el representante de CANACAR se negó a abordar el asunto en ese momento y argumentó que “no era el lugar” para hablar del tema.
Los cuestionamientos se centraron en los señalamientos sobre una presunta manipulación de documentos durante una Asamblea General Extraordinaria celebrada en 2025, en la que, de acuerdo con la denuncia, se habrían falsificado firmas y modificado estatutos para afectar la participación accionaria de César Armando Limón.
La acusación sostiene que estas presuntas acciones habrían tenido como consecuencia el despojo de la mayoría accionaria que mantenía el denunciante. No obstante, los hechos forman parte de los señalamientos presentados ante las autoridades y deberán ser investigados para determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
Durante el encuentro con la prensa, los reporteros insistieron en conocer la postura de Norberto Limón Ambrosius respecto de las acusaciones y la situación legal del caso. Pese a ello, el delegado no ofreció una explicación sobre los señalamientos y se limitó a indicar que el tema debía tratarse en otro espacio.
La falta de respuestas dejó pendientes diversos cuestionamientos sobre la denuncia, entre ellos su postura frente a las presuntas irregularidades en la asamblea y las modificaciones estatutarias señaladas por su hermano.
El caso pone bajo atención pública un conflicto que, según la denuncia, involucra decisiones corporativas, documentos y la distribución de acciones dentro de una empresa. La determinación de posibles responsabilidades dependerá de las investigaciones y de las pruebas que sean presentadas ante las instancias correspondientes.
Hasta el momento, los señalamientos deben considerarse presuntos hechos, mientras las autoridades competentes determinan si existen elementos suficientes para acreditar falsificación, fraude corporativo u otras posibles conductas ilícitas.
