Por María Fernández
El Gobierno de México analiza comprar el Centro de Detención de Alta Seguridad de Papantla, Veracruz, para concluir su construcción y ponerlo en funcionamiento, luego de que el proyecto acumulara años de retrasos y una inversión superior a los 10 mil millones de pesos, sin que hasta ahora haya recibido personas privadas de la libertad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el viernes 23 de octubre que instruyó a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, a revisar los recursos destinados a la obra y determinar cuánto costaría adquirir las instalaciones.
La propuesta todavía se encuentra en análisis y no existe una decisión definitiva sobre la compra ni una fecha confirmada para la apertura del centro penitenciario. Antes de avanzar, el Gobierno federal deberá conocer el valor actual del inmueble, los pagos realizados durante administraciones anteriores, los trabajos pendientes y las condiciones del contrato con la empresa responsable.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el complejo presenta aproximadamente 90 por ciento de avance, por lo que su administración busca evaluar la posibilidad de aprovechar la infraestructura y concluirla bajo un esquema diferente al que se utilizó originalmente.
BUSCAN CAMBIAR EL ESQUEMA DE OPERACIÓN
El centro penitenciario fue desarrollado mediante un modelo de Asociación Público-Privada (APP), en el que una empresa privada participa en la construcción y prestación de servicios durante un periodo determinado, mientras el Gobierno realiza pagos conforme a las condiciones contractuales.
La presidenta señaló que este tipo de acuerdos puede representar costos elevados para las finanzas públicas. Como antecedente, recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se renegociaron contratos de otros centros penitenciarios para reducir los pagos comprometidos por el Estado.
En el caso de Papantla, la intención es revisar las condiciones financieras y negociar con la empresa encargada para determinar si resulta viable adquirir las instalaciones y terminar los trabajos sin mantener el esquema original.
“Lo que nosotros queremos es adquirirlo”, expresó Sheinbaum al referirse al proyecto.
Sin embargo, la mandataria no presentó un monto de compra ni precisó cuándo podría concretarse una negociación. La decisión dependerá de los resultados de la revisión financiera y jurídica que realicen las dependencias federales.
MÁS DE 10 MIL MILLONES DE PESOS INVERTIDOS
El penal de Papantla forma parte de los proyectos de infraestructura penitenciaria que han atravesado distintas administraciones sin entrar en funcionamiento.
En marzo de 2024, el Gobierno federal informó que se habían destinado más de 10 mil millones de pesos a la construcción del complejo, pese a que la obra continuaba inconclusa.
Por otra parte, la Cuenta Pública 2024 reportó un valor presente contractual aproximado de 15 mil 817 millones de pesos para el proyecto. Esta cifra corresponde al valor presente de las obligaciones contractuales y no debe confundirse con el monto que tendría que desembolsar actualmente el Gobierno para comprar las instalaciones.
Por ello, la revisión anunciada por Sheinbaum deberá establecer cuánto dinero se ha pagado, qué compromisos financieros siguen vigentes y cuánto costaría concluir los trabajos pendientes.
El objetivo es determinar si la adquisición representa una alternativa financieramente viable para el Estado, en comparación con mantener las condiciones del contrato actual.
SIN FECHA PARA LA APERTURA
Hasta el 24 de octubre de 2026, el Gobierno federal no ha anunciado una fecha para la apertura del centro penitenciario.
La eventual puesta en operación dependerá de que se concrete la negociación, se definan las condiciones jurídicas y financieras, se terminen las áreas pendientes y se establezca el presupuesto necesario para mantener las instalaciones en funcionamiento.
La posible compra también se plantea en un contexto de presión sobre el sistema penitenciario mexicano y de necesidades de infraestructura para la operación de los centros de reclusión.
Para Veracruz, la conclusión del penal permitiría aprovechar una obra de gran escala que permanece sin prestar servicio. No obstante, el costo de adquisición, las inversiones adicionales y los gastos de operación serán factores fundamentales para evaluar la conveniencia del proyecto.
Por ahora, la administración federal mantiene el análisis en curso. La revisión de los contratos y de los recursos públicos permitirá determinar si el Gobierno adquiere el complejo, negocia nuevas condiciones con la empresa responsable o considera otras alternativas para concluir la obra.
