Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo / Internet
Por Rebeca Solano
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a empresas que forman parte de una red de “huachicol fiscal”.
Según la causa penal 325/2025, la comercializadora de hidrocarburos Grupo Potesta habría realizado operaciones financieras por aproximadamente 220 millones de pesos a través de Vector, sin que se registrara la fecha de las transacciones. La FGR advierte que los recursos podrían haber sido enviados a otras entidades o países para ocultar su origen ilícito.
“Se conoció que Grupo Potesta, S.A. de C.V., celebró operaciones con diversos proveedores, entre los que destacan los 220 millones de pesos con la institución financiera Vector. Por medio de esta institución, los recursos podrían haber sido enviados hacia otras entidades o países con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros”, señala el documento de la Fiscalía.
Los señalamientos forman parte de las solicitudes de órdenes de aprehensión contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos acusados de facilitar la entrada de al menos 14 buques con combustibles de contrabando. La investigación también involucra a Grupo Base Energéticos, con supuestos vínculos comerciales con Vector según información del SAT.
Vector figura entre 36 empresas financieras, importadoras y comercializadoras presuntamente relacionadas con la red de huachicol fiscal. En junio, la casa de bolsa y dos bancos mexicanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusados de facilitar operaciones de lavado para los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación, quedando prohibidos de realizar transacciones con el sistema financiero estadounidense.
La FGR señala a Grupo Potesta como una de las cinco principales empresas vinculadas con delitos de lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos y corrupción en aduanas. Entre los otros implicados destacan Altos Energéticos Mexicanos, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, Era Tech Combustibles —vinculada al Cártel de Sinaloa— y Grupo Base Energéticos.
La investigación también detectó inconsistencias financieras en Grupo Potesta: reportó ingresos por 87 millones de pesos en 2023, tenía solo ocho empleados y presentó facturas electrónicas por más de mil 700 millones de pesos de proveedores ligados a la red de huachicol. Asimismo, se documentan vínculos con Impulsora de Productos Sustentables, cuyos accionistas han sido relacionados con Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación.
