Por Julio Altamirano
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó mil 80 millones de pesos pendientes de aclarar en Veracruz, correspondientes a la Cuenta Pública 2025, el primer año de gobierno de la morenista Rocío Nahle García.
De ese monto, 137.8 millones de pesos corresponden al Gobierno del Estado y 942.3 millones a diez municipios.
Ante las observaciones, el Órgano Interno de Control abrió nueve expedientes contra servidores públicos. Sin embargo, la administración estatal todavía se encuentra dentro del plazo legal para presentar documentación y aclarar el destino de los recursos.
Entre las dependencias señaladas se encuentran los Servicios de Salud de Veracruz, que deben aclarar 87.4 millones de pesos. La mayor parte corresponde a recursos del presupuesto federal de 2025 utilizados para pagar nóminas de 2024, sin contar con comprobantes ni autorización.
Además, la dependencia habría incumplido recomendaciones de auditorías anteriores, al mezclar recursos de distintos orígenes en las mismas cuentas bancarias y realizar transferencias cuyo destino no ha sido identificado.
A esto se suma que, junto con el IMSS-Bienestar, presenta un desajuste contable superior a 345 millones de pesos en medicamentos e insumos.
En el sector educativo también se identificaron observaciones por 48.7 millones de pesos, relacionadas con pagos a 105 trabajadores que tenían plazas simultáneas en planteles educativos que no se encuentran cerca entre sí.
Asimismo, se reportaron pagos por 5.5 millones de pesos a 79 empleados con licencia sin goce de sueldo y otros 2.3 millones a 87 trabajadores que ya habían sido dados de baja.
En cuanto a los gobiernos municipales, Soteapan concentra el mayor monto pendiente de aclaración, con 189.9 millones de pesos, seguido de Tempoal, con 173.3 millones, y Pajapan, con 93.3 millones de pesos.
Los recursos observados deberán ser aclarados por las autoridades correspondientes mediante la presentación de documentación que justifique su aplicación. Las cantidades pendientes de aclarar no representan por sí mismas un daño patrimonial definitivo ni acreditan responsabilidades administrativas o penales.
