Por Rebeca Solano

Un pronunciamiento dirigido a la opinión pública plantea que el desempeño de Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea sometido a un escrutinio público y a una revisión institucional, al señalar cuestionamientos sobre su preparación, imparcialidad y actuación en el máximo tribunal del país.

En el documento se sostiene que quienes integran la Suprema Corte tienen la obligación de conocer los asuntos que someten a su consideración, argumentar con solvencia jurídica y actuar con independencia e imparcialidad.

Asimismo, señala que las intervenciones y decisiones durante las sesiones del Pleno deben corresponder a la responsabilidad constitucional del cargo, por lo que considera legítimo cuestionar el desempeño de la ministra y exigir explicaciones sobre sus actuaciones.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la posible existencia de conflictos de interés relacionados con su hermano, Martí Batres, actual titular del ISSSTE.

Al respecto, el documento aclara que el parentesco entre ambos no constituye por sí mismo una irregularidad; sin embargo, considera necesario examinar posibles impedimentos cuando un asunto judicial involucre intereses que pudieran beneficiar a un familiar.

Como antecedente, menciona que en 2024, dentro del expediente Impedimento 9/2024, se presentó ante la Suprema Corte una recusación relacionada con la participación de Lenia Batres en un asunto en el que se argumentó un posible interés de su hermano Martí Batres.

El pronunciamiento precisa que la Segunda Sala declaró improcedente aquella solicitud por razones procesales, por lo que esa resolución no acreditó una actuación parcial, aunque considera que los posibles conflictos de interés deben revisarse debidamente.

Ante estos señalamientos, plantea interrogantes sobre quién vigila a quienes imparten justicia y quién exige responsabilidades cuando existen cuestionamientos sobre su independencia y actuación.

El documento también hace referencia al marco constitucional, particularmente al artículo 17, que establece el principio de imparcialidad en la impartición de justicia, así como a los artículos 109 y 110, relacionados con la responsabilidad de los servidores públicos y el juicio político.

Por ello, hace un llamado al Congreso de la Unión, particularmente a la Cámara de Diputados, para que, dentro de sus atribuciones, revise las actuaciones públicas y el desempeño de la ministra.

Entre las acciones que propone se encuentran:

• Examinar posibles conflictos de interés en asuntos relacionados con familiares.
• Investigar conductas u omisiones que pudieran representar violaciones a sus responsabilidades constitucionales.
• Valorar la procedencia de iniciar un juicio político conforme al artículo 110 constitucional y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
• En caso de acreditarse las causales legales, impulsar el procedimiento correspondiente para determinar las sanciones, incluida la destitución.

El pronunciamiento sostiene que ninguna persona está exenta de rendir cuentas por sus actuaciones, independientemente del cargo que ocupe, y señala que la legitimidad de la Suprema Corte depende también de la transparencia, independencia y responsabilidad de sus integrantes.

Finalmente, el documento subraya que la impartición de justicia no debe responder a intereses familiares, grupos políticos ni proyectos personales, sino a la Constitución y a los derechos de los mexicanos.

«La justicia debe ser imparcial, la función pública debe ser responsable y la Constitución debe cumplirse sin excepciones», concluye el pronunciamiento.