Por Rebeca Solano
Un matrimonio poblano señalado por presuntamente encabezar una red de estafas habría defraudado entre 220 y 300 millones de pesos desde 2019, afectando a ciudadanos de Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Nuevo León y Jalisco.
De acuerdo con una publicación de MVS Noticias, Gerson Alan García Barrios y su esposa, Coral Elizabeth Icelo Karam, presuntamente utilizaron relaciones de confianza construidas a través de las aulas escolares y la venta de pólizas de Seguros Monterrey para acercarse a sus víctimas y obtener importantes cantidades de dinero.
Pese a las denuncias en su contra, la pareja mantendría un estilo de vida de millonarios, con ropa de marca y vehículos de lujo, mientras presuntamente continúa operando mediante la firma GI Consultores.
Confianza escolar y falsas licitaciones
El esquema denunciado consistía en aprovechar vínculos personales para ganarse la confianza de las personas, incluso ingresar a sus hogares y ofrecerles supuestas oportunidades de inversión.
Una de las afectadas, Azalea Cepero, quien asegura haber perdido más de 5 millones de pesos, expresó su temor ante las posibles represalias de los señalados.
«Yo sí temo por mi vida, no te voy a decir que no, porque ellos solos no trabajan”, confesó en entrevista con MVS Noticias.
Entre las presuntas modalidades de fraude se encontraba la promesa de una supuesta licitación ganada con el gobierno de Puebla, por la que solicitaban préstamos a sus víctimas.
Sin embargo, las denuncias señalan que el esquema también afectó a familias de asegurados fallecidos, quienes habrían entregado recursos económicos que representaban su único patrimonio.
Una de las víctimas relató el caso de una mujer que acudió a las oficinas de Elizabeth Icelo para suplicarle que le devolviera el dinero que su esposo le había dejado para mantener a su hija.
“Le lloró, le suplicó, ‘oye es lo único que mi esposo dejó para mi hija, yo dependo completamente de él, tú conoces nuestra situación, sabes que yo solo soy ama de casa y no les importó”, refirió.
Las denuncias recabadas apuntan a que la presunta red habría operado durante varios años y afectado a familias de al menos ocho estados del país.
