Por: Raymundo Riva Palacio
Dos narrativas públicas están enfrentándose todos los días: la de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que a vuelo de pájaro dice que de todos los funcionarios que señalan en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico no existen pruebas en México, y la de Washington, que dice todo lo contrario. En sus reuniones privadas con funcionarios estadounidenses, la Presidenta ha expresado lo que afirma en público, pero en privado, los emisarios de Donald Trump le han replicado: sí tenemos evidencias.
Sheinbaum no es crédula a todo lo que dicen los enviados estadounidenses, lo que es correcto, pero cada vez la acorralan más. La última presión fue durante la reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Palacio Nacional, donde el tema predominante fue la narcopolítica. Rubio le entregó una relación de nombres de políticos y funcionarios de Morena que fueron entregados en México al Gobierno estadounidense, que los revisó y verificó sus presuntos lazos con el crimen organizado, acotando el número a 55.
La Administración Trump entregó primero una lista de 300 nombres, que además de políticos y funcionarios de Morena, había de otros partidos, así como empresarios, artistas y deportistas. En julio enviaron un mensaje a través de un alto funcionario mexicano que estuvo en pláticas bilaterales en Washington, con una relación de 12 nombres, dos generales -uno en activo-, tres gobernadores, dos miembros del gabinete y uno de los líderes de Morena. La última, de 55 nombres, llevaba el mismo mensaje: que les abran carpetas de investigación y los procesen. Si no lo hace México, ha sido la advertencia sistemática, lo hará el Departamento de Justicia.
En varias reuniones con diversos funcionarios estadounidenses -una buena parte de ellas no se han hecho públicas-, la Presidenta ha espetado a sus interlocutores, señalándoles la falta de pruebas. Las respuestas, particularmente en dos casos, el de Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, por el tema de La Barredora y sus presuntos vínculos criminales en el Sur del país -que es la información que afirman tener-, y el de Manuel Bartlett, muy cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y a quien quieren que México lo expulse para llevarlo a la justicia por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, atravesaron por momentos álgidos y ríspidos al ser planteados durante diferentes visitas.
La Presidenta respondió casi en mecánicamente cuando le pidieron que actuara en contra de ellos, que no había pruebas. La respuesta fue tajante: ellos, los estadounidenses, sí las tienen. Su negación, por defensa institucional, por precaución o porque no alcanza a comprender lo que le están diciendo, es metódica. Lo hizo el viernes con la diputada de Morena, ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, a quien el Departamento del Tesoro le congeló sus cuentas por estar relacionada con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada del Cártel de Sinaloa. Lo hizo en la víspera con el senador López Hernández. Antes exculpó al exjefe de Oficina de López Obrador, Alfonso Romo, cuando acusaron a su empresa de lavar dinero para el narco, y previamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, cuando le cancelaron la visa.
Los últimos nombres que volvieron a surgir en algunas de las conversaciones de funcionarios de ambos países, son los gobernadores Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Américo Villarreal de Tamaulipas y, por primera vez, Evelyn Salgado, de Guerrero. Los dos primeros están imputados en un caso federal en San Antonio ligados a Sergio Carmona, el empresario, que según sus investigaciones, financió con dinero del huachicol ocho campañas de Morena a gubernaturas en 2021.
La Presidenta ha sido ambivalente con los estadounidenses, lo que probablemente a veces los desconcierta. Por ejemplo, durante la reunión con Rubio, el canciller estadounidense volvió a expresar la preocupación de su Gobierno por el enorme poder que le han dado a las Fuerzas Armadas en tareas civiles, y que al ser puestas al frente de la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada, se generaban los incentivos suficientes para que se corrompieran. Días después, estalló el escándalo del huachicol administrados por altos mandos de la Marina, y la semana pasada, Sheinbaum insistió en que se mantendrían las Fuerzas Armadas realizando las encomiendas que les dio López Obrador.
No obstante, los estadounidenses siguen respaldándola y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Del resto del gabinete, aunque tengan una relación fluida con sus contrapartes en Washington, la confianza es relativa. Hay dudas, como de manera indirecta expresó Rubio durante su encuentro, que Sheinbaum tenga la fuerza interna para poder llevar a cabo la depuración de la narcopolítica mexicana, por lo que sus planes unilaterales continúan.
Este fin de semana, dos informaciones inquietantes para la presumida soberanía mexicana, fueron filtradas a la prensa estadounidense. The Washington Post reveló que la DEA -a la que Sheinbaum descalificó y dijo que había perdido poder-, ha presionado al presidente Trump para que realice ataques quirúrgicos contra los cárteles mexicanos y su infraestructura criminal, una idea que no fue rechazado por temeraria, sino por las implicaciones legales que tendría. The New York Times reveló, por su parte, que está circulando el borrador de un proyecto de ley preparado por republicanos en el Capitolio, que le daría la autoridad a Trump para matar -literalmente, matar-, a los miembros de los cárteles denominados “terroristas” -seis de ellos mexicanos- y atacar a cualquier país que los albergue.
Los planes de acciones unilaterales contra el crimen organizado no han cesado en Washington y México está en el centro de sus eventuales acciones. Es una nueva presión pública contra Sheinbaum, que está viendo cómo unas de las advertencias que se las han manifestado a lo largo de este semestre, se están concretando.
