Titular Ejecutivo de la CEAPP, Tulio Moreno Alavarado y Director Juridico Angel Javier Casas Ramos
Por Karen Nochebuena
La columnista Silvia Núñez Hernández y directora general del portal de noticias AGNVeracruz, denunció públicamente que enfrenta una doble revictimización por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), al advertir que este organismo —que fue creado para defender a los periodistas y garantizar su esfera jurídica— se encuentra haciendo un uso indebido de sus funciones y violentando la ley.
La periodista expuso que mantiene dos quejas formales interpuestas en distintas instancias:
1. Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por la negativa de la CEAPP a brindarle asesoría y representación jurídica.
2. Ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la CEAPP, por las irregularidades y omisiones cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Discriminación y misoginia desde el interior de la CEAPP
De acuerdo con Núñez Hernández, el director jurídico, y el secretario ejecutivo de la CEAPP habrían incurrido en actos de discriminación y misoginia, al utilizar la institución como un “instrumento de ataque” contra periodistas (sobre todo mujeres) críticos de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien —afirma— impuso a dichos funcionarios en el organismo autónomo.
“En lugar de cumplir con su deber legal, estos funcionarios han convertido a la CEAPP en un espacio de hostigamiento contra la prensa crítica, violentando los principios de igualdad y el mandato constitucional de proteger la libertad de expresión”, expresó la columnista.
Omisión grave de la Unidad de Género
La periodista subrayó que este jueves tendrá lugar una reunión en su centro laboral con la presencia de la CEDH y de la Unidad de Género de la CEDH con el titular de la subdirección de quejas y denuncias del OIC, luego de que la titular de la Unidad de Género de la CEAPP se negara a brindarle atención.
Según relató, la funcionaria le argumentó que la columnista “no es trabajadora de la CEAPP” y que su intervención solo aplica para el personal interno. Frente a ello, Núñez Hernández recalcó que “al parecer la titular desconoce la normatividad y la ley que regulan su cargo”, lo que demuestra —dijo— “es lo que sucede cuando se colocan en puestos de relevancia a personas sin experiencia ni capacidad para cumplir sus funciones”.
“La Unidad de Género no tiene como finalidad exclusiva atender a las mujeres que laboran dentro de la institución. Su función es transversal: debe garantizar la igualdad sustantiva, la no discriminación y la atención integral en casos de violencia, sin limitarse a la esfera interna de la Comisión”, puntualizó.
No es un caso aislado
Cabe recordar que no se trata de un hecho aislado. La también columnista Claudia Guerrero Martínez interpuso una denuncia por daño moral y extorsión en contra del periodista y actual comisionado de la CEAPP, Pablo Jair Ortega, así como de José Ortiz Medina, señalando que ambos utilizaron sus espacios de comunicación para atacarla, acusándola de delitos inexistentes y buscando destruir su reputación. Este antecedente evidencia cómo la CEAPP ha permitido que algunos de sus integrantes, lejos de velar por la protección de la prensa, empleen su posición institucional y sus tribunas mediáticas como armas para perseguir y desacreditar a periodistas críticos del régimen estatal.
El secretario ejecutivo de la CEAPP no puede mantenerse omiso frente a denuncias que involucran a uno de sus comisionados, en este caso Pablo Jair Ortega, señalado públicamente y en instancias legales por utilizar su posición e influencia mediática para hostigar, difamar y desacreditar a periodistas críticos del régimen estatal. Su deber legal, conforme a la normatividad que regula a la Comisión, es garantizar la imparcialidad, la legalidad y la finalidad del organismo, lo que implica dar vista al Órgano Interno de Control, informar al Pleno de la CEAPP y promover las medidas necesarias para evitar que un comisionado denunciado continúe utilizando su investidura para violentar derechos fundamentales. Al omitir estas acciones, el secretario ejecutivo incumple con la obligación de proteger a quienes ejercen la libertad de expresión y convierte a la CEAPP en un espacio capturado por intereses políticos y personales.
Lejos de cumplir con esta responsabilidad, el secretario ejecutivo ha optado por encubrir al comisionado denunciado, lo que en los hechos constituye una forma de complicidad institucional. Con esta decisión no solo se protege al presunto agresor, sino que se perpetúa la revictimización de periodistas como Claudia Guerrero Martínez y Silvia Núñez Hernández, quienes, en lugar de encontrar respaldo en el órgano creado para su defensa, enfrentan una segunda agresión: la indiferencia oficial y la omisión deliberada de quienes deberían velar por sus derechos. Tal proceder es muestra de cómo la CEAPP ha renunciado a su misión constitucional y se ha convertido en un aparato que tolera el hostigamiento contra la prensa crítica en Veracruz y se ha puesto a proteger los intereses del gobierno encabezado por Rocío Nahle García.
Una institución capturada
“Si la CEAPP no cumple su razón de ser y se pliega a intereses políticos, se convierte en un aparato represivo más, contrario a lo que la Constitución y la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ordenan”.
Tilular de la OIC, Hugo Castillo Ortega
Encargada de la Unidad de Género, Rocío Adriana de la Barreda Hernández
