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Por Rebeca Solano
Un grupo de mensajes difundidos en redes sociales y grupos de mensajería instantánea ha encendido las alertas sobre el proceso de designación de jueces en México, particularmente en el ámbito de ejecución penal. En una captura de pantalla compartida este lunes, se evidencia cómo integrantes de un grupo llamado “Ejecución penal en México” comentan abiertamente que una persona fue seleccionada como jueza mediante un mecanismo informal, y ahora busca material de estudio porque “quiere ponerse a estudiar”.
La conversación comienza con una solicitud genérica: “¿Tendrán algo de ejecución?”, a lo que otro miembro pregunta qué tema específico se necesita. La respuesta resulta reveladora: “Lo que pasa que una amiguita quedó de juez de la ciudad y quiere ponerse a estudiar”.
El intercambio ha sido interpretado como evidencia de que las recientes designaciones de jueces, lejos de estar sustentadas en méritos, experiencia o formación especializada, estarían basadas en procesos improvisados, incluso con indicios de favoritismo o cuoteo político. Algunos usuarios ya lo han calificado como “el acordeón de tómbola”, en alusión a un sistema de reparto de cargos disfrazado de concurso público.
En respuesta a la petición de materiales, un participante comenta que “son muchos temas en ejecución”, mientras otro pide precisar: “¿Cualquier ejecución, penal?”. Esta banalización del acceso al cargo judicial ha generado indignación entre juristas, académicos y organizaciones que defienden la independencia judicial.
Un sistema descompuesto
En los últimos meses, la Comisión de Carrera Judicial y órganos locales han enfrentado crecientes cuestionamientos por la forma en que se han realizado nombramientos de jueces y magistrados, muchos de los cuales llegan al cargo sin experiencia en la materia, con vínculos partidistas o tras procesos opacos. A pesar de los discursos oficiales sobre profesionalización, el contenido de estas conversaciones confirma lo que muchos actores del sistema ya sospechaban: las plazas judiciales se están repartiendo por relaciones personales o políticas, y no por capacidades comprobadas.
Organizaciones como México Evalúa y TOJIL han denunciado anteriormente que las reformas judiciales promovidas por el actual Gobierno han debilitado los filtros técnicos y favorecido el control político de los nombramientos. Esta nueva evidencia parecería darles la razón.
¿Qué hay detrás del mensaje?
Aunque los nombres y números han sido cubiertos en la imagen difundida, la naturaleza del grupo y el contexto de los mensajes sugieren que podría tratarse de funcionarios, operadores jurídicos o personas cercanas al ámbito judicial. La referencia a que la “amiguita” ya “quedó de juez de la ciudad” apunta a que el nombramiento ya se realizó, y que apenas ahora se buscaría capacitar a la persona designada, lo que pone en duda la idoneidad del perfil.
Este caso se suma a una creciente serie de evidencias sobre el deterioro de la carrera judicial en el país, y deja abiertas preguntas urgentes: ¿Cuántos jueces más llegaron al cargo sin preparación? ¿Quiénes están detrás de estas designaciones? ¿Y quién se beneficia de un Poder Judicial débil, improvisado o cooptado?
