Por Silvia Núñez Hernández
Es verdaderamente alarmante el grado de soberbia con el que se conduce el poder en Veracruz. Un gobierno que cree que sus gobernados están obligados a soportar la indolencia, la indiferencia y el abuso como si fuera un mandato divino.
El ejemplo más reciente se vivió en el Malecón de Veracruz, donde el profesor Juan Miguel Ríos Andrade se encadenó junto a su perro Rocky para exigir a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) el pago de más de dos millones de pesos por concepto de seguro de invalidez. Un derecho adquirido, reconocido por ley, y que desde el pasado 29 de septiembre debió haberse hecho efectivo.
El maestro no pide limosna: reclama lo que le corresponde tras un accidente ocurrido en 2021 que lo llevó a someterse a 11 cirugías para salvar su pierna. Hoy, al borde de iniciar una huelga de hambre, se expone al escarnio público porque la autoridad decidió incumplir su obligación. Y lo hace justo un día antes de la visita presidencial, porque parece que en este estado solo con actos de desesperación se logra arrancar un mínimo de atención.
Mientras tanto, en Xalapa, los maestros jubilados y pensionados son reprimidos con antimotines cuando exigen el pago de seguros institucionales que suman ya 648 millones de pesos en adeudos. Se trata de una constante: ningunear al magisterio, someterlo con la fuerza pública y condenarlo a mendigar lo que por justicia les pertenece.
En este desastre, surge un nombre que se ha convertido en sinónimo de corrupción y lastre administrativo: Claudia Tello. La funcionaria ha hecho de la SEV una maquinaria de favores y chantajes. En todas las dependencias que administra, pretende que los trabajadores sindicalizados carguen con programas educativos sin recibir compensación alguna, ofreciéndoles a cambio “permisos” o “favores” dentro de su jornada laboral. Una práctica perversa que, en los hechos, significa ahorrarse millones de pesos que nunca se traducen en beneficio para la educación, sino en lo que muchos sospechan: engrosar cuentas personales.
El dinero existe. Está ahí. Con esos millones que se guardan y manipulan discrecionalmente, la SEV podría cubrir sin problemas lo que reclaman los jubilados y lo que exige el profesor Ríos Andrade. Pero no: a la señora Tello no le da la gana. Prefiere prolongar el sufrimiento de maestros que entregaron su vida a la docencia, mientras se administra la miseria desde la opulencia.
Lo más insultante es el contraste. Los mismos funcionarios que niegan pagos a maestros inválidos o reprimen a pensionados son quienes presumen fortunas inmobiliarias. Rocío Nahle García, la gobernadora, acumula propiedades cuyo valor ha sido estimado en decenas de millones de pesos: casas en fraccionamientos exclusivos como El Dorado, terrenos adquiridos a precios cuestionables, donaciones sospechosas y un patrimonio que, según denuncias documentadas, podría rondar los 100 millones de pesos.
¿Con qué cara un gobierno que nada entre privilegios y propiedades de lujo le niega dos millones de pesos a un maestro que quedó discapacitado cumpliendo con su trabajo? ¿Con qué autoridad moral responde con soberbia a la prensa cuando le cuestionan lo que sucede en los penales o con el magisterio?
En Veracruz se ha normalizado la arrogancia del poder. Se ha instalado la idea de que el ciudadano debe agachar la cabeza y agradecer migajas, mientras la clase gobernante vive rodeada de lujos. Pero hay que decirlo con todas sus letras: no hay nada más peligroso para una sociedad que un gobierno que se siente superior a la gente.
El maestro encadenado en el Malecón es el retrato más claro de lo que este régimen ha hecho con Veracruz: reducir a sus ciudadanos a la humillación pública para reclamar lo que ya les pertenece. Y ese agravio, tarde o temprano, cobrará factura.
