Fiscalía de Orizaba
Por Alberto Mejia
- Ocho meses sin avances en casos de violencia y delitos graves
El acceso a la justicia para víctimas de delitos graves en la región de Orizaba se encuentra prácticamente paralizado, denunciaron litigantes del distrito judicial, quienes alertaron sobre un rezago de al menos ocho meses en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, lo que ha dejado en el limbo legal numerosos casos de violencia familiar, violación y delitos patrimoniales.
De acuerdo con los abogados, carpetas de investigación completas, con periciales, informes médicos y pruebas contundentes, permanecen sin movimiento en fiscalías especializadas como Delitos contra la Mujer y la Familia, Atención Temprana y Delitos contra Adolescentes, sin que se emitan órdenes de aprehensión ni se judicialicen los casos, pese a estar listos para proceder.
“El sistema está detenido; no hay justicia”
Los litigantes señalaron que la raíz del problema es una cadena de mando rota, ya que los fiscales de área no pueden avanzar sin la autorización directa de la fiscal de distrito, Xóchitl Jazmín Strafon Ortiz, quien, aseguran, mantiene bloqueado el flujo de trabajo.
El acceso a la funcionaria, denunciaron, se ha vuelto “prácticamente imposible”, pues su auxiliar, la licenciada Nancy, actúa como “un filtro infranqueable”, decidiendo quién puede o no tener contacto con la fiscal.
“El sistema está detenido. No hay órdenes de aprehensión, no hay judicialización, no hay justicia. Las víctimas están completamente desprotegidas”, afirmaron de forma categórica los abogados inconformes.
Los profesionales del derecho advirtieron que esta parálisis burocrática tiene un alto costo humano, ya que las víctimas que se atreven a denunciar se enfrentan a la inacción institucional, quedando expuestas y revictimizadas. Entre los casos afectados se encuentran sobrevivientes de violación, víctimas de violencia intrafamiliar y personas afectadas por delitos patrimoniales, cuyos expedientes llevan meses sin resolución.
Acusan “crisis operativa” y piden intervención estatal
Como justificación del rezago, la Fiscalía habría argumentado que la fiscal Strafon Ortiz se encuentra ocupada en operativos de cateo, explicación que los abogados calificaron como “insuficiente y fuera de contexto”, ya que el estancamiento se arrastra desde hace más de ocho meses.
Ante esta situación, los litigantes hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para intervenir y atender la crisis operativa que afecta al distrito judicial de Orizaba, con el fin de restablecer el derecho a la justicia para cientos de víctimas que hoy ven frustrado su acceso a una reparación pronta y efectiva.
