Niegan suspensión a diputada de Morena Hilda Araceli Brown
Por Rebeca Solano
Fuentes cercanas al proceso informaron a Uno TV que, hasta el momento, ninguna institución gubernamental ha solicitado el bloqueo definitivo de cuentas bancarias o activos de la diputada de Morena y exalcaldesa de Rosarito, Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo.
Por ahora, solo existe un bloqueo administrativo, considerado un apercibimiento o llamado de atención, sin que implique una acción legal o financiera permanente. El caso continúa en análisis por autoridades judiciales, fiscales y del sistema bancario mexicano, que evalúan la posible publicación de un listado de bloqueo de activos vinculado con personas señaladas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
Sin embargo, las fuentes precisaron que el procedimiento tomará más tiempo, ya que requiere una investigación detallada y coordinación interinstitucional.
Niegan suspensión provisional a Brown Figueredo
Un juez de distrito en Baja California negó la suspensión provisional solicitada por la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas y el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La legisladora promovió un recurso de amparo el 2 de octubre ante el Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Tijuana, reclamando el acuerdo 282/2025, mediante el cual se le integró en dicha lista y se bloquearon cuentas a su nombre en Banco Mercantil del Norte.
El juez Marco Antonio Arreola Herrera determinó que Brown Figueredo no acreditó ser la titular de las cuentas bancarias reclamadas, por lo que “no se advierte que con la ejecución de dicho acto se causen perjuicios en su esfera jurídica”.
“Se niega la suspensión provisional, toda vez que la parte quejosa no exhibió documento alguno del cual se pueda advertir que es titular de las cuentas bancarias cuyo bloqueo reclama”, resolvió el juzgador.
Asimismo, se requirió a la autoridad responsable rendir un informe previo en un plazo de 48 horas, con la advertencia de que, en caso de omisión, “se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión” y podría imponerse una multa de hasta 2,295 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Los señalamientos
A mediados de septiembre, autoridades de Estados Unidos ligaron a Brown Figueredo con “La Mayiza”, una facción del Cártel de Sinaloa, señalándola de facilitar el control del crimen organizado sobre el Ayuntamiento de Rosarito durante su gestión, mediante nombramientos estratégicos, cobro de extorsiones y protección institucional a los hermanos Arzate, operadores del grupo.
En respuesta, la diputada morenista negó las acusaciones y aseguró que no ha recibido ninguna notificación legal relacionada con presuntos vínculos con el cártel o con el bloqueo de sus cuentas bancarias.
“No tengo ninguna sanción del gobierno mexicano ni me han congelado las cuentas”, declaró Brown Figueredo en su defensa pública.
Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación de autoridades mexicanas y estadounidenses, en seguimiento a la lista de personas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta colaboración con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.
