16 de octubre de 2025

Por Silvia Núñez Hernández

Veracruz, Ver., 10 de octubre de 2025, siendo las 10:50 horas. Mi familiar está siendo intervenido quirúrgicamente en un hospital privado, luego de semanas de negligencia, omisión y violencia institucional por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS, ese monstruo burocrático que presume ser garante de la salud pública, se negó —de manera criminal— a brindar la atención médica oportuna. Y no, no fue por falta de recursos: fue por exceso de mediocridad, soberbia y deshumanización.

El 8 de septiembre acepté el alta médica, no por mejoría ni confianza, sino por supervivencia. Porque no se puede permanecer en una institución que violenta, omite y miente. Fue una decisión obligada, una huida del abandono disfrazado de atención. Desde 1994, cada quincena me han retenido religiosamente de mi salario el pago de un servicio médico que no existe, un sistema que se ha convertido en una simulación institucional donde la salud se compra, pero la atención se niega. El IMSS no sólo roba dinero: roba salud, tiempo, dignidad y vida.

Pasaron cuarenta días entre estudios y excusas: tomografías, rayos X, colonoscopias, endoscopias y cápsulas magnéticas que sirvieron únicamente para llenar papeles, justificar sueldos y esconder incompetencias. En todo ese tiempo, nadie fue capaz de establecer un diagnóstico y mientras la salud de mi familiar se deterioraba, el IMSS71 repetía su guion de impunidad. Lo que un proctólogo privado resolvió en menos de dos horas, el sistema público no lo logró en más de un mes. No por falta de tecnología, sino por ausencia absoluta de ética, humanidad y compromiso médico.

Entre los rostros de esa ineficiencia destaca la proctóloga Christian, adscrita al UMAE 14 (Cuauhtémoc), símbolo perfecto de la soberbia y del desprecio con que algunos servidores públicos tratan al paciente. Sin realizar un solo estudio, dictó un diagnóstico “visual”, prescribió un tratamiento completamente ajeno al padecimiento y, con deliberada intención, evitó dejar constancia escrita. Así, el expediente quedó sin diagnóstico, pero con una receta inútil. Eso no es un error médico, es negligencia deliberada, fraude clínico y violación al derecho humano a la salud.

El IMSS71 dejó de ser un hospital para convertirse en un centro de simulación médica, donde la ciencia se suplanta con burocracia, la ética con apatía y la responsabilidad con excusas. Ahí no se cura, se improvisa; no se atiende, se experimenta; y quienes portan la bata blanca lo hacen sin vocación, sin empatía y sin memoria del juramento hipocrático que los obligaba a servir la vida y no a pisotearla. **El problema no es estructural: es moral. El IMSS ha institucionalizado la mediocridad, ha normalizado el sufrimiento y ha degradado la medicina al nivel de trámite administrativo.

Hoy, con recursos propios, he tenido que pagar hospitalización, cirugía, anestesia, medicamentos y recuperación, porque el IMSS carece de humanidad, de vergüenza y de un sentido mínimo de justicia.

Su mentira más grande es decir que no hay insumos: lo que no hay es voluntad. Lo que sobra es desidia, soberbia y corrupción. La saturación es su excusa favorita, la impunidad su escudo y la negligencia su costumbre.

Pero la tragedia no termina ahí. En Veracruz, la podredumbre institucional no se detiene en el IMSS.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), que debería ser refugio para quienes enfrentamos la violencia del Estado, se ha convertido en otro eslabón de ese mismo sistema de encubrimiento y simulación. Mientras el IMSS niega atención médica y vulnera derechos humanos, la CEAPP calla, evade y encubre. Su omisión es su firma, su silencio es su complicidad.

No basta con reconocer a una periodista como víctima: deben garantizarle justicia, representación jurídica, acompañamiento real y medidas efectivas de protección. Y eso la CEAPP no lo hace. Prefiere mirar hacia otro lado, emitir oficios vacíos y justificar su inacción con tecnicismos administrativos. Es un organismo que finge proteger, pero en realidad perpetúa la violencia institucional. El resultado es una cadena de impunidad donde los agresores permanecen intactos y las víctimas cargamos con la doble herida: la del daño y la del abandono.

El IMSS71 y la CEAPP son dos caras del mismo Estado corrupto. Uno abandona a los enfermos; el otro abandona a quienes denuncian. Ambos han renunciado a su deber legal y ético, ambos sostienen la mentira de un país que presume instituciones, pero destruye personas.

La enfermedad del IMSS y de la CEAPP tiene diagnóstico terminal: corrupción, impunidad, simulación y colapso ético. Mientras sigan dirigidas por funcionarios sin conciencia, México seguirá siendo un país donde enfermar o denunciar equivale a una sentencia de abandono.