Por Silvia Núñez Hernández
Poza Rica está otra vez bajo el agua.
Las imágenes son brutales: casas sumergidas hasta el techo, automóviles flotando, familias arrastrando lo poco que quedó de su vida, calles convertidas en ríos, escuelas y comercios destruidos. No hay electricidad, ni agua potable, ni transporte. Solo desolación.
Y lo peor no es la lluvia, sino la memoria: Veracruz vuelve a vivir el desastre que ya conoció en 1999, cuando la apertura de las compuertas del sistema Necaxa, en Puebla, desbordó el río Cazones y arrasó con todo a su paso. Veintiséis años después, la historia se repite con las mismas causas: negligencia institucional, corrupción y una planeación urbana tan criminal como indolente.
- Un desastre anunciado
Durante la primera semana de octubre, lluvias torrenciales cayeron sobre la región norte de Veracruz. En menos de 48 horas, el nivel del río Cazones superó sus márgenes naturales. Colonias completas —Petromex, Arroyo del Maíz, Las Gaviotas, Cazones, 27 de Septiembre, y muchas más— quedaron bajo el agua.
Más de 1,200 viviendas resultaron inundadas; cientos de vehículos fueron pérdida total. Las agencias automotrices reportan daños millonarios y el comercio local quedó paralizado. Las pérdidas materiales todavía no tienen cifra oficial, pero los testimonios bastan para dimensionar la tragedia: hay familias que lo perdieron absolutamente todo.
Y mientras el agua arrasaba con hogares y calles, las autoridades estatales y municipales miraban hacia otro lado, atrapadas en la retórica del “control” y la “prevención” que nunca llega a tiempo.
No hubo alertas efectivas, ni evacuaciones organizadas, ni comunicación clara. Lo que hubo fue desorden, improvisación y abandono.
- Lo que el agua arrastra
En Poza Rica, las inundaciones no solo destruyen paredes, sino rompen la continuidad de la vida.
Quedan pérdidas emocionales, documentos extraviados, medicamentos arruinados, ropa, muebles, recuerdos. Pero sobre todo, la sensación de que cada desastre revela lo mismo: la vulnerabilidad estructural de una ciudad que fue creciendo sin control, sin planeación y con autoridades que solo aparecen para la foto.
El sistema de drenaje colapsó, los canales pluviales no reciben mantenimiento, y las construcciones irregulares en zonas de riesgo siguen siendo toleradas por corrupción o por conveniencia política. Poza Rica es hoy la víctima de un modelo urbano que se inunda solo.
- Lecciones de 1999 que nadie quiso aprender
Cuando en octubre de 1999 se abrieron las compuertas del sistema Necaxa, el agua corrió sin freno hacia el río Cazones. Los municipios de Álamo, Tihuatlán y Poza Rica fueron devastados. Miles de damnificados y pérdidas millonarias marcaron la historia moderna de la región.
Se prometieron reubicaciones, obras hidráulicas, planes preventivos y una reconstrucción “a prueba de desastres”.
Nada de eso se cumplió.
Ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fortaleció sus sistemas de alerta, ni los municipios invirtieron en mantenimiento o drenaje. Dos décadas después, Poza Rica vuelve a estar bajo el agua, víctima del mismo descuido, de la misma burocracia y del mismo olvido.
Hoy, las cifras oficiales hablan de al menos tres personas muertas en el estado de Veracruz, miles de damnificados y daños incalculables en infraestructura. Pero lo que no se contabiliza son las pérdidas humanas en su sentido amplio: el miedo, la pobreza, la desesperanza, la rabia de quienes sienten que su tragedia pudo evitarse.
- Un modelo de abandono
Poza Rica no se hunde por la lluvia. Se hunde por las omisiones acumuladas de todos los gobiernos —federales, estatales y municipales— que usaron la desgracia ajena como discurso de campaña y no como causa de justicia.
Los recursos para prevención de desastres se diluyeron entre promesas, constructoras fantasmas y simulaciones institucionales.
Hoy el colapso no solo es hidráulico, sino moral:
Los ríos desbordados son el espejo de un Estado rebasado, donde las instituciones reaccionan con boletines en lugar de bombas de agua.
El desastre revela una herida más profunda: la pobreza como política de contención.
Quienes viven junto al río no lo hacen por elección, sino porque el sistema les negó otra opción.
Porque en Veracruz, sobrevivir en zona de riesgo es más accesible que comprar un terreno seguro.
Y cuando el agua llega, el Estado se presenta con despensas, pero no con justicia.
- El costo real
Las pérdidas económicas —aún sin calcular— se estiman en cientos de millones de pesos: viviendas inhabitables, comercios destruidos, carreteras colapsadas, cortes eléctricos, contaminación del agua potable y un sistema de salud pública rebasado por enfermedades infecciosas que acompañan cada desastre.
A eso se suma el costo invisible: los niños que no regresarán a clases, los pequeños empresarios que no volverán a abrir, los animales domésticos muertos, los archivos escolares perdidos, las calles convertidas en fango.
- Conclusión
Poza Rica está de nuevo en la lista de las ciudades heridas.
Una más en el mapa de la impunidad climática, donde el desastre no es natural, sino político.
Donde cada gota de agua arrastra la evidencia de que la negligencia cuesta vidas.
La memoria de 1999 no fue suficiente para prevenir 2025.
Y mientras los funcionarios recorren las zonas inundadas prometiendo apoyos, la gente de Poza Rica vuelve a limpiar el lodo de un sistema podrido que jamás se seca.
