Por Alejandro León
En el debate actual sobre el programa de estímulos al desempeño del personal académico (PEDPA) en la Universidad Veracruzana hay una confusión de fondo que conviene despejar con precisión conceptual: ¿qué entendemos por desempeño académico y cómo se relaciona con las funciones sustantivas de la universidad? No es un asunto menor. De su correcta definición dependen no solo los criterios de evaluación, sino la propia orientación institucional de la Universidad Veracruzana como universidad pública.
El desempeño académico no es una categoría abstracta ni intercambiable. Está anclado —o debería estarlo— en las funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y difusión de la cultura. Estas funciones no son equivalentes ni sustituibles entre sí y, sobre todo, no deben confundirse con la función administrativa, que es instrumental, necesaria, pero no sustantiva. Cuando esta distinción se diluye, ocurre lo que hoy observamos: una expansión de criterios de evaluación que incorporan actividades administrativas como si fueran equivalentes al trabajo académico, alterando la lógica misma del sistema de estímulos.
De ahí que un principio básico de equidad institucional sea que los estímulos correspondan al tipo de contratación y a la función académica predominante. No es razonable evaluar con los mismos criterios a quien fue contratado para investigar, a quien fue contratado para enseñar y a quien ocupa temporalmente una función administrativa. Lo justo —y lo técnicamente correcto— es un sistema de desempeño diferenciado, donde cada perfil sea evaluado conforme a la naturaleza de su función sustantiva. Sin embargo, lo que emerge en la estructura universitaria actual es otra cosa: los estímulos asociados a funciones administrativas —sobre todo en los llamados mandos altos— no solo son discrecionales, sino desproporcionadamente altos en comparación con los académicos.
A esta distorsión se suma otra confusión relevante: la relación entre docencia e investigación. Es cierto que la investigación debe vincularse con la docencia; esa es, de hecho, una de las fortalezas del modelo universitario, formar a partir de la generación de conocimiento. Pero vincular no es sustituir. Cuando se obliga a un investigador a incrementar su carga docente más allá de ciertos umbrales, lo que ocurre en los hechos no es integración, sino desplazamiento. La investigación deja de ser viable como actividad sostenida.
Aquí aparece un punto crítico que no puede soslayarse. Una carga académica excesiva —aunque sea por un semestre— no es un ajuste menor, es, en términos operativos, una redefinición del rol. La investigación requiere continuidad, demanda tiempo no fragmentado y depende de procesos acumulativos. Imponer una carga excesiva equivale, en los hechos, a suprimir la figura del investigador de tiempo completo, aunque formalmente se conserve el nombramiento. No se trata de una discusión ideológica, sino funcional: no se puede producir conocimiento bajo condiciones estructurales que lo impiden.
El problema de fondo es más amplio. Cuando se equiparan —o peor aún, se subsumen— funciones sustantivas en lógicas administrativas, se distorsionan los programas de estímulos, se penaliza indirectamente la investigación y se introducen cargas incompatibles con los perfiles académicos. Lo que emerge no es un sistema de evaluación más riguroso, sino una universidad desalineada respecto a su propia misión. Y esto tiene consecuencias profundas en la calidad del conocimiento producido, en la formación de estudiantes y en la posición académica de la institución. Una universidad que deja de distinguir entre sus funciones sustantivas termina por no cumplir adecuadamente ninguna.
En este contexto, resulta inevitable ampliar la discusión hacia la estructura misma de los incentivos. Los sobresueldos y prestaciones adicionales de funcionarios universitarios, que en muchos casos alcanzan montos de cientos de miles de pesos, no solo deberían ser proporcionales y justos respecto de los estímulos académicos, sino que además deberían estar sujetos a resultados. La salida de la Universidad Veracruzana de rankings internacionales, sin que ello tenga consecuencias claras —ni morales ni económicas— para quienes toman decisiones, es un indicador preocupante de esta desconexión entre incentivos y desempeño institucional.
Al final, los criterios que se emplean para otorgar incentivos no son neutrales. Son, en sí mismos, un signo inequívoco del proyecto de universidad que se tiene —o, en su caso, de la ausencia de proyecto. Por eso, esta no es una discusión técnica menor ni un ajuste administrativo más. Es una discusión de fondo sobre qué universidad queremos y bajo qué principios se organiza su vida académica y administrativa.
