Por Héctor Aguilar Camín / CAMBIO 22
La Suprema Corte estableció en estos días un régimen de plena vulnerabilidad para las cuentas bancarias del país. O sea, contra los ahorradores. O sea, si tienes una cuenta bancaria, contra ti.
Otorgó a una dependencia del Ejecutivo, la Unidad de Investigación Financiera, la facultad de congelar cuentas bancarias con el único argumento de que haya “indicios suficientes”, de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La cabeza de MILENIO dando cuenta del hecho es elocuente: “La UIF podrá bloquear cuentas sin una orden judicial, falla la SCJN”.
Toda cuenta que resulte sospechosa para las autoridades hacendarias podrá ser congelada sin trámite por la UIF, bajo el supuesto de la validez de la sospecha de la autoridad, no de la presunción de inocencia del cuentahabiente.
El atraco a las garantías elementales del ahorro y de la propiedad de los cuentahabientes, se presenta como una forma de combatir el lavado de dinero y la delincuencia bancaria.
En los hechos, es un ataque a la seguridad del ahorro de todo cuentahabiente.
Difícil entender por qué la decisión de la Suprema Corte no ha producido ya una protesta de los amenazados, que son todos los cuentahabientes del país y todos los bancos donde están esas cuentas.
Es el mayor ataque potencial a la propiedad que se recuerde en este país, el mayor otorgamiento de facultades dictatoriales al gobierno para intervenir el patrimonio de los millones de clientes normales de los bancos.
Imposible que el gobierno congele todas las cuentas. Pero, a partir de la decisión de la Corte, el gobierno puede congelar cualquier cuenta: la que el gobierno quiera, sin presentar una prueba, algún documento y sin ninguna presunción de inocencia.
Los pasos autorizados son increíbles en su otorgamiento de discrecionalidad al gobierno: Primero se congelan las cuentas bancarias bajo el criterio de la sospecha de la autoridad. Después se procede a probar si la sospecha está fundada, y si el dinero de las cuentas puede volver a su dueño o no.
Hablamos de un poder legal, dictatorial, que no ha tenido ningún gobierno en México: el poder de congelar los ahorros del cuentahabiente que le parezca sospechoso.
¿De veras?
