Arturo Reyes Isidoro / Prosa aprisa
Se escuchó bien el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Miguel Guillermo Pintos Guillén, quien luego de recibir el informe del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado, que señala un presunto daño patrimonial en el último año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por 2 mil 372 millones 867 mil 596 pesos, dijo que no se protegerá a nadie. “Nosotros vamos por la transparencia y la rendición de cuentas, ese es nuestro objetivo”.
Se escuchó bien porque la mayoría de los implicados en las irregularidades detectadas y observadas, exfuncionarios públicos estatales, presidentes municipales en funciones a punto de concluir sus cuatrienios, y otros de organismos paramunicipales, son de Morena, y porque el diputado Pintos Guillén es uno de los hombres más cercanos a la gobernadora Rocío Nahle, lo que hace pensar que ella le dio luz verde para no cubrir con el manto de la impunidad a nadie, así se trate de alguien de su partido.
Si lo anterior es importante, también es destacable el papel central que juega en todo esto la titular del ORFIS, Delia González Cobos, por el trabajo profesional que realizó, que se refleja en el informe que entregó al Congreso, pero además porque hace valer la autonomía del organismo y porque no se ha parado en tratar de justificar y proteger a los partícipes, lo que necesariamente alcanza al exgobernador García Jiménez, quien es responsable por acción o por omisión.
El miércoles, la maestra González Cobos entregó su informe correspondiente a la Cuenta Pública 2024, un documento amplio y suficiente, totalmente documentado, como se puede comprobar en el sitio oficial del ORFIS, donde se pueden consultar los detalles. El balón lo dejó ahora en la cancha del Congreso, que deberá determinar si lo aprueba a más tardar el 31 de este mes, que si lo hace, los entes observados tendrán una última oportunidad para presentar la documentación que cubra y salve las anomalías, porque de otra manera serán denunciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía General del Estado, según el alcance de los ilícitos cometidos.
La fiscalización a fondo, realizada por el órgano, pone al gobierno de Rocío Nahle ante la gran oportunidad de demostrar que sí es diferente, que va a proteger los intereses de los veracruzanos, porque el dinero desviado, mal utilizado o robado es el que pagan los contribuyentes para que se los devuelvan en obras y servicios públicos, y que está decidido a llevar hasta sus últimas consecuencias la consigna de no mentir, no robar y no traicionar que tanto cacarean su partido y el Gobierno federal, porque los involucrados mintieron en sus cuentas públicas, porque robaron, sin duda alguna, y porque traicionaron su causa, que gracias a ellos puede causar un serio tropiezo en las elecciones de 2027.
Rocío está en la misma posición de la línea que ya marcó la presidenta Claudia Sheinbaum de no tolerar la corrupción en su gobierno y en el de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, cuando dio el visto bueno para actuar contra altos mandos navales y funcionarios y exfuncionarios aduaneros ligados a una red que alcanza al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, implicados en el contrabando de combustible para evadir impuestos, mejor conocido como huachicol fiscal. Parece que Nahle ya dio el primer paso para imitarla cuando, seguramente enterada del hallazgo de la Auditora General, Delia González Cobos, no frenó que se hiciera público el informe de la Cuenta Pública 2024, que lleva implícitos nombres y apellidos de los responsables.
Es muy significativo el hecho porque ni ella ni el líder cameral Esteban Bautista Hernández se frenaron al considerar que seguir adelante significaba llevarse entre las patas (para usar una expresión popular) al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien sin duda permitió la mala actuación de sus subordinados, pues, igual que como Adán Augusto López con su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, que comandaba el grupo criminal La Barredora, era imposible que no estuviera informado lo que estaba sucediendo. Desde ahí se tiene que reconocer y aplaudir la decisión de la gobernadora Nahle, aunque no se podrá celebrar nada hasta que no se actúe contra quienes atentaron contra el patrimonio de los veracruzanos y se les obligue a devolver lo que desviaron o robaron.
La auditoría confirmó lo que ya se sabía y que se vino exhibiendo en los medios, que en el gobierno de Cuitláhuac hicieron un cochinero con las obras emblemáticas de su sexenio: la reconstrucción del estadio Luis “Pirata” Fuente en Boca del Río, el Acuario de Veracruz, al que cambió el nombre por Aquarium, y el Nido del Halcón, inmueble deportivo en Xalapa, sin concluir, obras que, no cabe otra explicación, las utilizaron para robar recursos en contubernio con empresarios, para irse forrados al terminar el sexenio. Incluso durante la campaña de la hoy gobernadora, sonó fuerte la versión de que la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente estaba utilizando como pretexto la remodelación del Acuario para desviar recursos diciendo que eran para la campaña.
Otro detalle es que de los 197 ayuntamientos también con daño patrimonial, la mayoría de sus alcaldes son de Morena, por lo que también resulta significativo que desde el palacio de gobierno o la sede del Congreso no hayan buscado proteger a ninguno aunque sean de su partido. En la sede legislativa creen que los presidentes municipales se confiaron y no se pusieron al corriente, no obstante que el ORFIS les advirtió que estaban mal y que debían poner en orden sus cuentas y documentos, porque en la pasada legislatura diputados los protegieron y pensaron que la iba a ser lo mismo con la actual Legislatura.
Las dependencias que causaron presunto daño patrimonial fueron la Secretaría de Educación y Cultura (SEV), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), cuyos titulares fueron, respectivamente, Víctor Vargas Barrientos, impuesto por su antecesor Zenyazen Escobar García, Elio Hernández Gutiérrez, Guillermo Fernández Sánchez, Juan Carlos Contreras Bautista y Evaristo Ovando Ramírez, puros peces gordos, todos cercanos a Cuitláhuac García.
Si se sienta el precedente de que la gobernadora Nahle no decide u ordena proteger a alguno de los ahora implicados, entonces seguramente sus colaboradores pondrán sus barbas a remojar. De ahí la importancia de que respalde el trabajo de la Auditora General, González Cobos.
Sheinbaum encabezará acto de la Armada este sábado en el puerto jarocho
Una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum estará en el puerto este sábado para encabezar el acto por los 204 años del nacimiento de la Armada de México y los 201 años de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. El acto será en la Macroplaza del puerto y la acompañará la gobernadora Rocío Nahle. Se espera un importante mensaje de la titular del Poder Ejecutivo Federal.
