AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Ahora sí. La historia completa, sin atajos y sin anestesia. Con nombres y apellidos, con cargos públicos plenamente identificables, con conductas verificables y con un motivo claro que explica por qué el abuso no fue accidental, sino deliberado. Sin adornos, sin eufemismos y sin el maquillaje administrativo con el que suelen encubrir la arbitrariedad.
Lo que sigue no es una opinión ni una exageración: es la relatoría de cómo se utiliza el poder público para someter, de cómo el parentesco se convierte en licencia para violentar, y de cómo, cuando la autoridad se siente protegida, la ley deja de ser límite y se vuelve estorbo. Aquí no hay malentendidos ni errores de trámite. Hay decisiones conscientes, responsabilidades concretas y una cadena de mando que explica por qué alguien se atrevió a cruzar todas las líneas.
Esta es la historia tal como ocurrió. Y aquí empieza.
En la Supervisión Escolar de Educación Primaria General Zona 017 – Veracruz Locales, Silvia Bautista Peraza no ejerce una autoridad técnica ni pedagógica: ejerce poder por cálculo. Su trato no distingue jerarquías: es prepotente con subordinados, con directores, con maestras y con personal administrativo. Se conduce como si la supervisión fuera propiedad privada, no un encargo público. Ordena, humilla, amenaza y castiga porque cree que puede. Y cree que puede porque se sabe protegida.
Esa protección tiene nombre y cargo: Christopher Couttolenc Ochoa, Director General de Educación Primaria Estatal de la SEV. Desde ese puesto —con control directo sobre la estructura de primaria— intervino para fabricar un procedimiento administrativo inexistente en mi contra. Lo hizo firmando el Oficio de Comisión SEV/SUB-EB/DGEPE/208/2026, con el que habilitó a un tercero para levantar una supuesta acta circunstanciada fraudulenta e indebida, carente de sustento legal.
¿La razón de fondo? El parentesco.
Silvia Bautista Peraza fue cónyuge del hermano de Christopher Couttolenc Ochoa. De esa relación nació Estefanía Couttolenc Bautista, docente adscrita a la Escuela Primaria “José María Morelos”, plantel bajo la supervisión directa de la propia Silvia Bautista Peraza. Aunque hoy exista divorcio, el conflicto de interés subsiste: contamina decisiones, inhibe la imparcialidad y explica la osadía con la que se actuó.
La cadena es clara y verificable:
la Supervisora hostiga y ordena;
el Director General interviene sin excusarse;
la sobrina labora en un plantel bajo esa misma supervisión;
y el sistema guarda silencio.
En ese entorno aparece María del Rosario Pérez Méndez, Asesora Técnico Pedagógica (ATP). No tiene mando, no tiene jerarquía, no tiene facultades para ordenar ni sancionar. Y, aun así, se conduce como autoridad máxima dentro de la supervisión. ¿Por qué? Porque la prepotencia se delega. La asesora manda porque la supervisora lo permite; la supervisora se siente intocable porque el Director General la respalda. Es un micro–feudo donde la forma sustituye al derecho y el miedo reemplaza a la norma.
Ese es el contexto exacto en el que se fabricó dolosamente el procedimiento:
– un citatorio sin folio,
– emitido por Mario Villa Viveros, sin competencia legal,
– “regularizado” después por Christopher Couttolenc Ochoa,
– con el único fin de intimidar, calumniar y violentar a una subordinada.
Aquí no hay errores administrativos. Hay conductas ilícitas.
El Director General Christopher Couttolenc Ochoa incurre en abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público al intervenir con conflicto de interés, no excusarse y habilitar ilegalmente actuaciones.
Silvia Bautista Peraza incurre en tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, hostigamiento y violencia institucional.
Y el andamiaje se sostiene por actuación concertada entre servidores públicos.
Por eso interpuse la ampliación de denuncia ante el Órgano Interno de Control y di vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No para dramatizar, sino para documentar el funcionamiento de un engranaje viciado: parentesco, poder, encubrimiento y abuso.
Que quede claro:
Silvia Bautista Peraza no es valiente; actúa a la sombra del respaldo.
María del Rosario Pérez Méndez no es autoridad; usurpa trato y mando.
Christopher Couttolenc Ochoa no es imparcial; intervino donde debía abstenerse.
Son funcionarios usando el Estado para ajustar cuentas, convencidos de que el apellido y el cargo los hacen intocables. Y eso, con rigor jurídico, tiene nombre: corrupción.
