AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Hay decisiones que no se esconden: se firman, se publican y se ejecutan con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Lo que acaba de hacer Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre no es una reestructura administrativa, ni un ajuste técnico, ni una medida de eficiencia institucional. Es, en términos claros, una redefinición del modelo de impunidad en Veracruz. Y lo más grave no es que exista corrupción —eso ya lo sabemos—, sino que ahora se está reorganizando el aparato del Estado para protegerla.
Porque hay que decirlo como es: no eliminó una fiscalía cualquiera, eliminó la instancia especializada en investigar a servidores públicos por actos de corrupción. Y lo hizo no cuando los casos habían concluido, no cuando la función estaba agotada, sino cuando ella misma reconoce que existen investigaciones pendientes. Es decir, cuando todavía había expedientes abiertos que podían comprometer responsabilidades.
Eso no es cerrar un ciclo. Eso es intervenirlo.
Y aquí es donde debemos comprender —sin ingenuidad— lo que realmente está ocurriendo. Cuando se desaparece una fiscalía especializada, no solo desaparece una oficina; desaparece un modelo de trabajo, una lógica de investigación, una acumulación de conocimiento técnico sobre casos complejos. Lo que queda en su lugar no es equivalente: es un esquema donde las carpetas se dispersan, donde la continuidad se rompe y donde la decisión sobre qué investigar —y cómo— se concentra en una sola titularidad.
Eso tiene nombre: control.
Pero no un control administrativo inocuo, sino un control funcional sobre la justicia. Porque a partir de ahora, las investigaciones por corrupción ya no estarán en manos de una estructura especializada, sino sujetas a la asignación directa. Y cuando la asignación depende de voluntad, la justicia deja de ser un proceso y se convierte en una posibilidad… o en una amenaza que puede ser neutralizada.
Aquí es donde la regresión se vuelve evidente. No solo se retrocede en términos institucionales, se revierte el sentido mismo de la persecución penal en materia de corrupción. En lugar de fortalecer los mecanismos para investigar a quienes ejercen el poder, se desmantelan. En lugar de blindar la independencia técnica, se sustituye por discrecionalidad. Y en lugar de garantizar resultados, se abre la puerta a la dilación estructural.
Porque no nos equivoquemos: cuando una investigación pierde continuidad, cuando cambia de manos sin control, cuando se fragmenta entre distintas áreas, lo que se afecta no es la forma… es el fondo. Se debilita la prueba, se diluye la responsabilidad y, en muchos casos, se construye el camino perfecto para que el expediente no llegue a ningún lado.
Eso es impunidad. Pero no la impunidad burda, sino la impunidad diseñada.
Y frente a eso, la ciudadanía tiene que entender algo que resulta incómodo pero indispensable: el sistema no se va a corregir solo. Si alguien hoy tiene una denuncia, una carpeta de investigación, un señalamiento contra un servidor público y empieza a notar que la fiscalía no avanza, que “revisa” pero no actúa, que pide tiempo pero no ejecuta, entonces no está frente a una simple carga de trabajo… está frente a los efectos de esta decisión.
Ahí es donde entra la defensa, no contra el discurso del acuerdo, sino contra sus consecuencias. Porque el Juicio de amparo en México no sirve para quejarse del decreto en abstracto, pero sí para obligar a la autoridad a investigar cuando está dejando de hacerlo. Y eso cambia completamente el terreno: ya no se discute si la fiscalía puede reorganizarse, sino si esa reorganización está generando impunidad en un caso concreto.
Por eso hay que decirlo con toda claridad: si la carpeta no avanza, si las diligencias no se practican, si la investigación se estanca después de esta “reestructura”, hay que documentarlo todo. Cada omisión, cada silencio, cada simulación. Porque eso es lo que permite llevar el caso a sede constitucional y exhibir que esta decisión no es neutra, sino que tiene efectos directos en el derecho de acceso a la justicia.
Y cuando esos efectos se multiplican, lo que se empieza a evidenciar no es una falla aislada, sino un patrón.
Un patrón donde la corrupción no solo existe, sino que se protege desde el diseño institucional.
Lo demás —como siempre— será discurso.
Pero el acuerdo ya está firmado. Y la impunidad, ahora, también.
