Por Silvia Núñez Hernández
El día de ayer interpuse formalmente una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), organismo que —lejos de garantizar protección y asesoría jurídica como lo ordena su ley— ha actuado sistemáticamente en mi contra. Denuncié que, pese a notificar actos constantes que ponen en riesgo mi esfera jurídica y profesional como periodista, la CEAPP me negó la representación legal y la protección a la que tengo derecho. No detallaré públicamente los mecanismos de protección solicitados —por razones obvias de seguridad—, pero sí dejaré claro que esa negativa pone en evidencia un patrón de omisión y revictimización institucional.
Tanto el actual titular del área ejecutiva como el presidente del organismo, han sido omisos, inoperantes y selectivos. La CEAPP opera con sesgos personales y políticos, y ha dejado de cumplir con sus funciones constitucionales.
Espero, sin ingenuidad, que Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no intente nuevamente lo que ya ha hecho en tres ocasiones anteriores: desechar mis quejas contra la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a pesar de estar sustentadas en violencia institucional y revictimización. Por esos actos de omisión he promovido un amparo indirecto en su contra, pues lejos de ser garante de derechos humanos, Namiko ha demostrado ser operadora de impunidad y obstáculo para las víctimas, sobre todo cuando los agresores están protegidos por el aparato gubernamental.
La denuncia de Claudia Guerrero y la vergonzosa pasividad de la CEAPP
El pasado 31 de julio se hizo pública una denuncia por daño moral y extorsión en contra de José Ortiz Medina(director de Versiones) y Pablo Jair Ortega Díaz, actual comisionado de la CEAPP. La periodista Claudia Guerrero Martínez presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, documentando que ambos personajes, de manera reiterada, le han exigido pagos a empresarios a cambio de retirar notas perjudiciales, además de realizar ataques personales contra ella, utilizando términos denigrantes con el fin de destruir su reputación.
Ortiz Medina habría exigido 80 mil pesos, bajo amenaza de intensificar los ataques mediáticos si no se realizaba el pago. En los audios presentados como prueba, incluso se menciona a Claudia Guerrero como blanco de chantaje anterior, llegando a referirse a ella con calificativos misóginos e injuriosos.
Y aquí viene el verdadero escándalo: uno de los denunciados, Pablo Jair Ortega, no solo ha sido periodista a sueldo, sino que actualmente es comisionado del organismo que tiene por mandato proteger a periodistas, lo cual viola flagrantemente el principio de imparcialidad y neutralidad que debe observar un servidor público. Pablo Jair ha usado su posición como comisionado para atacar a periodistas críticos, como lo ha hecho desde su decadente trinchera editorial.
Hasta ahora, la CEAPP no ha iniciado ningún proceso público para separarlo del cargo, ni ha emitido una postura institucional clara. Esto confirma el colapso ético del organismo: uno de sus comisionados está en el ojo del huracán, denunciado penalmente, y la institución que debería velar por la libertad de expresión lo encubre y lo protege.
El reglamento de la CEAPP establece con claridad la obligación de actuar con imparcialidad y abstenerse de cualquier conducta que comprometa su neutralidad. Hoy, con uno de sus integrantes señalado por extorsión y violencia institucional, la CEAPP debería estar exigiendo su separación inmediata, no blindándolo desde el silencio.
Esaú Valencia: la salida por la puerta de atrás
El desplazamiento de Esaú Valencia Heredia de la jefatura de Comunicación Social del Congreso del Estado no es ninguna sorpresa. Se sabía que nunca contó con la confianza de Rocío Nahle, y que su presencia solo respondía a cuotas políticas temporales.
Su retiro se formalizará entre el 31 de julio y el 10 de agosto, pero se va con beneficios acumulados: convenios jugosos con su portal “Cambio Digital”, alimentados con recursos de la Junta de Coordinación Política. Esaú, bajo la sombra protectora del diputado Esteban Bautista, tejió una red de convenios con medios afines y con actores vetados por la campaña de Morena. Permitió que Héctor Yunes Landa tuviera más visibilidad que muchos diputados morenistas, traicionando abiertamente la narrativa del proyecto de la actual administración.
Su salida es un reacomodo, pero no representa justicia ni transparencia, porque quienes le protegieron —y se beneficiaron de su presencia— siguen operando en la impunidad institucional.
La CEAPP, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otros órganos de “protección” en Veracruz han sido cooptados por intereses políticos, nepotismo y venganzas personales. Hoy son estructuras secuestradas, que no protegen periodistas ni víctimas, sino que se utilizan para blindar agresores, castigar críticos y premiar a los serviles.
La permanencia de Pablo Jair como comisionado después de haber sido denunciado penalmente por dañar a una periodista, es una afrenta a todo el gremio, y su silencio institucional es cómplice. La omisión de Namiko Matzumoto ante actos reiterados de violencia institucional no solo es inadmisible, es criminalmente permisiva.
Y mientras ellos juegan al poder, las y los periodistas seguimos desprotegidos, desamparados y perseguidos. Pero al menos, no en silencio.
