AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
La destitución de Ramón Santos Navarro de la Contraloría General del Estado no fue un movimiento administrativo menor ni un simple relevo de escritorio. Fue una remoción que sacude la estructura de control interno del gobierno estatal y que obliga a revisar no sólo nombres, sino prácticas, omisiones y complicidades. Cuando cae quien encabezaba el órgano encargado de vigilar la legalidad del ejercicio público, la pregunta no es quién llega, sino qué se destapa.
Ramón Santos Navarro representa, para muchos dentro y fuera de la administración, una figura profundamente cuestionada. No por rumores aislados, sino por la percepción reiterada de que desde la Contraloría se toleraban —o al menos no se corregían— abusos que víctimas denunciaban en dependencias clave como la SEV, la CEDH y la CEEAIV. El órgano que debía auditar, investigar y sancionar terminó convertido, según múltiples señalamientos, en un muro de contención para que nada escalara.
Pero el paquete no está completo si se omite a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), que hoy opera como ejemplo perfecto del mecanismo al revés: una comisión creada para proteger al gremio, convertida —según denuncias y quejas presentadas— en una trinchera institucional para proteger a la patrona, Rocío Nahle García, y para administrar el “control de daños” cuando el periodismo incomoda. Y lo más grave: pese a que existen quejas ante el Órgano Interno de Control por la forma en que la CEAPP pisa su deber legal, la lógica que se percibe es la misma: la fiscalización termina funcionando como blindaje, y no como corrección.
En esa ecuación, la Contraloría no aparece como árbitro, sino como paraguas. Un paraguas que cubre chicanadas, dilaciones, simulaciones y el desgaste administrado contra quienes se atreven a señalar inmoralidades. Porque cuando el sistema entiende que castigar al denunciante es más rentable que corregir al funcionario, el resultado no es gobernabilidad: es impunidad con membrete.
Tengo conocimiento directo de al menos cinco denuncias presentadas ante la propia Contraloría del Estado relacionadas con actuaciones de estas instancias, incluidas dos que, en teoría, deberían ser garantes de derechos humanos. La paradoja es brutal: víctimas denunciando a organismos creados para protegerlas, y el ente fiscalizador sin resolver de fondo. Cuando la autoridad de control guarda silencio frente a presuntas violaciones sistemáticas, el silencio se convierte en mensaje institucional.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo la titularidad de Minerva Regina Pérez López, las quejas por revictimización no son aisladas. Se señala la implementación de prácticas que, lejos de tutelar derechos, prolongan el desgaste de quienes acuden buscando protección. El nombre de Jacqueline Sánchez Jardines, titular del área de Víctimas, aparece constantemente en relatos de trato insensible y procedimientos que terminan por desgastar emocional y jurídicamente a quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad. La ley y el reglamento no son decorativos; su incumplimiento reiterado no puede normalizarse.
En la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, bajo la conducción de Namiko Matzumoto Benítez, las inquietudes giran en torno al manejo del fideicomiso destinado a la reparación del daño. Las víctimas registradas no reciben favores, reciben lo que la ley les reconoce como derecho. Sin embargo, en los pasillos circulan versiones delicadas: que para liberar apoyos millonarios se exige un porcentaje. Se habla de prácticas heredadas, de inercias que sobreviven a los cambios de administración. Si algo de eso resulta cierto, no estamos ante irregularidades menores, sino ante un esquema que convierte la reparación del daño en botín.
Y en el ámbito periodístico, el caso de Fernanda de Luna Ferral exhibe el tamaño del problema: si la SSP retira de forma ilegal un esquema de protección que deriva del Mecanismo Federal de Protección, y el ecosistema estatal que debería reaccionar —CEAPP y órganos de control incluidos— opta por la parsimonia, la omisión o la burocracia como coartada, entonces no estamos ante fallas técnicas. Estamos ante un patrón: cuando la víctima es periodista y el riesgo es real, la institución administra el expediente en lugar de proteger la vida.
La llegada de Bárbara Galindo a la titularidad de la Contraloría abre, en teoría, la posibilidad de una revisión real. Se anticipan salidas en áreas sustantivas como Fiscalización y Responsabilidades Administrativas; se habla de expedientes que prescribieron —más de doscientos— sin resolución de fondo. Jurídicamente, una prescripción masiva no es un descuido técnico: es negligencia grave o una omisión que favorece la impunidad. En cualquiera de los escenarios, hay responsabilidades que deslindar.
Si la nueva encargada de la Contraloría realmente pretende marcar distancia con la etapa anterior, el primer paso no puede ser mediático. No esperamos que sólo vengan a hacer como que le hacen al cuento. Si es tan eficiente como presume Rocío Nahle García —y tanta exaltación pública siempre despierta sospechas razonables— entonces lo que corresponde no es protección política ni continuidad disfrazada de cambio. Lo que queremos ver es algo muy concreto: que esos malos servidores públicos que violan la ley de manera sistemática, a lo ancho y largo de las instituciones, no sólo sean removidos del cargo, sino sancionados conforme a derecho.
Destitución sin consecuencia es simulación. Lo que se exige es responsabilidad administrativa, resarcimiento cuando corresponda y, en los casos graves, inhabilitación ejemplar. Veinte años lejos de la función pública no sería un exceso; sería una señal clara de que el servicio público no es refugio para quien traiciona la ley ni para quien lucra con el dolor de víctimas o con la vulnerabilidad de periodistas.
Porque si la caja negra se abre, debe abrirse completa. Y si la Contraloría quiere recuperar credibilidad, no bastará con cambiar nombres en la puerta. Tendrá que demostrar, expediente por expediente, que en Veracruz la legalidad no es discurso, es consecuencia.
