Por Silvia Núñez Hernández
El nuevo reordenamiento vehicular incluido por el gobierno de Rocío Nahle García dentro del Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2026 no es una medida administrativa.
Es un acto de abuso de poder, una exacción ilegal disfrazada de política pública, y una agresión directa a la economía de los veracruzanos.
El documento enviado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) al Congreso del Estado proyecta ingresos locales por concepto de canje de placas para vehículos particulares y del transporte público. No existe justificación técnica, ni estudio de seguridad, ni diagnóstico ambiental que sustente la medida.
Solo la intención de seguir extrayendo dinero de los ciudadanos, bajo un gobierno que ha confundido la administración pública con su patrimonio personal.
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda contribución debe ser proporcional y equitativa, además de tener una finalidad pública justificada.
El artículo 134 dispone que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los fines a los que estén destinados.
El reemplacamiento no cumple con ninguno de estos requisitos: no tiene fundamento técnico, no se explica su destino financiero y se impone sin equidad.
Es un cobro arbitrario que viola el principio de legalidad tributaria.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 57, tipifica el abuso de funciones como falta grave de los servidores públicos que, valiéndose de sus atribuciones, realizan actos arbitrarios que generan beneficios personales o perjuicios a la ciudadanía.
Asimismo, su artículo 54 sanciona el desvío de recursos públicos cuando se autorizan o destinan para fines distintos a los previstos en la ley o se pagan remuneraciones fuera de los tabuladores autorizados.
Y eso es exactamente lo que ocurre cuando una autoridad utiliza sus facultades legales para un propósito distinto al establecido por la ley.
En este caso, el control vehicular se utiliza como fuente de financiamiento político, no como medida de orden público.
El gobierno busca ingresos para inflar su nómina y sostener los aumentos salariales que la propia Rocío Nahle se autorizó, sin que exista productividad, transparencia ni austeridad real.
Y ahora, la gobernadora Rocío Nahle García pretende deslindarse de ese aumento, diciendo que “no estaba enterada”.
Pero el decreto está firmado por ella misma, con fecha 31 de octubre de 2025, y con toda la formalidad legal de un documento emitido por el Ejecutivo estatal.
Ahí está su nombre, su rúbrica y su responsabilidad.
Entonces surge la pregunta que ya no puede evitarse:
¿Quién firma un decreto sin leerlo?
¿Una funcionaria distraída o una gobernadora que miente deliberadamente a su pueblo?
¿Cómo por qué mentiría, si la evidencia está impresa con su propia firma y sello?
Negar su aumento no solo es cinismo: es la confirmación de un gobierno que cree que los veracruzanos no leen, no recuerdan y no piensan.
El artículo 109 constitucional prevé sanciones por abuso de autoridad ante actos arbitrarios o contrarios a derecho.
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, estableció en la Tesis 2a./J. 103/2018 (10a.) que:
> “La confianza legítima constituye una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción de la arbitrariedad. La autoridad debe respetar las expectativas razonables que sus actos previos generan en los particulares, impidiendo cambios repentinos que lesionen su situación jurídica sin causa justificada.”
Esa es la realidad jurídica que Rocío Nahle pisotea.
Firmó su propio aumento, firmó el decreto que autoriza un nuevo cobro y, al mismo tiempo, niega haberlo hecho.
Y mientras tanto, obliga a los ciudadanos a pagar más para financiar el exceso del poder.
El reordenamiento vehicular es el símbolo de un régimen que abusa de la fe pública, se burla de la legalidad y se enriquece con el dinero del pueblo.
Por eso, ya no basta con indignarse: hay que actuar.
A pesar de la reforma a la Ley de Amparo publicada en marzo de 2024, la defensa ciudadana sigue abierta.
El llamado amparo colectivo —ahora reconocido como amparo conjunto o con pluralidad de quejosos— continúa siendo una vía legal válida para enfrentar actos generales que afecten de la misma manera a un grupo de personas.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando los actos reclamados impactan idénticamente a varios ciudadanos, pueden promover un solo juicio de amparo, siempre que cada uno firme o autorice expresamente su participación y acredite su interés jurídico.
En este caso, los propietarios y concesionarios de vehículos afectados por el reemplacamiento pueden presentar una misma demanda, con todas sus firmas y comprobantes, para solicitar la suspensión de los efectos del decreto hasta que un juez determine su constitucionalidad.
Veracruz tiene herramientas legales, no necesita sumisión.
El silencio ya no es prudencia: es complicidad.
Y cuando el poder abusa, denunciarlo se convierte en un deber cívico.
El abuso tiene nombre, decreto y firma. Y esa firma, en tinta y cinismo, es la de Rocío Nahle García.
