Presidente Claudia Sheinbaum Pardo y gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García / Internet
Por: Silvia Núñez Hernández
En México ya no gobiernan desde Palacio. Gobiernan desde el pánico. Porque cuando la presidente Claudia Sheinbaum Pardo reclama que Estados Unidos no le da información sobre Ovidio Guzmán, no está defendiendo la soberanía. Está tanteando cuánto saben al norte y a quiénes están dispuestos a llevarse entre las patas.
El 9 de julio de 2025 no será un día cualquiera. Ese día, Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, no comparecerá como criminal, sino como testigo protegido en una corte federal de Illinois. Hablará no para defenderse, sino para incriminar. Bajo juramento. Con pruebas.
Y lo que revele -según fuentes judiciales y de inteligencia- podría involucrar a funcionarios de alto nivel, al ex presidente de la República, a sus hijos, a la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle García, militares, operadores políticos. Porque lo que pasó en Sinaloa no fue una anécdota. Fue una rendición de Estado. Y no olvidarnos del “lavador” de dinero más eficiente que el narcoestado ha tenido de nombre, Alfonso Romo, quién nadie sabe en dónde se encuentra escondido.
Culiacán: el día que el narco humilló a la República
17 de octubre de 2019. Una unidad de élite de la extinta Policía Federal localiza y captura a Ovidio Guzmán López en Culiacán. La operación se ejecuta sin balazos: relámpago, quirúrgica, precisa. Pero ahí termina la eficacia. Lo que sigue es un abismo de omisiones. Durante 45 minutos, los agentes mantienen asegurado al objetivo y solicitan refuerzos. No llegan. La Secretaría de la Defensa Nacional guarda silencio. El CNI (antes CISEN) se repliega. Y el presidente… duda.
Mientras tanto, las milicias del Cártel de Sinaloa reorganizan el infierno: sitian la ciudad, bloquean avenidas, secuestran soldados y amenazan con ejecutar a sus familias. El “cinturón de seguridad” que debía acompañar la operación no aparece. ¿Logística fallida? ¿Falta de coordinación? ¿O algo más?
La extracción —ese procedimiento estándar para trasladar a un objetivo de alto valor a zona segura— nunca se autoriza. Y en lugar del apoyo táctico, llega la instrucción más infame del sexenio: “déjenlo ir.”
El Estado mexicano se arrodilla. Y lo hace públicamente. Ante las cámaras. Ante el país. Y ante el crimen organizado. No fue un error. Fue una decisión. Una decisión tomada en Palacio Nacional, avalada por el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y ejecutada con la anuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien justificó la rendición como un acto de «humanismo». El mensaje fue inequívoco: el gobierno no controla el territorio, y cuando lo intenta, el narco responde… y gana.
Culiacán no fue una derrota táctica. Fue un colapso simbólico del poder civil frente al crimen. Y ese día, el Estado perdió más que a un criminal. Perdió autoridad, legitimidad y dignidad. Ahora, casi seis años después, el mismo Ovidio que fue soltado por miedo está a punto de hablar en una corte federal de Illinois. Y todo indica que no callará.
¿Quién la dio? ¿Por qué?
Lo que Ovidio podría revelar —y ya se insinúa en informes de inteligencia— es que su liberación fue negociada directamente con Palacio. Que el Cártel amenazó con quemar el país si no lo soltaban. Que hubo mensajes cifrados, llamadas con sus hermanos y, peor aún, que advirtieron que si no lo liberaban, contarían cuánto dinero metieron en la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
¿Y qué hizo el gobierno? Cedió. No por humanidad. Por miedo.
Del Culiacanazo a la traición diplomática
Cuatro años después, el gobierno volvió a atraparlo. Pero no por convicción, sino por presión. La extradición de Ovidio a EE.UU. ocurrió el mismo día del Grito de Independencia en 2023. Un símbolo brutal: mientras se gritaba “¡Viva México!”, se entregaba a quien cuatro años antes se había dejado escapar.
Y aún así, hoy Sheinbaum exige que si Ovidio imputa a mexicanos, le manden “las pruebas”. Como si el Departamento de Justicia operara como Notaría Pública de la FGR.
DEA 959: los que sí hicieron la tarea
Desde 2021, el grupo 959 de la DEA -una unidad especial con jurisdicción extraterritorial- infiltró a Los Chapitos. No es un rumor. Es un hecho. Y de ahí salieron grabaciones, documentos, transacciones, nombres. Lo que Washington tiene no es opinión. Es evidencia.
Y por eso les preocupa tanto. Porque si alguien puede detonar un proceso judicial internacional contra miembros del actual régimen no es Ovidio. Es Genaro García Luna.
García Luna no es un narco, pero si un político muy implicado con él. Es un burócrata con memoria, archivos, contratos, grabaciones. Condenado a 38 años, ya no tiene nada que perder. Pero sí puede ganar: venganza y limpieza.
Dicen que negocia con fiscales estadounidenses entregar pruebas que comprometen no sólo a sus exjefes del calderonismo, sino a actores que hoy ocupan secretarías, gubernaturas, embajadas y curules. Su declaración sería la bomba que la DEA no tiene que fabricar. Ya la tienen en discos duros.
Julio César Chávez Jr.: la cortina de humo con guantes
En medio del sismo judicial que se avecina, emerge el escándalo Chávez Jr. como un distractor de manual. El hijo del ídolo, Julio César Chávez Jr., fue detenido en Estados Unidos con armamento de uso exclusivo del Ejército, una acusación grave en cualquier país, pero particularmente llamativa tratándose de alguien que desde hace tiempo cargaba con una orden de aprehensión pendiente en México desde hace dos años. ¿Por qué nunca se ejecutó? ¿Quién lo protegía? ¿A quién le convenía mantenerlo libre?
Quizás la respuesta no está en su prontuario, sino en su linaje. En las fiestas. En las fotos. En los silencios de quienes se codeaban con su padre, “La Leyenda”. Quizás no se trataba solo de omisión, sino de utilidad. Mientras no estorbaba, era intocable. Cuando se convirtió en un posible estorbo, cayó.
Pero lo verdaderamente revelador no es su detención, sino su timing. La noticia se filtra a medios justo cuando Ovidio Guzmán se prepara para hablar como testigo protegido y cuando Genaro García Luna afina su arsenal probatorio desde prisión. En términos de control narrativo, es una jugada perfecta: lanzar un escándalo mediático con sabor a farándula para desviar la atención del juicio que podría involucrar a las entrañas del poder.
¿Coincidencia? Difícil. Demasiado oportuno. Demasiado conveniente. El escándalo Chávez Jr. sirve como cortina de humo para que el juicio de Ovidio y la posible explosión del expediente García Luna no ocupen los encabezados. Porque mientras el público se indigna por un boxeador armado, el verdadero combate se libra en las cortes de EE.UU., y los knockouts que vienen no serán televisados… pero sí históricos.
Los cómplices que gobiernan y las fiscalías que no investigan. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue imputado directamente por El Mayo Zambada en agosto de 2023. ¿Y la FGR? Callada. Sin investigación. Sin carpeta. Protegido por la cercanía con Palacio.
¿Y Sheinbaum? Mientras exige cooperación a EE.UU., no ha exigido una sola carpeta contra su aliado Rocha. Ni ha aclarado los vínculos que se le atribuyen a su entorno con operadores del Cártel. La preferencia por Los Chapitos es ya más que una sospecha: es política exterior.
La gira de Sheinbaum: blindaje, no agradecimiento
En este contexto, la visita de Sheinbaum a Veracruz cobra otra lectura. No fue a agradecer el voto. Fue a operar la respuesta y estrategia de cómo deberá la gobernadora de Veracruz, caminar el tema y los señalamientos. Conversaciones que no se pueden realizar vía telefónica, pues tendrían seguramente una infiltración a medios de comunicación de dicha conversación. Además, vino a blindar a Rocío Nahle, la mujer que operó Dos Bocas y, según testimonios internos, a red de “minidosboquitas intalada en el sur veracruzano, una estructura de refinación paralela alimentada con huachicol y resguardada con impunidad energética.
El problema no es que haya corrupción. El problema es que están nerviosos. Porque si Ovidio canta y García Luna entrega lo que promete, no se cae un gobierno. Se derrumba un régimen. Y Sheinbaum lo sabe.
