Por Silvia Núñez Hernández
Hay instituciones que se desgastan con el tiempo y otras que se corrompen en silencio, pero solo unas cuantas se atreven a exhibir su deterioro en público sin pudor. El Poder Judicial de la Federación lo acaba de hacer: decidió mostrarse como agresor, romper con la narrativa de “equilibrio constitucional” y recordar que, cuando se siente intocable, puede comportarse con la brutalidad de cualquier aparato autoritario. La represión contra juezas y jueces jubilados no solo destruye la fachada de legalidad; revela una estructura que ya no respeta ni a quienes sostuvieron su propia existencia.
Lo ocurrido frente al Órgano de Administración Judicial rebasa la anécdota y entra directamente al terreno de la infamia institucional. Servidores públicos golpeando, empujando y sometiendo a personas juzgadoras retiradas, que protestaban pacíficamente en defensa de sus derechos económicos, es la imagen exacta de un poder que se pudrió por dentro. Muchos quieren reducirlo a un exceso de los guardias o a un mal manejo operativo, pero no: es la escena que ningún Estado democrático puede permitirse, porque simboliza el punto donde un poder constitucional decide emplear la fuerza pública no para proteger, sino para castigar. Aquí no hubo diálogo ni mediación; hubo violencia institucional respaldada por la indiferencia del propio aparato judicial.
El comunicado 26/2025 de la JUFED confirmó lo que los videos ya habían dejado claro: lo ocurrido constituye violencia institucional, una categoría jurídicamente grave que implica abuso de poder, agresión física o simbólica, daño patrimonial y atropello de derechos fundamentales. Que un organismo tan conservador, formado por jueces y magistrados, se atreva a usar esa frase significa que la situación es tan grave, tan evidente y tan sistemática, que ya no pudo maquillarse ni justificarse dentro del propio poder. Este reconocimiento es una alerta nacional: si un órgano judicial denuncia violencia dentro del mismo Poder Judicial, quiere decir que las garantías internas se rompieron.
Y luego está lo que más duele, porque exhibe el cinismo con elegancia jurídica: la UFED señala que hay versiones de que el OAJ está modificando criterios de cálculo de indemnizaciones de manera ilegal. Eso no es una irregularidad contable ni un error de oficina; es una violación abierta al principio de legalidad, al patrimonio de personas servidoras públicas y a la estabilidad económica de quienes por años sostuvieron el sistema de justicia. Jugar con los montos, atrasar pagos, retener recursos, o “reinterpretar criterios” para reducir cantidades equivale a una forma de corrupción administrativa encubierta, disfrazada de trámite burocrático. Y que el mismo Poder Judicial, cuya función es garantizar los derechos de todos, termine vulnerando los derechos de los suyos, pinta un panorama oscuro: la justicia está siendo administrada por un órgano que no respeta la ley que dice defender.
Como si el daño patrimonial no fuera suficiente, el comunicado denuncia una logística absurda, riesgosa y humillante que ha dejado a personas juzgadoras sin ingresos por semanas. Aquellos que viven fuera de la Ciudad de México han tenido que trasladarse hasta la capital, gastar recursos que no tienen, exponerse a riesgos innecesarios y soportar maltratos por parte de un órgano que debería protegerlos. Eso no es ineficiencia; es hostigamiento institucional, una forma refinada de castigo que utiliza el desgaste económico y psicológico para doblegar a quienes se atreven a exigir lo que les corresponde por derecho. Un poder que opera así no está administrando justicia: está administrando miedo.
Pero quizá lo más grave, lo más simbólico y lo más peligroso es el mensaje político que hoy salió a la luz. Si el Poder Judicial se permite golpear a quienes formaron parte de él, entonces no siente respeto por ninguna persona dentro o fuera de sus estructuras. Golpear a jueces jubilados es mandar un mensaje interno para quienes aún trabajan ahí: “calla, no protestes, no cuestiones, no exijas”. Y al mismo tiempo es mandar un mensaje externo a toda la ciudadanía: “si así tratamos a nuestras propias personas juzgadoras, imagina lo que podemos hacer con los ciudadanos comunes que no tienen fuero, ni estabilidad económica, ni conocimiento técnico para defenderse”.
La legitimidad de una institución no muere en un día, pero sí puede fracturarse en un solo acto. Hoy el Poder Judicial dio un paso hacia el precipicio, no porque haya cometido un error, sino porque demostró que está dispuesto a violentar derechos, reprimir protestas y manipular indemnizaciones sin sentir vergüenza, sin asumir responsabilidad y sin mostrar remordimiento. Un poder que se siente capaz de usar la fuerza contra su propio cuerpo interno es un poder que ya no reconoce límites. Y cuando una institución así pierde el respeto a quienes la integran, pierde también el derecho moral a impartir justicia.
México no puede aceptar que el Poder Judicial se comporte como una autoridad agresora, ni puede normalizar que la violencia institucional se utilice como mecanismo de control administrativo. Lo ocurrido no es indignante únicamente para quienes conocen la vida judicial; es un precedente que amenaza a toda persona que en algún momento necesite justicia. Porque un poder que se autoriza a sí mismo a violentar derechos se convierte, inevitablemente, en lo mismo que dice combatir.
Referencias
Comunicado 26/2025, Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2025.
