Por Silvia Núñez Hernández
Aquí no hay espacio para tibiezas, ni para la típica narrativa oficial de “fue un malentendido”, “se revisó el expediente”, “se actuó conforme a protocolo”. En Veracruz esa letanía ya la conocemos: es el lenguaje con el que intentan convertir una decisión peligrosa en un “detalle administrativo”, como si la vida de una periodista —y encima hija de una periodista asesinada— fuera una carpeta más en un escritorio, sujeta al humor del día, a la orden de un superior o a la ocurrencia de un mando que se siente dueño de la ley.
Retirar —o intentar retirar— las medidas de protección a la hija de María Elena Ferral no es una diferencia de criterios administrativos. Es un acto concreto de desprotección que coloca a una persona en vulnerabilidad plena frente a un riesgo que el propio Estado reconoció como ALTO. Y cuando el riesgo es alto, el margen de discrecionalidad se termina. No hay “interpretaciones” que valgan, no hay “puntos aislados” que se puedan escoger como quien recorta un párrafo para justificar lo injustificable. Hay una obligación: proteger.
Y aquí está el punto que Veracruz suele patear como si fuera basura: Fernanda no está pidiendo privilegios ni trato especial. Está exigiendo lo mínimo en un Estado que se dice de derecho: que se cumpla un Plan de Protección vigente, otorgado por el Mecanismo Federal de Protección, con base en una ley federal que no está sujeta al capricho del gobierno estatal, ni a la comodidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública, ni a la política del “a ver si aguanta”.
El gobierno del Estado de Veracruz no puede decidir, por cuenta propia, qué parte del Plan le gusta y cuál no. No puede fragmentarlo, no puede tergiversarlo, no puede “leerlo” de manera aislada para hacerse el listo. No puede modificarlo sin que exista una resolución formal emitida por la Junta de Gobierno del Mecanismo. Si lo hace —y eso es justamente lo que se denuncia— actúa sin competencia. Y en derecho público, actuar sin competencia no es un error técnico: es una violación al principio de legalidad, una forma de abuso institucional, una señal de que en Veracruz siguen creyendo que la ley es un estorbo y que el poder se ejerce como garrote.
Esto no es simbólico: es una vida en riesgo
No estamos hablando de una periodista en abstracto, ni de una “persona beneficiaria” en términos fríos. Estamos hablando de la hija de María Elena Ferral, una periodista asesinada en Veracruz, y eso, en un estado con memoria selectiva, debería ser suficiente para que cualquier autoridad tuviera el mínimo de prudencia. Pero aquí lo que hay es otra cosa: un patrón que ya hemos visto demasiadas veces, donde el Estado no solo falla en prevenir, sino que reduce protección y luego se lava las manos cuando pasa lo inevitable.
El proceso penal por el asesinato de su madre no ha concluido. El autor intelectual sigue prófugo. El contexto de agresiones contra periodistas no es una hipótesis académica ni un discurso de ONG: es una realidad que se cuenta en expedientes, en funerales, en exilios y en silencios forzados. Y cuando el Estado conoce ese contexto, conoce el riesgo y aun así decide retirar o debilitar un esquema de protección vigente sin evaluación técnica actualizada, sin dictamen y sin resolución formal del órgano competente, lo que hace es fabricar condiciones para el daño.
Porque el deber reforzado de protección no es retórico. Es constitucional, es convencional y es práctico: si ya se acreditó el riesgo y el propio aparato estatal lo clasificó como alto, no hay derecho a “bajar la guardia” por comodidad administrativa. Y si a Fernanda le sucede algo después de este retiro arbitrario, la discusión dejará de ser política y se convertirá en responsabilidad institucional directa, con nombres, con cargos y con consecuencias.
Y que no se hagan: en Veracruz son expertos en llegar después de la tragedia para decir “se investigará” y “no habrá impunidad”, como si el problema fuera la investigación posterior y no la prevención que deliberadamente desactivaron.
Fernanda: lo que debes hacer, sin rodeos —y contra quién dirigirlo
Esto no puede quedarse solo en denuncia en redes, aunque sea indispensable exhibirlos. Pero la denuncia pública necesita convertirse en presión jurídica formal, con oficios, acuses, registros y rutas federales, porque el Estado de Veracruz va a operar como siempre: negando, minimizando, pateando tiempos y apostando a que el tema se enfríe.
1. Activa al Mecanismo Federal, por escrito y con carácter urgente.
No una llamada, no un mensaje informal, no “ya me dijeron”. Un escrito donde exijas: confirmación expresa de la vigencia del Plan, precisión sobre si existe o no resolución que modifique el esquema, y requerimiento formal a la autoridad estatal para que restituya de inmediato la medida si no hay modificación legalmente emitida. Aquí lo clave es obligar al Mecanismo a pronunciarse por escrito, porque cuando queda por escrito, el Estado ya no puede jugar con versiones.
2. Exige sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno.
Porque Veracruz se aprovecha de los silencios administrativos. Y una sesión extraordinaria obliga a un pronunciamiento institucional que deje sin margen la simulación. No basta con “vamos a revisarlo”. Se necesita resolución formal y trazabilidad del procedimiento.
3. FEADLE: denuncia federal por interferencia e incumplimiento.
Y aquí va lo que muchos no quieren decir por temor: cuando una autoridad local altera un esquema federal vigente en contexto de riesgo alto, no estamos ante un “asunto interno”. Es materia federal y debe investigarse como tal, porque la desprotección en estos casos no es neutra: produce exposición, facilita agresiones y manda un mensaje de permisividad.
4. Documenta todo como si ya supieras lo que viene.
Fechas, horas, nombres, cargos, oficios, quién notificó, cómo notificó, cuál fue el argumento exacto, qué parte del Plan dijeron usar, y por qué. Veracruz se defiende con lagunas: si no hay registro, inventan. Si hay registro, se acorralan. La diferencia entre un escándalo mediático y una ruta legal efectiva es el expediente.
5. Solicita reevaluación técnica de riesgo, pero con una precisión clave: no para reducir, sino para ratificar el riesgo y blindar la urgencia.
Porque si el riesgo sigue siendo alto —y todo indica que sí—, esa actualización formal destruye la coartada estatal y deja claro que cualquier retiro fue arbitrario.
El mensaje que no se puede normalizar —y la línea roja de Veracruz
Si hoy se normaliza que una autoridad estatal pueda retirar protección federal vigente sin resolución formal, mañana cualquier periodista con medidas podrá quedar a merced de una orden discrecional. Y ese es el verdadero fondo: Veracruz quiere que la protección dependa del control político local, no de una determinación federal técnica. Quiere que la vida de quienes incomodan sea administrable. Quiere que el miedo sea un mecanismo de gobierno.
Eso rompe el diseño del Mecanismo.
Eso vulnera la seguridad jurídica.
Eso confirma el patrón: en Veracruz se pasan la ley por los pies y luego piden que les creamos cuando prometen “cuidar”.
No estamos ante un malentendido. Estamos ante una desprotección frente a un riesgo latente. Y cuando el riesgo es real, la protección no se negocia: se ejecuta.
Fernanda, esto no es una discusión administrativa. Es tu integridad. Es la diferencia entre tener respaldo institucional o quedar sola frente a un contexto que ya mató.
Activa el frente federal. Exige pronunciamiento formal. Obliga a que todo quede por escrito. Porque cuando el Estado sabe del riesgo y aun así desarma la protección, la responsabilidad futura no será difusa. Será directa.
Y en Veracruz, ya basta de jugar a la ruleta rusa con la vida de los periodistas.
