AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Hay una pregunta que no es literaria ni retórica, sino incómoda porque obliga a mirar de frente el grado de descomposición al que puede llegar el ejercicio del poder cuando se normaliza la mentira:
¿qué nivel de deterioro moral debe existir en una persona para mentir con tal cinismo que dé por hecho que la persona difamada aceptará la infamia como una condición natural y guardará silencio?
La pregunta se vuelve aún más grave cuando la mentira deja de ser un dicho cobarde y se convierte en acta. Porque cuando la calumnia se escribe, se imprime y se integra en un procedimiento administrativo, deja de ser un exceso verbal para transformarse en violencia institucional documentada. Ya no es chisme. Ya no es opinión. Es método.
En la Supervisión Escolar 017 ese método tiene nombre y apellidos. Opera desde hace años bajo la coordinación de María del Rosario Pérez Méndez y se legitima con la firma de Silvia Bautista Peraza. Dos servidoras públicas que se reciclan una a la otra en una dinámica tan elemental como corrosiva: una manda sin tener atribuciones legales, la otra firma sin ejercer la función que el cargo le impone. No hay contrapesos, no hay control interno, no hay revisión. Hay una mecánica mínima destinada a producir papeles con apariencia de legalidad y contenido fraudulento.
Aquí no hay confusión de roles ni errores de interpretación. Hay decisiones conscientes. El cargo de Asesora Técnica Pedagógica tiene límites claros: asesorar, acompañar procesos educativos, acudir a planteles cuando se le solicita. Nada de eso incluye dirigir procedimientos administrativos, levantar actas, coordinar comparecencias o fabricar narrativas acusatorias. Sin embargo, María del Rosario Pérez Méndez decidió ocupar un espacio que no le corresponde, ordenar personas, mover piezas, definir discursos y operar sin firmar. Para sostener ese ejercicio ilegítimo necesitó a alguien que pusiera el nombre y la rúbrica. Esa persona existe. Y firma.
Así se completa el esquema: una ordena lo que no puede ordenar; la otra legitima lo que no analiza o no quiere analizar. El resto del personal queda reducido a masa obediente, a engranaje funcional, a comparsa sin criterio propio.
El 23 de enero de 2026: cómo se fabrica un acta ilegal
El viernes 23 de enero de 2026 no se llevó a cabo una comparecencia administrativa en términos legales. Se ejecutó una jornada de desgaste, prolongada y desaseada, con apariencia de procedimiento y fondo de improvisación.
El acto inició a las 12:00 horas sin que se explicara su alcance, sin reglas claras, sin orden, sin conducción técnica. Desde el principio fue evidente que nadie sabía —o nadie quiso saber— cómo dirigir un acto administrativo. No se trataba de un procedimiento complejo; se trataba de un procedimiento mal llevado, sostenido por la incompetencia y la negligencia.
Las horas pasaron sin contenido sustantivo. El tiempo se convirtió en presión. El hambre apareció. El cansancio se acumuló. No hubo pausas formales, no hubo advertencias, no hubo respeto por las condiciones mínimas de quien estaba obligada a permanecer ahí. El desgaste no fue accidental: fue consecuencia directa de una conducción irresponsable.
Fue hasta las 17:38 horas cuando se permitió mi comparecencia. Para entonces la diligencia ya estaba completamente viciada: más de cinco horas de espera innecesaria, agotamiento físico y una atmósfera de desorden absoluto. El registro de lo declarado fue un espectáculo lamentable: escritura lenta, torpe, sin método, sin control técnico. Dos horas completas para asentar lo que cualquier servidor público con formación mínima habría consignado en treinta minutos. No por la complejidad del contenido, sino por la incapacidad absoluta para documentar un acto administrativo.
Y entonces vino el dato que desnuda todo.
Pasadas las 22:00 horas, tras más de diez horas de permanencia forzada, se entregaron las actas. Documentos mal redactados, mal integrados, plagados de errores. Pero el vicio más grave no estaba en la forma, sino en una ausencia imposible de justificar: María del Rosario Pérez Méndez no firmó el acta.
No firmó porque ya no estaba. Se fue. Abandonó el lugar. Dejó el procedimiento inconcluso.
Un acta sin la firma de quien ordenó, operó y dirigió todo el procedimiento no es un descuido administrativo ni una omisión menor. Es la prueba más clara de que ni siquiera quienes fabricaron el documento se atrevieron a asumir su contenido. El acta nació sin cierre, sin responsable y sin autoridad real. Jurídicamente huérfana. Institucionalmente indefendible. Y, sin embargo, Silvia Bautista Peraza estampó su firma, como lo ha hecho tantas veces: sin revisar, sin cuestionar, sin hacerse cargo.
Esto no fue un error aislado.
Fue la manifestación natural de una forma de operar.
Porque en esa supervisión el patrón es reiterado y reconocible: ordenar sin estar, firmar sin hacer y acusar sin probar absolutamente nada.
El acta como delación del propio método
Ese documento no es simplemente irregular. Es ilegal en su estructura. Falla desde su origen y en todo su desarrollo. En él confluyen la incompetencia funcional, la improvisación deliberada, el uso faccioso del procedimiento y la construcción consciente de una narrativa calumniosa sin sustento real.
No hay técnica administrativa porque el acto jamás fue conducido como un procedimiento. Nadie delimitó etapas, nadie explicó alcances, nadie estableció reglas mínimas ni criterios de conducción. La comparecencia no siguió una lógica procesal, sino una lógica de improvisación sostenida por la incompetencia. El tiempo se administró de manera arbitraria, el registro se hizo sin método y la elaboración del acta respondió más al agotamiento que a la veracidad. No se trató de una falla puntual: fue la ausencia total de saber administrativo, de formación y de responsabilidad en el ejercicio del cargo.
No hay debido proceso porque desde el inicio se vulneraron garantías elementales. La dilación injustificada, la permanencia forzada durante más de diez horas, la falta de claridad sobre el objeto del acto, el registro deficiente de lo declarado y la entrega tardía de un documento incompleto configuran un escenario de indefensión material. No hubo equilibrio, no hubo certeza jurídica, no hubo condiciones mínimas para que el acto pudiera considerarse válido. Lo que se escenificó no fue una comparecencia, sino una forma de presión encubierta bajo la apariencia de trámite.
Y no hay cuidado institucional porque nadie se hizo responsable del acto que se estaba produciendo. La principal operadora se retiró sin firmar, la titular estampó su nombre sin revisar, y el documento circuló como si su sola existencia bastara para legitimar el abuso. No hubo revisión, no hubo corrección, no hubo interés por preservar la legalidad del procedimiento ni la dignidad de las personas involucradas. El acta se elaboró como se hacen las cosas cuando la institución ya no se reconoce a sí misma: rápido, mal y con la convicción de que nadie pedirá cuentas.
Eso es lo que quedó escrito ese día. No una acusación sólida, no un procedimiento válido, sino el retrato fiel de una institución que, al renunciar a la técnica, al debido proceso y al cuidado mínimo, terminó exhibiendo la miseria del método con el que pretende gobernar.
Lo que sí hay es una convicción peligrosa y profundamente cínica: la creencia de que el papel basta. Como si imprimir la mentira la volviera verdad. Como si el membrete sustituyera la legalidad. Como si diez horas de desgaste legitimaran un acto que nació torcido y terminó peor.
La calumnia no se limpia con actas. Se delata en ellas. Y cuando el procedimiento es tan burdo, tan mal ejecutado y tan evidentemente viciado, lo único que queda claro no es la acusación, sino la podredumbre del método con el que fue construida.
Las brujas no vuelan: dejan rastro
Lo ocurrido ese día no fue producto de torpezas individuales ni de errores casuales. Fue la expresión de un modelo de abuso sostenido por poder sin control, beneficios indirectos y una red de subordinados que aprendieron que obedecer es más rentable que pensar. En ese esquema, María del Rosario Pérez Méndez dirige sin aparecer y se retira antes de firmar; Silvia Bautista Peraza aparece, firma y carga con la responsabilidad visible. Quien piensa no firma, y quien firma no entiende. Así funcionan las estructuras corruptas más elementales.
La calumnia, en ese contexto, no es un exabrupto. Es una herramienta. Se usa para disciplinar, desplazar y destruir reputaciones. Y cuando se repite, deja huella.
Por eso el acta del 23 de enero de 2026 no es una acusación sólida ni un procedimiento legítimo. Es la huella escrita de una organización informal de poder que opera fuera de la legalidad, que se cree intocable y que, por reiteración, termina exhibiéndose a sí misma.
La calumnia no fue un exceso.
No fue una confusión.
No fue un error de forma.
Fue una decisión consciente, escrita, impresa y mal firmada.
Y al quedar documentada, dejó de ser susurro cobarde para convertirse en prueba de su propia miseria institucional.
