Por Silvia Núñez Hernández
En Veracruz, la educación pública está por enfrentar otro capítulo de improvisación disfrazada de “reordenamiento”. Claudia Tello Espinosa, secretaria de Educación, planea desaparecer antes de diciembre las 12 Delegaciones Regionales de la SEV para concentrar todo el control burocrático en Xalapa.
El argumento suena bonito: “ahorrar gasto, optimizar funciones, eficientar procesos”. Pero detrás de ese discurso se esconde una realidad torpe, autoritaria y profundamente ilegal. Porque lo que Tello vende como modernización, en los hechos, es un golpe directo a los derechos laborales, humanos y sindicales de miles de trabajadores del sector educativo.
Un desastre jurídico anunciado
Si la funcionaria entendiera —aunque fuera con bolitas y palitos— lo que implica alterar el centro de adscripción del personal **federalizado y estatal sindicalizado**, sabría que está por incendiar la SEV con una cascada de demandas, amparos y quejas.
Mover a un trabajador sin su consentimiento, sin fundamento y sin causa legal no es “reordenar”:
es violar la Constitución.
El artículo 123, los apartados A y B, son claros: la estabilidad y la inamovilidad laboral son derechos garantizados.
Y la Ley Federal del Trabajo y la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz lo confirman:
cambiar unilateralmente el lugar de trabajo constituye rescisión injustificada.
En pocas palabras, Claudia Tello no puede mover ni un escritorio sin violar la ley.
Violencia institucional y regresión de derechos
Esta ocurrencia no sólo viola la ley: retrocede décadas en derechos laborales. El Artículo 1° constitucional prohíbe expresamente toda acción regresiva.
Y México ha firmado tratados internacionales —como los Convenios 87 y 98 de la OIT y la Convención Americana de Derechos Humanos— que protegen el derecho a condiciones laborales estables y dignas.
Trasladar personal bajo amenaza o presión es hostigamiento laboral y violencia institucional, sancionable conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su homóloga veracruzana, la Ley 553.
El mensaje que envía la secretaria es claro: “obedece o te quito la plaza”.
Eso no es administración pública; eso es autoritarismo con credencial de Morena.
Los contratos colectivos también son ley
Otro dato que la secretaria ignora: los contratos colectivos son instrumentos legales con fuerza obligatoria.
No son sugerencias ni acuerdos políticos, sino ley entre las partes. Modificar unilateralmente la estructura o la adscripción del personal rompe ese pacto, y convierte al Gobierno del Estado en patrón incumplido.
Si el SNTE y los demás sindicatos avalan esta barbaridad, serán cómplices por omisión. Y cuando lleguen las demandas —porque llegarán— deberán responder ante los tribunales laborales por negligencia, silencio y traición gremial.
Porque en este juego, el que calla también viola derechos.
*Responsabilidad administrativa y penal*
Si Claudia Tello insiste en su “reordenamiento”, enfrentará responsabilidades:
- Abuso de autoridad (artículo 318 del Código Penal de Veracruz).
- Ejercicio indebido del servicio público (artículo 319).
- Coalición de servidores públicos (artículo 321), si actúa en colusión con sindicatos o directivos.
- Discriminación laboral (artículo 330 Bis), por afectar a mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.
A ello se suman denuncias posibles ante el Órgano Interno de Control, la SFP y la CEDH, por violación de derechos humanos y laborales.
Interseccionalidad jurídica: las más afectadas
Desde una mirada interseccional, la medida es cruel y clasista. Golpea con mayor fuerza a mujeres docentes, madres solteras, trabajadoras mayores o con discapacidad, que no pueden simplemente “mudarse” a Xalapa sin perder su red familiar y económica.
En su lógica burocrática, Tello no ve personas: ve nóminas.
Y eso, además de inhumano, es una forma institucionalizada de violencia de género y discriminación laboral.
El silencio que delata
El SNTE y los sindicatos guardan silencio. Un silencio que no es prudencia, sino complicidad.
Su deber es defender el contrato colectivo, las conquistas laborales y la estabilidad del empleo, no aplaudir en silencio las órdenes de la SEV.
La omisión sindical será tan grave como el abuso de autoridad de Tello. Y cuando los maestros comiencen a demandar, los sindicatos tendrán que responder también ante la ley.
El llamado “reordenamiento” es sólo un disfraz. En el fondo, se trata de control político, ahorro mal entendido y centralismo al viejo estilo priista, pero con logotipo guinda.
Porque la ignorancia, cuando se combina con poder, se vuelve peligrosa. Y en Veracruz, la ignorancia de Morena también es atrevida… y costosa.
Si Claudia Tello ejecuta su capricho, los tribunales se llenarán de demandas, la CEDH de quejas y el Gobierno del Estado de Veracruz de laudos millonarios.
Los derechos laborales no se concentran ni se regatean. Se respetan.
Y si a la titular de la SEV le cuesta entenderlo, que lo aprenda en los tribunales.
