Por Silvia Núñez Hernández
En Veracruz, la Secretaría de Educación del Estado se ha convertido en un campo de batalla donde los intereses personales, la corrupción y la improvisación administrativa caminan de la mano. La señora Claudia Tello Espinosa, actual secretaria de Educación, parece más interesada en repetir el manual de destrucción de Morena que en ejercer una política educativa con visión, orden y transparencia.
La Delegación Regional de Veracruz está siendo desmantelada. Ya corrieron a personal de confianza y de contrato, y el edificio funciona prácticamente con respiración asistida. Solo sobreviven los nombramientos de la Delegada, el Administrador y la responsable de Planeación. El resto de las jefaturas de área están ocupadas por encargados, muchos de ellos sin perfil técnico ni capacidad de decisión. Lo que hoy impera en esa oficina es la acefalía institucional, la incertidumbre laboral y, sobre todo, el miedo.
Las cloacas del poder local
Lo que Tello presume como “reorganización” no es más que un reacomodo político y económico. Detrás de las supuestas “limpias” se esconde el colapso de los negocios internos que durante años operaron en la Delegación.
La titular del área jurídica, por ejemplo, vendía —según múltiples testimonios— acompañamientos y asesorías clandestinas no sólo a trabajadores con conflictos laborales, sino también a directores, maestros y padres de familia con problemas administrativos o escolares. Mientras tanto, la jefa de Control Escolar convirtió la emisión de certificados en una industria informal: cada documento tenía precio. Certificados apócrifos, expedientes alterados y gestiones express a cambio de dinero. Corrupción sí hay, y en abundancia. Pero hasta ahora, siempre protegida por los delegados y administradores que cobraban su parte de las regalías.
Ahora que la estructura se tambalea, los que se enriquecieron a la sombra del poder buscan nuevos padrinos. Mientras tanto, la titular de la SEV, fiel al estilo de Morena, prefiere destruir antes que auditar. Porque una auditoría real revelaría el tamaño del fraude, el uso indebido de recursos, y las redes de complicidad entre funcionarios, operadores sindicales y el eterno parásito del SNTE que comercia con plazas administrativas como si fueran boletos de feria.
Nahle, al tanto del desmantelamiento
Sería ingenuo pensar que esta operación ocurre a espaldas de la señora Rocío Nahle García. Todo indica que la zacatecana no solo está enterada, sino involucrada en la maniobra. El espaldarazo público que le dio a Tello Espinosa, pese al rechazo de prácticamente todos los grupos sindicales del magisterio, no fue gratuito. La verdadera pregunta es qué grado de responsabilidad tiene Nahle en la operación del desmantelamiento.
Fuentes internas señalan que el objetivo real es apoderarse de todo lo que huela a “negocio” dentro del sistema educativo: plazas, contratos, certificaciones, movimientos de personal y hasta los convenios administrativos que generan recursos paralelos.
En otras palabras, lo que se vende como “reordenamiento” es, en realidad, la conquista silenciosa de la estructura educativa para convertirla en un botín político y financiero al servicio de la nueva administración.
Las plazas, la nueva moneda del régimen
El plan de fondo es tan claro como perverso. El gobierno pretende liberar plazas sindicales forzando jubilaciones o despidos de quienes no acepten cambios de adscripción a Xalapa. La rebelión apenas empieza, pero ya corre la versión de que buscan presionar a los trabajadores para despojarlos de sus derechos y apropiarse de sus espacios.
El mercado negro de plazas florece a la vista de todos: hay quienes piden hasta 300 mil pesos por una base administrativa. Y en ese entramado también aparecen nombres conocidos. Por ejemplo, el marido de la diputada federal Rosa María Hernández Espejo, beneficiado durante la gestión de la corrupta Diana Santiago Huesca —que ya disfruta de su jubilación en Puebla—, quien obtuvo ilegalmente una plaza de jefe de oficina. Así se perpetúa el modelo de impunidad que la 4T prometió erradicar pero que, en Veracruz, se ha institucionalizado con cinismo.
Destrucción, no transformación
Lo que vive hoy la Delegación Regional de Veracruz es el reflejo exacto de lo que sucede en toda la estructura educativa estatal: un gobierno que no sabe construir, solo sustituir. Sustituir nombres, lealtades y negocios. Y mientras Tello sigue ocupada en colocar a sus incondicionales, la educación pública se hunde entre pleitos sindicales, acoso laboral y corrupción de escritorio.
Dicen que la destrucción también alcanzará a supervisiones y jefaturas de sector. Por eso, personal de Contraloría ya anunció visitas a las zonas escolares para “detectar irregularidades”, cuando en realidad el propósito es abrir más espacios al control político del régimen.
La historia se repite con la misma fórmula de siempre: destruir para dominar, callar para controlar, y prometer mientras todo se desmorona.
La diferencia es que esta vez, el silencio de los trabajadores empieza a romperse. Porque ya entendieron que el desmantelamiento no es reforma: es revancha disfrazada de transformación.
