AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Ayer escribí sobre el plantón que colectivos de víctimas instalaron frente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Veracruz, una protesta que no nació de la improvisación ni del ánimo de confrontar por confrontar, sino del cansancio acumulado de años de abandono institucional. Madres que buscan a sus hijos desaparecidos, familias que siguen esperando respuestas, víctimas que han tenido que aprender a sobrevivir no sólo al delito que las golpeó, sino a un aparato institucional que se supone fue creado para protegerlas y que, con demasiada frecuencia, termina operando exactamente al revés.
Ese plantón, que evidenció públicamente la indignación y el hartazgo de los colectivos, se levantó después de que el Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno del estado de Veracruz, acudiera personalmente a escuchar a las víctimas. Su presencia fue una señal clara de que el conflicto era real y de que algo dentro de esa institución llevaba tiempo descomponiéndose. Porque las víctimas no llegan a instalarse frente a una institución por gusto ni por espectáculo. Llegan cuando se han agotado todas las puertas y lo único que queda es exhibir públicamente el abandono.
Y cuando se revisa quién ha estado al frente de esas instituciones en los últimos años, aparece un nombre que se repite una y otra vez: Namiko Matzumoto Benítez.
No es un detalle menor. Namiko ha transitado por espacios que, en teoría, existen para garantizar derechos humanos y proteger víctimas: la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, la propia Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Veracruz e instancias relacionadas con la protección de periodistas como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Tres instituciones distintas, tres responsabilidades distintas, pero una misma constante que muchas víctimas hemos podido constatar con el paso del tiempo: decisiones marcadas por la frialdad burocrática, la falta de empatía y una preocupante facilidad para convertir la protección de derechos en un trámite administrativo.
No hablo desde la teoría. Hablo desde la experiencia.
Soy periodista, soy defensora de derechos humanos y también soy víctima. Y en las tres instancias mencionadas he tenido que enfrentar situaciones donde el nombre de Namiko Matzumoto Benítez aparece inevitablemente ligado a una misma conducta: la incapacidad —o la negativa deliberada— de actuar con humanidad frente al dolor de las víctimas.
Estoy registrada como víctima desde el año 2021 y durante todo este tiempo jamás había solicitado apoyo alguno a la comisión de víctimas. No soy de quienes convierten estas instituciones en ventanillas permanentes de recursos. He llevado mi proceso con la responsabilidad que implica enfrentar un hecho victimizante y con la conciencia de que estas instituciones existen para situaciones verdaderamente críticas.
Y hubo una situación crítica.
Mi esposo atravesó uno de los episodios más devastadores que puede enfrentar una familia dentro del sistema de salud pública. Permaneció 41 días hospitalizado en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, un episodio que incluso trascendió públicamente y que la sociedad veracruzana conoció. Fueron cuarenta y un días de incertidumbre médica, de desgaste emocional, de diagnósticos que nunca llegaron y de decisiones hospitalarias que terminaron pulverizando la estabilidad de nuestra familia.
Después de ese proceso salimos del hospital prácticamente en el mismo punto en el que habíamos entrado: sin diagnóstico claro y con su estado de salud aún comprometido. Las complicaciones continuaron y mi esposo comenzó a presentar sangrado que requería una intervención quirúrgica urgente.
Fue entonces cuando acudí por escrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Veracruz para solicitar apoyo que permitiera hospitalizarlo y operarlo en un hospital privado debido a la urgencia médica. Lo hice en mi calidad de víctima registrada, porque la legislación en materia de víctimas es clara: la protección del Estado no se limita únicamente a la persona inscrita en un registro administrativo, sino que se extiende a su núcleo familiar y a su esfera jurídica, reconociendo que el daño victimizante impacta también a quienes forman parte de ese entorno inmediato.
Ese es precisamente el deber legal de una comisión de víctimas: garantizar asistencia, apoyo inmediato, atención médica y medidas que protejan la integridad de las víctimas directas e indirectas cuando su vida o su salud se encuentran en riesgo. No es una concesión graciosa de quien encabeza la institución. Es una obligación establecida por la ley.
Sin embargo, Namiko Matzumoto Benítez decidió ignorar ese deber legal.
La respuesta que recibí fue negar el apoyo bajo un argumento tan frío como absurdo: mi esposo no aparecía registrado como víctima en la base de datos de la comisión. Es decir, el derecho que yo estaba ejerciendo como víctima registrada fue desechado bajo una interpretación administrativa que pisotea el espíritu mismo de la legislación en materia de víctimas.
Pero lo verdaderamente indignante vino después. A pesar de conocer el antecedente de los 41 días de hospitalización fallida en el IMSS, la solución que se me ofreció fue canalizar nuevamente a mi esposo al mismo IMSS. Al mismo sistema del que habíamos salido sin diagnóstico, al mismo lugar donde ya habíamos vivido semanas de incertidumbre y desgaste.
Esa respuesta no fue un error administrativo. Fue una demostración brutal de indiferencia. Una decisión tomada desde la comodidad de un escritorio donde la vida de un ser humano parece no representar absolutamente nada.
Lo resolví por mis propios medios. Busqué recursos, moví contactos, encontré la forma de que mi esposo pudiera recibir atención médica. Pero la pregunta que permanece es inevitable: ¿qué habría pasado si yo no hubiera tenido esa posibilidad? ¿Qué habría ocurrido si la vida de mi esposo hubiera dependido exclusivamente de la sensibilidad de la funcionaria que dirige la comisión de víctimas?
Lo que más inquieta no es la negativa burocrática. Lo que verdaderamente alarma es la indolencia. La capacidad de tomar una decisión que puede afectar la vida de una persona sin que parezca existir el más mínimo conflicto moral. Esa frialdad, esa facilidad para causar daño desde una posición de poder institucional, revela una mentalidad profundamente preocupante en alguien cuya responsabilidad es precisamente proteger a quienes han sido vulnerados.
Por eso no sorprende que los colectivos hayan llegado al punto de instalar un plantón frente a la comisión. Las víctimas no protestan por capricho. Protestan cuando descubren que, además de enfrentar a quienes las dañaron, también deben enfrentar a instituciones que se supone deberían protegerlas.
En mi caso, esta conducta no quedó únicamente como una experiencia personal amarga. El 20 de noviembre de 2025 presenté formalmente una denuncia contra Namiko Matzumoto Benítez y contra la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Veracruz ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, porque cuando una funcionaria decide pisotear el deber legal de una institución creada para proteger víctimas, esa conducta debe ser investigada.
Convertirse en víctima en este país no significa únicamente enfrentar al victimario. Significa también atravesar un laberinto institucional donde organismos que se presentan como garantes de derechos humanos —la comisión de víctimas, la comisión de derechos humanos, incluso los mecanismos de protección a periodistas— terminan reproduciendo formas de violencia institucional que agravan el daño.
Ese es el fondo del problema.
Y esa es la razón por la que estas historias deben contarse.
