Namiko Matzumoto Benítez / Internet
Por Silvia Núñez Hernández
Namiko Matzumoto Benítez no es defensora de derechos humanos: es su verdugo con cargo oficial. Una mujer violenta, arribista, pendenciera y vividora que ha hecho de la simulación su estilo de vida. Donde llega, no construye: parasita. Y ahora, con la bendición del reciclaje político de Rocío Nahle, se instala en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) para seguir ordeñando el erario.
Su historia con los colectivos de personas desaparecidas es una muestra de su perversidad. Primero los abrazó, les prometió que con ella alcanzarían justicia, los usó para apuntalar su “segunda vuelta” en la CEDH… y luego los traicionó. Los dejó colgados, invisibilizados, marginados, arrojados literalmente a las cuerdas. Las recomendaciones que esos colectivos arrancaron con lágrimas y protestas quedaron paralizadas en su escritorio. Nunca les dio curso, nunca les cumplió. La estrategia fue clara: desgastarlos, dividirlos y operar en su contra.
El camino de esa traición se puede contar paso a paso. Al inicio de su primera gestión en la Comisión de Derechos Humanos, Namiko se colgó del dolor de los colectivos. Los recibió, los acompañó en mesas públicas, repitió el discurso de que “ellas eran prioridad” y se presentó como su aliada. Poco después, cuando las madres comenzaron a exigir resultados, la misma funcionaria que les daba la mano comenzó a cerrarle la puerta. Las quejas sobre omisiones de la Fiscalía quedaron archivadas. Las recomendaciones más urgentes se frenaron con excusas burocráticas.
Más tarde, en el proceso de reelección para dirigir la CEDH, Namiko regresó a buscarlas. Prometió a los colectivos que con su permanencia podrían alcanzar por fin la justicia. Les pidió respaldo político y lo consiguió. Pero una vez con el cargo asegurado, volvió a mostrar su verdadero rostro: ni una sola recomendación relevante avanzó. Los expedientes se congelaron. Las víctimas que alzaban la voz fueron tratadas como estorbo. Así convirtió en traición lo que antes había usado como bandera.
El golpe más brutal vino después, cuando las madres organizadas reclamaron la falta de apoyo en las búsquedas. En lugar de defenderlas frente a las autoridades estatales, Namiko las marginó y las invisibilizó. Operó directamente contra ellas, buscó dividirlas y dejarlas sin voz en los espacios públicos. Esa fue su política: reducirlas al silencio y al desgaste, arrojarlas contra las cuerdas hasta que desistieran.
Mientras tanto, cultivaba sus alianzas personales con un estilo grotesco: se paseaba por el estado con el titular del Órgano Interno de la CEDH convertido en dama de compañía, exhibiendo la institución como un feudo personal. Hoy su nuevo padrinazgo se llama Ricardo Ahued, con quien tejió la complicidad necesaria para brincarse a la CEEAIV. Y como Morena siempre simula democracia, montaron la farsa de una terna, cuando en realidad la silla ya estaba reservada para ella.
¿Y por qué tanto interés? Muy simple: el fideicomiso. El cofre millonario para las reparaciones de daño a víctimas es el botín perfecto. En los últimos años ha manejado entre 70 y 100 millones de pesos anuales, de los cuales unos 70 millones provienen del Fondo de Reparación Integral (FAARI) destinados a los colectivos de víctimas y sus familias. Dinero que debería ser esperanza para las víctimas, pero que en manos de vividores como Namiko se convierte en negocio redondo: regatear indemnizaciones, repartir migajas y quedarse con el control de la llave.
Las reglas del fideicomiso establecen que el apoyo temporal de atención inmediata —como 2,000 pesos mensuales o gastos funerarios de hasta 15,000 pesos— solo debe otorgarse mientras dure la emergencia. Pero esas reglas pueden ser pretexto para negar, dilatar o revictimizar. Mientras, el dinero sigue bajo control discrecional: si las víctimas no cumplen requisitos, su expediente queda inactivo; si después no son localizadas, los recursos regresan al fideicomiso o se dispersan sin rendición clara de cuentas.
Su paso por la CEAPP fue un desastre. Su gestión en la CEDH, una afrenta: desechó quejas, protegió a violentadores, revictimizó sin pudor. Y ahora, con la venia de Nahle, se acomoda en la CEEAIV para seguir perfeccionando su fórmula: disfrazar la rapiña de “atención a víctimas”.
Namiko no representa justicia, ni derechos humanos, ni empatía. Representa impunidad con cara de funcionaria. Su llegada a la CEEAIV es una condena más para quienes ya cargan con la peor de las tragedias: la desaparición de un ser querido.
En Veracruz, la política de derechos humanos se volvió botín. Y Namiko Matzumoto es la carroñera ideal para administrar el dolor como negocio.
Los carroñeros en la disputa
Namiko no es la única en esta danza macabra. A su sombra aparecen otros dos personajes que completan la carroña institucional.
Christian Carrillo Ríos
Comisionado de la CEEAIV, maestro en revictimizar. Nunca construyó puentes con los colectivos; al contrario, los trató con desdén, como si pedir apoyo fuera un delito. Negó ayudas mínimas de 2 mil pesos mensuales con el pretexto de “faltan documentos”, retrasó pagos de funerales, convirtió cada solicitud en un viacrucis burocrático. Mientras el fideicomiso acumulaba millones, Carrillo se dedicaba a filtrar quién sí y quién no podía acceder. Su frialdad frente al dolor lo pinta de cuerpo entero: un carroñero que hoy pretende la presidencia de la CEDH. No ocupa aún la silla, pero ya estira la mano para agarrarla.
Minerva Regina Pérez López
Secretaria ejecutiva de la CEDH, ahora encargada interina tras la salida de Namiko. No tiene trayectoria ni legitimidad, pero ya se probó la silla y quiere quedarse con ella. Burócrata gris, sin compromiso con las víctimas, representa la continuidad de la misma maquinaria que Namiko perfeccionó: congelar expedientes, proteger agresores, desgastar a colectivos. Su función es clara: mantener caliente la silla mientras se define el reparto de carroña.
La “terna” presentada en el Congreso es puro teatro:
1. Namiko Matzumoto Benítez, la gran trepadora, con historial de traición, omisiones y complicidades.
2. Luis Ángel Rodríguez Lino, operador menor de la CEEAIV, relleno de utilería.
3. Raquel Rivera Sánchez, abogada de bajo perfil, una figurante más para completar la escenografía.
No hay democracia, no hay competencia real. Solo simulación.
Lo que viene es un reacomodo grotesco: Namiko trepada en la CEEAIV con la caja de los millones; Carrillo acechando la CEDH para perpetuar la revictimización; y Minerva jugando a la interina, aferrada a no soltar la silla.
En Veracruz, los derechos humanos no se defienden: se negocian. Y en ese mercado de carroña, las víctimas siguen siendo las grandes ausentes.
