Por Silvia Núñez Hernández
“Estamos hartos de que nos digan que los medicamentos llegarán mañana; los niños con cáncer no pueden esperar más”, denuncian los miembros de la organización Nariz Roja. “Llevamos años marchando y exigiendo lo que es un derecho, y seguimos viendo cómo las promesas se convierten en papel mojado”.
En México, esta denuncia refleja una tragedia mayor: el genocidio silencioso contra niños y adultos con cáncer que ha perdurado por más de siete años. No se trata de errores aislados; se trata de un sistema de salud que falla en lo más básico, donde pacientes son condenados a tratamientos incompletos, medicamentos caducos o de origen dudoso. Cuando un medicamento existe pero no llega al estante del hospital, da lo mismo que exista en otro continente o en Marte: es inútil, y lo inútil, cuando se trata de vidas humanas, es criminal.
La indignación de Nariz Roja no es simbólica. Marcharon, protestaron, denunciaron públicamente, y aun así se encontraron con la indiferencia de funcionarios que intercambian discursos por excusas y campañas de propaganda que nunca llegan a los pacientes. La muerte avanza mientras se organizan conferencias, mesas de trabajo y anuncios de abasto parcial que nunca se concretan.
Lo denunciado por los farmacéuticos en entrevista con Ciro Gómez Leyva destapa otra capa de esta tragedia (Gómez Leyva, 2025). Afirman que ya surtieron medicamentos, que los tienen en sus almacenes, pero que la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar no los distribuyen, supuestamente por saturación y rebaso administrativo. Al mismo tiempo, acusan que el gobierno les debe desde 2021: algunos mencionan 12 mil millones de pesos, otros 40 mil millones. La falta de transparencia convierte en juego de números la vida de miles de pacientes.
El discurso oficial se escuda en la “transición” del Insabi al IMSS-Bienestar (DOF, 2024), como si enfermedades graves como cáncer, leucemia o diabetes pudieran detenerse por una reorganización burocrática. No se detuvieron. Los pacientes murieron. La narrativa de las farmacéuticas tampoco es inocente: “yo surtí, ustedes no reparten” es más una estrategia de presión que un acto de responsabilidad social. La deuda existe, el desabasto también, y tanto gobierno como farmacéuticas parecen más interesados en ganar la guerra de declaraciones que en garantizar la vida de quienes dependen de sus decisiones.
Si esta situación ya fuera insuficiente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2025) coloca a México como líder en muertes por sarampión en América en 2025, con 21 muertes y más de 4,600 casos confirmados, de los cuales más del 70% son menores de edad. Otra vez, los niños pagan el precio de un sistema de salud desordenado, de brechas en vacunación y de planes estratégicos que no se ejecutan. La OPS pide reforzar la inmunización inmediata, pero el país sigue atrapado en ciclos de promesas y retrasos.
En México se muere de cáncer por desabasto, de sarampión por falta de vacunas, de burocracia por deudas con farmacéuticas y de indolencia por un sistema de salud que ni siquiera finge que le importa. Un país donde los almacenes sí están llenos… pero de excusas.
Acciones legales y la intersección jurídica
La intersección jurídica se vuelve crucial: estamos frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos, donde el desabasto de medicamentos y la inacción gubernamental pueden constituir omisión dolosa de un derecho a la vida protegido por tratados internacionales y la Constitución mexicana (Art. 4, derecho a la salud). La acumulación de evidencia —denuncias de Nariz Roja, entrevistas con farmacéuticos, informes de la OPS y el DOF— documenta un patrón que puede ser analizado bajo estándares internacionales como genocidio por omisión, al afectar deliberadamente la vida de grupos vulnerables.
Para quienes buscan denunciar a Claudia Sheinbaum Pardo y a Andrés Manuel López Obrador por estos hechos, existen varias rutas formales en el marco jurídico mexicano e internacional:
1. Denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR): Presentando evidencia documental de desabasto, facturas de medicamentos, informes médicos y testimonios por delitos de omisión o negligencia grave en salud pública.
2. Queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): Para violaciones a derechos humanos, con la posibilidad de emitir recomendaciones vinculantes a autoridades federales y locales.
3. Amparo o juicio de garantías: Contra la omisión del Estado en proveer medicamentos necesarios, exigiendo el cumplimiento de la obligación de proteger la salud de los ciudadanos.
4. Instancias internacionales: Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Penal Internacional (CPI), bajo los criterios de genocidio por omisión o crímenes de lesa humanidad, documentando la afectación sistemática a la vida de poblaciones vulnerables.
El peso de la evidencia es contundente: los niños y adultos con cáncer que murieron o sufrieron daños graves por desabasto no son cifras, son víctimas de decisiones gubernamentales que deben ser judicializadas. La intersección entre derecho, salud pública y derechos humanos ofrece un camino concreto para que la impunidad no siga siendo la norma.
Fuentes:
- Nariz Roja. (2025). Denuncia pública sobre desabasto de medicamentos para niños con cáncer.
- Gómez Leyva, C. (2025). Entrevista a farmacéuticos sobre desabasto y deudas con gobierno.* Radio y televisión.
- Diario Oficial de la Federación (DOF). (2024). Transición del Insabi al IMSS-Bienestar.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2025). Informe sobre sarampión en América Latina.
