Ocho años de persecución: cuando el poder se documenta solo

AGN Veracruz

Por Silvia Núñez Hernández

Hay algo que debe establecerse con precisión desde el inicio: lo que aquí se expone no es un diferendo personal, ni una interpretación subjetiva de hechos aislados. Es el registro documentado de un proceso institucional. Y esa distinción no es menor, porque mientras el poder intenta reducirlo a conflicto, lo que realmente se está construyendo es evidencia. No es una narrativa, es una secuencia verificable; no es una postura, es una acumulación de actos que, al observarse en conjunto, dejan de ser justificables.

Llevo ocho años siendo perseguida por el Estado por ejercer el periodismo y dirigir un medio como AGN Veracruz, una tribuna social que ha incomodado porque ha hecho lo que el poder no tolera: documentar la corrupción de quienes deberían rendir cuentas. En ese tiempo, lo que se ha acumulado no son incidentes sueltos ni decisiones aisladas, sino una cadena consistente de actuaciones institucionales que, por su reiteración, revelan una lógica de operación. Y es precisamente esa continuidad la que impide seguir hablando de errores.

Porque el punto de quiebre no está en el acto individual, sino en su repetición y en su conexión. Cuando decisiones administrativas carecen de sustento legal, cuando las obligaciones institucionales son sistemáticamente ignoradas y cuando los efectos recaen de manera directa sobre derechos previamente reconocidos, ya no estamos frente a interpretaciones distintas: estamos frente a un patrón institucional. No una diferencia de criterios, sino una forma de ejercer el poder.

El poder, sin embargo, necesita fragmentar para sostenerse. Presenta cada acto como independiente, cada omisión como circunstancial y cada afectación como aislada, porque solo así puede diluir responsabilidades. Pero esa fragmentación es artificial. Cuando se integran los elementos, lo que aparece es una estructura donde la ilegalidad no irrumpe de manera excepcional: se repite, se normaliza y termina por institucionalizarse.

Ahí es donde la lectura debe cambiar de manera definitiva. El primer acto puede intentar justificarse como error, el segundo deja de ser casualidad, pero el tercero confirma que estamos frente a una práctica sistemática. En ese punto, la legalidad deja de ser el marco que rige la actuación pública y se convierte en un referente desplazado por la lógica de control, donde lo importante ya no es cumplir la norma, sino sostener el esquema.

Y bajo esa lógica, hay una regla que resulta determinante y que desarma por completo cualquier intento de defensa institucional: cuando una autoridad incumple una obligación previa, cualquier acto posterior queda inevitablemente marcado por ese incumplimiento. No puede analizarse de forma aislada, como si surgiera en condiciones de legalidad, porque no es así. El acto posterior no corrige, no repara ni neutraliza; continúa. Se vuelve parte de una cadena en la que cada decisión se sostiene en la ilegalidad de la anterior.

Frente a esto, el sistema responde como siempre lo ha hecho cuando es exhibido: con simulación. Oficios que aparentan actuación sin resolver el fondo, discursos que diluyen responsabilidades, actuaciones que administran el conflicto para evitar enfrentarlo. Se construye una apariencia de legalidad que, en realidad, funciona como mecanismo de contención. Pero esa simulación no corrige nada. Solo prolonga el problema y protege a quienes lo generaron.

La diferencia, sin embargo, es clara y no admite matices. Una cosa es aparentar cumplimiento y otra muy distinta es ejercerlo. El remedio estructural no está en llenar expedientes, sino en investigar, determinar responsabilidades y generar consecuencias jurídicas reales. Todo lo demás es encubrimiento institucional disfrazado de procedimiento.

Por eso también es necesario establecer otra precisión que el poder intenta desvirtuar: esto no es litigio en redes ni construcción de protagonismo mediático. Aquí hay acciones jurídicas en curso, con rutas claramente definidas. La vía penal ha sido activada para que la autoridad investigue conductas que no pueden quedar impunes, y la vía laboral está en marcha para controvertir actos administrativos que vulneran derechos adquiridos. Se acudió primero al derecho, no a la exposición. Y eso cambia completamente el sentido de lo que está ocurriendo.

En ese contexto, hay una decisión que no es discursiva ni simbólica, sino profundamente estratégica: no dar un paso atrás. Porque el sistema no se sostiene únicamente en la ilegalidad, sino en el desgaste de quien la enfrenta. Fragmenta los casos, diluye los hechos, posterga las resoluciones y apuesta al cansancio. Y es precisamente ahí donde retroceder se convierte en parte del mecanismo, porque no confronta el abuso: lo valida.

Lo que rompe esa lógica no es la confrontación aislada, sino el registro sostenido. Porque cuando los expedientes dejan de estar solos, dejan de ser invisibles. Se conectan, se explican entre sí y revelan relaciones que, vistas por separado, podían permanecer ocultas. En ese momento, lo que parecía un caso individual adquiere otra dimensión: se convierte en precedente y en evidencia de un funcionamiento estructural.

Este espacio no sustituye a la autoridad ni emite resoluciones. Su función es otra: documentar, exponer y dejar constancia. Será la instancia competente la que determine responsabilidades, pero hay algo que ya no puede seguir ocurriendo: que estos procesos se desarrollen en la opacidad, protegidos por la fragmentación y la simulación.

Porque cuando el derecho se ejerce con constancia, con estructura y con evidencia, deja de ser una defensa individual y se convierte en una ruptura del mecanismo que permite el abuso. Y es precisamente en ese punto donde el poder comienza a perder control, no porque deje de operar, sino porque deja de hacerlo en lo oscuro.

Y por eso, lo que hoy está en curso no es únicamente un procedimiento legal. No se trata de un expediente más que se abre, se integra y eventualmente se diluye en la inercia burocrática. Lo que está en marcha es una línea de seguimiento estructurada, sostenida en registro documental, en impulso jurídico constante y en exposición pública como mecanismo de control. Es una línea que no depende de la voluntad de la autoridad para avanzar, sino de la constancia de quien documenta, conecta y evidencia, y en la que cada actuación, cada omisión y cada intento de simulación queda incorporado como parte de un mismo hilo que no se fragmenta ni se pierde.

En esa lógica, ya no hay episodios aislados, hay continuidad. Y esa continuidad implica que cada nuevo acto será leído en relación con los anteriores, que cada decisión será confrontada con las obligaciones previamente incumplidas y que cada intento de encubrimiento quedará registrado como parte de un mismo patrón que ya no puede ocultarse. Por eso no se va a detener. No porque exista una confrontación personal, sino porque existe una estructura que ha sido identificada, documentada y puesta bajo escrutinio, y una vez que eso ocurre, lo que cambia no es el conflicto, es su visibilidad.

Y cuando algo se vuelve visible de manera sostenida, deja de ser controlable por quienes antes operaban en la opacidad.

En ese nuevo escenario, quienes se prestaron a operar como “testigos” para sostener calumnias —al amparo de quienes les otorgan privilegios— ya no podrán refugiarse en la inercia institucional ni en la simulación administrativa. Cada afirmación tendrá que ser sostenida uno por uno, ante las instancias correspondientes, con el rigor que implica pasar del dicho al terreno de la prueba. Porque ya no basta firmar documentos; ahora tendrán que acreditar lo que firmaron.

Aquí no se trata únicamente de haberse prestado a la difamación, a la discriminación o al hostigamiento en una especie de nado sincronizado institucional. Se trata de haber intervenido activamente en la construcción de actos que hoy están siendo controvertidos jurídicamente, y esa intervención genera consecuencias. Cada persona que participó en la elaboración y firma de actas circunstanciales ilegales tendrá que responder por su papel específico, comparecer, sostener sus dichos, asumir costos jurídicos y enfrentar el escrutinio que antes pretendieron evadir.

La propia autoridad ya cuenta con los datos de cada uno, porque fueron ellos mismos quienes los incorporaron en los documentos que hoy integran los expedientes. Es decir, el mismo mecanismo que utilizaron para operar en bloque es el que hoy permite individualizar responsabilidades. Y ese es el punto donde la estructura comienza a fracturarse: cuando deja de proteger en colectivo y obliga a responder en lo individual.

Porque cuando el poder se documenta mal, no solo comete irregularidades, también deja rastro. Y ese rastro, cuando se sigue con método, termina exhibiendo no solo los actos, sino la lógica que los sostiene. En ese momento, la protección institucional deja de operar como escudo y se convierte en un factor de riesgo para quienes participaron creyendo que nunca serían llamados a responder.

Y es ahí donde la ecuación cambia por completo: lo que antes se firmaba con ligereza, bajo la certeza de impunidad, hoy tendrá que sostenerse con argumentos, con pruebas y con responsabilidad personal. Porque cuando la estructura deja de encubrir, ya no hay colectivo que absorba el costo.