Por Silvia Alejandrina Núñez Hernández
La Universidad Veracruzana vive una crisis de legalidad y de credibilidad. El rector Martín Aguilar Sánchez presume que su prórroga de cuatro años es “legal y legítima”, que los jueces ya lo avalaron porque seis amparos fueron desechados y que quienes lo critican solo “buscan desestabilizar”. El problema es que su narrativa se desmorona cuando se confronta con el derecho.
La Ley Orgánica de la UV y su Estatuto General no contemplan ni la prórroga ni la reelección. Si la norma no lo prevé, no existe. El principio de legalidad administrativa es contundente: ninguna autoridad puede actuar más allá de lo que la ley permite. La Junta de Gobierno tiene facultad para elegir rector, no para extender su mandato a capricho. Esa atribución solo le corresponde al Congreso local, mediante reforma expresa. Cualquier otra interpretación es actuar ultra vires. La Suprema Corte lo ha reiterado: las prórrogas de mandato sin base legal violan el principio democrático.
Aguilar presume amparos desechados, pero omite que un desechamiento no es absolución: puede deberse a defectos formales sin tocar el fondo del asunto. Ningún tribunal ha declarado constitucional su permanencia. Confundir legitimidad política con legalidad jurídica es el truco de prestidigitador con el que se disfraza la perpetuidad de continuidad.
El acceso a cargos y la alternancia democrática no son adorno, son garantías constitucionales e internacionales. Prorrogar el mandato sin convocatoria ni competencia abierta niega a otros académicos el derecho de participar, clausura la competencia y convierte a la alternancia en espejismo. Lo que Aguilar llama continuidad, en realidad es perpetuidad.
Y en medio de esta crisis, aparece la nota más servil: el FESAPAUV. En lugar de defender a sus agremiados, su secretario general Enrique Levet Gorozpe salió en la ceremonia del 81 aniversario de la UV a respaldar públicamente al rector. No solo pidió “defender la institucionalidad”, también aseguró que el profesorado respalda esta administración desde las aulas. Como si eso no bastara, según reportes de medios locales y testimonios de docentes inconformes, el sindicato avaló movilizaciones para respaldar en las calles lo que jurídicamente no se sostiene en tribunales, trasladando a la arena política lo que no encuentra sustento en la legalidad.
El papel de un sindicato es ser contrapeso, no comparsa. Fiscalizar, no aplaudir. Defender la legalidad, no convertirla en discurso vacío. Pero FESAPAUV eligió la servidumbre antes que la autonomía. Aplaudir ceremonias y preparar marchas no sustituye el texto de la ley ni convierte un acto cuestionable en legal.
Académicos críticos han señalado en foros internos y comunicados que la falta de alternancia sindical y las decisiones unilaterales de la dirigencia los han dejado sin representación auténtica, evidenciando un distanciamiento entre la base trabajadora y su dirigencia.
El daño es profundo: un sindicato que debía representar a los académicos se ha transformado en tapete político del rector. Ya no vigila, ya no cuestiona, ya no defiende. Y la universidad paga el costo en credibilidad, en autonomía y en dignidad institucional.
El eterno líder charro y su red de delegados
¿Quién es Enrique Levet Gorozpe? No es un nombre nuevo en la Universidad Veracruzana. Desde hace más de dos décadas dirige al FESAPAUV, convertido en líder “eterno”, sin alternancia real y con procesos internos cuestionados. Su permanencia se asemeja más a un cacicazgo que a un sindicalismo democrático. Mientras en otras universidades del país los sindicatos se han renovado, en la UV se sigue viendo el mismo rostro de siempre, acompañado de una estructura que repite el guion del poder.
Es conocido por más por la con fama de haber convertido al sindicato en feudo personal. Se le acusa de falta de alternancia, de amañar procesos internos, de beneficiarse junto con su círculo familiar, de proteger a docentes acusados de acoso y de aceptar sin resistencia las imposiciones del rectorado. Diversos sectores académicos y notas periodísticas han señalado reiteradamente que durante su gestión se han registrado procesos internos sin alternancia efectiva, denuncias sobre beneficiarse junto con su círculo cercano, omisiones frente a casos de acoso, y una tendencia a aceptar sin resistencia las imposiciones del rectorado.
Bajo su mando, los delegados sindicales en facultades han sido cómplices en la degradación institucional: callaron ante los abusos, avalaron decisiones ilegales y permitieron que el sindicato dejara de ser contrapeso para convertirse en comparsa.
Se le ha señalado por usar al sindicato como plataforma personal y familiar, beneficiando a su círculo cercano. Su “liderazgo” está marcado por prebendas, opacidad en el manejo de recursos y un estilo de negociación que nunca confronta al rectorado, sino que se pliega a sus intereses. Lo que alguna vez fue un sindicato fuerte, hoy es apenas una sombra sometida a la complacencia de su dirigente.
Pero Levet no actúa solo. Su verdadero poder está en los delegados sindicales incrustados en cada facultad, quienes deberían ser la voz de los académicos, pero se han convertido en operadores de control político. No representan a los docentes: los presionan, los alinean y los callan. En lugar de cuestionar concursos amañados, plazas mal asignadas o sobrecargas académicas, cierran filas en defensa del líder y del rector espurio. Funcionan como caciques locales: controlan cuotas, reparten favores menores y garantizan que las bases no se rebelen.
Y como si la manipulación cotidiana no bastara, los mismos delegados fueron responsables de movilizar cientos de acarreados para respaldar a Aguilar en ceremonias y concentraciones públicas. Profesores y personal administrativo fueron arrastrados bajo presión sindical, no por convicción. Se llenaron auditorios y calles con cuerpos, no con conciencia. Acarreados disfrazados de “defensores de la autonomía”, convertidos en carne de cañón para simular apoyo masivo a una prórroga jurídicamente endeble.
La consecuencia es devastadora: los delegados, en complicidad con la cúpula estatal, han legitimado concursos amañados, han callado frente a la discriminación, han permitido sobrecargas laborales inhumanas y han tolerado la exclusión de académicos con mérito. Y ahora, suman a los acarreados como instrumento de propaganda política universitaria.
Lo que debía ser un contrapeso institucional terminó convertido en acompañamiento acrítico, desdibujando la esencia de la representación sindical. El que debía ser escudo de los académicos, se convirtió en garrote contra sus propios compañeros. Hoy FESAPAUV es el ejemplo vivo de lo que significa el sindicalismo charro: un aparato que entrega la fuerza colectiva a cambio de prebendas, un liderazgo eterno que se perpetúa sin legitimidad, y una red de delegados que han destruido desde las facultades la esencia crítica y autónoma de la Universidad Veracruzana.
