AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Cuando a Marx Arriaga lo sacaron de la escena institucional —cuando fue desplazado del centro de decisiones educativas y su presencia dejó de ser la carta fuerte dentro de la Secretaría— no solo cayó una figura; se desarticuló una red de influencia que durante años operó desde el centro hacia los estados. Esa salida no fue menor ni anecdótica. Marcó el fin de un momento político específico dentro del aparato educativo nacional. Pero las estructuras locales que habían tejido vínculos, alineamientos y lealtades con esa figura no desaparecieron de la noche a la mañana. Se quedaron. Y en Veracruz, esa permanencia tiene nombres.
Marx Arriaga no es un ponente neutro ni un académico que aterriza en los estados para hablar de técnicas didácticas desprovistas de contexto político. Es uno de los rostros centrales del rediseño de los libros de texto de la llamada Nueva Escuela Mexicana, un proyecto que transformó contenidos curriculares y que detonó una de las controversias educativas más intensas de los últimos años en México. Su nombre está ligado a un modelo que ha sido debatido en tribunales, en medios de comunicación, en foros académicos y dentro del propio magisterio. No es una figura inocua dentro del mapa educativo; es símbolo de una línea discursiva y de una orientación ideológica que polarizó a la comunidad educativa nacional.
Desde esa premisa, lo ocurrido en octubre de 2025 en Veracruz no puede leerse como una simple conferencia pedagógica organizada con buena intención. Fue un acto institucional convocado desde la estructura oficial de la Supervisión Escolar Zona 017, con presencia de autoridades educativas, docentes movilizados bajo jerarquía administrativa y un escenario formal que, en teoría, debía estar al servicio de la formación profesional. Sin embargo, el desarrollo del evento mostró otra cosa: el escenario se convirtió en plataforma para que Marx Arriaga se conectara durante más de media hora a una entrevista externa, mientras las maestras y maestros permanecían en el auditorio como audiencia cautiva. Eso no es intercambio académico horizontal ni diálogo pedagógico plural; es utilización de estructura pública para proyectar una figura y sostener una narrativa.
Aquí los nombres no son anecdóticos, son estructurales. María del Rosario Pérez Méndez, Asesora Técnica Pedagógica, no solo participó en la organización del evento; ella misma presumía haber sido parte del “gran equipo” que construyó los contenidos de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana. Si una funcionaria técnica reconoce públicamente su participación en la elaboración de esos materiales, entonces asume responsabilidad profesional y ética sobre su orientación y su enfoque. No es espectadora del modelo, es parte de su arquitectura. Y cuando quien participó en la construcción de un modelo cuestionado convoca desde una supervisión oficial al principal promotor de ese mismo modelo, lo que se configura no es una invitación neutra, sino una continuidad de agenda trasladada al plano local.
La Supervisión 017 no es una oficina menor; administra y coordina un número significativo de planteles. Su capacidad de incidencia no es simbólica, es operativa. Desde ahí se definen dinámicas, se convocan docentes, se marcan tiempos y se ejerce influencia real sobre escuelas y comunidades educativas. Cuando desde esa estructura se decide qué figura se posiciona, qué discurso se amplifica y qué acto se convierte en evento “formativo”, se está ejerciendo poder pedagógico. Y el poder pedagógico, cuando se usa para reforzar una línea ideológica concreta sin garantizar pluralidad crítica, deja de ser técnico y entra en el terreno político.
A esto se suma la figura de Silvia Bautista Peraza, Supervisora Escolar de la Zona 017, quien junto con María del Rosario Pérez Méndez fungió como anfitriona y convocante. La supervisión tiene funciones claras: acompañar procesos educativos, atender problemáticas escolares, supervisar cumplimiento normativo y garantizar condiciones institucionales. No está diseñada para operar como plataforma de promoción discursiva de una figura nacional asociada a un modelo controversial. Cuando se utiliza para eso, existe una desviación de finalidad administrativa que no puede trivializarse.
Hay un elemento adicional que no es especulación sino experiencia directa: María del Rosario Pérez Méndez mantenía comunicación donde recibía instrucciones de Marx Arriaga; escuché en múltiples ocasiones conversaciones donde se le daban directrices. Ese dato, leído junto con el evento de octubre de 2025 y con su participación en la elaboración de los libros de texto, configura una cadena de influencia concreta. Si existe una relación de alineamiento, y luego la estructura local organiza un acto para posicionar a esa misma figura, la conclusión no es inocente: estamos ante la extensión operativa de una agenda nacional en el ámbito estatal.
El problema no es que exista debate ideológico en educación; el problema es cuando ese debate se impone desde arriba utilizando la jerarquía administrativa como mecanismo de convocatoria. Las maestras y maestros no acudieron por espontaneidad académica; acudieron porque la estructura los convocó. Y cuando la estructura convoca, hay una relación de poder implícita que exige responsabilidad. No se puede usar ese poder para alimentar proyecciones personales ni para consolidar lealtades ideológicas bajo apariencia académica.
La Nueva Escuela Mexicana y sus libros de texto han sido cuestionados por su enfoque discursivo y por la construcción narrativa que proponen. Esa controversia existe y es pública. En ese contexto, que una supervisión escolar utilice su estructura para promover a uno de sus principales diseñadores, sin abrir el espacio a debate plural ni a voces críticas, no es neutralidad pedagógica; es alineamiento institucional.
Cuando una supervisión se convierte en plataforma, algo esencial se rompe: se diluye la frontera entre formación y propaganda, se debilita la confianza en la imparcialidad y se compromete la neutralidad que debería caracterizar al aparato escolar. Y cuando quienes organizan el acto son precisamente quienes participaron en la construcción del modelo que se promueve, la línea entre función técnica y agenda política se vuelve peligrosamente delgada.
Pero hay algo más que debe decirse con claridad.
Cuando la figura nacional pierde fuerza política o es desplazada de la estructura oficial, quienes operaron su agenda en lo local no desaparecen; permanecen en las posiciones estratégicas que ya controlaban. La salida de Marx Arriaga del primer plano dejó en Veracruz dos operadoras que durante años se movieron bajo su influencia: Silvia Bautista Peraza y María del Rosario Pérez Méndez. La caída del referente nacional no borra las redes que se construyeron ni la sensación de poder que otorgó esa cercanía.
Esa influencia no llegaba sola; transitaba por canales institucionales concretos. Bajaba al estado a través de servidores públicos con capacidad jerárquica real, como Christopher Couttolenc Acosta, Director General de Educación Primaria, jefe dentro de la estructura y además con vínculo familiar con la supervisora. Cuando se combinan jerarquía administrativa, parentesco e influencia nacional, lo que se construye no es coincidencia sino entramado de poder. Y cuando ese entramado sirve para blindar decisiones, proteger posiciones y copar espacios, la percepción que se genera no es liderazgo pedagógico sino control estructural.
La presencia de la Subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, en el evento tampoco fue casual. Su intervención no fue un mensaje técnico aislado; reforzó la narrativa del modelo defendido por Marx Arriaga. Cuando una subsecretaria respalda con su presencia y su discurso un acto de esta naturaleza, el mensaje institucional es claro: la línea está alineada desde arriba. Eso convierte el evento en señal política, no solo en actividad académica.
Mientras tanto, en el territorio real, se acumulan inconformidades. Docentes que cuestionan prácticas. Padres de familia que expresan rechazo. Señalamientos que no son imaginarios y que no pueden seguir tratándose como ruido incómodo. Frente a ese escenario, el blindaje estructural alimenta una sensación de impunidad administrativa. La percepción no surge de la nada; surge de observar cómo, pese a múltiples denuncias y cuestionamientos, las operadoras locales permanecen respaldadas por la red jerárquica que las sostiene.
Los padrinazgos políticos no son eternos. Las figuras nacionales cambian. Las narrativas se reacomodan. Lo que permanece es el registro de cómo se utilizó el poder cuando se tuvo. Y cuando una supervisión escolar decide operar como extensión de una agenda en lugar de actuar como garante de neutralidad técnica, pierde autoridad moral frente al magisterio.
La educación pública no es trinchera ideológica ni vitrina de posicionamiento. No es laboratorio de lealtades ni escenario para proyectar cercanías. Es un servicio público que debe sostenerse sobre pluralidad, imparcialidad y responsabilidad. Convertirla en plataforma tiene costos institucionales profundos.
La caída de una figura nacional no elimina las responsabilidades locales; al contrario, las deja expuestas
Porque cuando el padrino se va, lo que queda es la conducta.
Y la conducta, tarde o temprano, se confronta.
