AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Mi indignación no nace de un anuncio ni de una nota aislada, nace de una suma de decisiones políticas que retratan con crudeza el nivel de deterioro institucional en Veracruz. Nace de ir a hospitales sin medicinas, de ver farmacias vacías, de escuchar al personal repetir que no hay insumos, mientras desde el poder se insiste en presumir camionetas, banderazos y discursos como si eso fuera gobernar. No lo es. Es administrar el fracaso con propaganda.
En ese contexto, la gobernadora Rocío Nahle García anuncia —otra vez— el reparto de medicamentos en camionetas, como si eso fuera una gran proeza pública. Pero repartir medicinas no es un logro extraordinario: es una obligación básica del Estado. Y cuando se convierte en evento, lo que se está confesando es que el sistema no funciona, que los hospitales no están surtidos y que la normalidad dejó de existir hace tiempo.
Lo ha dicho mil veces. Que ya vienen las medicinas, que ya se están repartiendo, que ya salieron las camionetas. Nadie las ve. Nadie las siente. Y lo más grave: nadie las encuentra cuando llega enfermo a un hospital público. Porque el problema nunca ha sido la falta de vehículos, el problema es que las farmacias hospitalarias siguen vacías y que el sistema de salud opera con parches, ocurrencias y anuncios reciclados.
Pero la verdadera dimensión del desastre se entiende cuando se revisan los nombramientos. En medio de esta crisis, la gobernadora decide designar como secretaria de Salud a Mariela Hernández García, quien llega al cargo con observaciones del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz por presunto daño patrimonial durante su gestión como alcaldesa de Las Choapas. No estamos hablando de rumores ni de chismes políticos: estamos hablando de casi un millón de pesos observados, de una obra de alumbrado público cuestionada y de denuncias ciudadanas por infraestructura inconclusa, como el puente del Ejido Benito Juárez.
Y aun así, el premio no es aclarar, solventar o rendir cuentas. El premio es encabezar la Secretaría de Salud en uno de los momentos más críticos del sector. El mensaje es brutal y no admite lecturas ingenuas: en Veracruz, las observaciones no inhabilitan, habilitan. La rendición de cuentas no es requisito para ascender. La opacidad no estorba; se administra.
Mientras tanto, los trabajadores de la salud siguen padeciendo retrasos en pagos, condiciones laborales indignas y una carga de responsabilidad que el propio Estado les impone sin darles herramientas. No se puede exigir profesionalismo cuando no se garantiza salario. No se puede pedir calidad cuando no hay insumos. No se puede hablar de dignidad cuando el abandono institucional es la norma.
Y no hablo desde la comodidad del análisis político. Fui víctima de malas praxis. Vi médicos que no saben diagnosticar, que no saben escuchar, que no saben tratar al enfermo. Vi burlas, desprecio y deshumanización. Vi cómo a la gente se le trata como si no valiera nada. Eso ocurre todos los días en hospitales públicos, no por maldad individual en todos los casos, sino porque el sistema está roto y empuja a muchos a operar en condiciones que rayan en la negligencia.
No generalizo. También encontré médicos comprometidos, humanos, responsables, que hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Pero incluso ellos están atrapados en un sistema que los condena al fracaso, porque no cuentan con lo mínimo necesario para ejercer su profesión. Sin insumos, sin medicamentos, sin equipo y sin respaldo, no hay vocación que alcance.
Y aquí aparece la pregunta del año, la que nadie quiere formular en voz alta:
¿por qué los actuales alcaldes, como primer acto público, no anuncian auditorías a sus municipios?
¿Por qué, al asumir el cargo, no revisan, no denuncian y no transparentan el saqueo de sus antecesores?
¿Por qué se guarda silencio y se acepta la herencia podrida como si fuera parte natural del cargo?
La respuesta es incómoda pero evidente: porque el silencio es parte del pacto. Porque denunciar al anterior implica romper acuerdos. Porque en este sistema, callar es la moneda de cambio para seguir escalando. Y así, el saqueo se normaliza, la impunidad se hereda y los cargos se reparten como premios políticos.
Hay que decirlo sin rodeos: el sistema de salud, desde que llegó Morena, es un desastre. No por ideología ni por consigna, sino por resultados. Por lo que ocurre en los hospitales. Por lo que viven los pacientes. Por lo que padecen los trabajadores. Por lo que se intenta ocultar con camionetas y discursos triunfalistas.
Mientras no se nombren responsables, mientras las observaciones del Orfis no tengan consecuencias, mientras los nombramientos sigan premiando la opacidad y mientras los alcaldes sigan guardando silencio sobre el saqueo recibido, nada va a cambiar.
- La salud no necesita camionetas.
- Necesita hospitales surtidos.
- Necesita personal pagado y profesionalizado.
- Necesita trato humano.
- Necesita dignidad.
Y, sobre todo, necesita un gobierno que deje de normalizar el saqueo y la mediocridad y empiece a rendir cuentas, aunque eso implique incomodar a los suyos.
