Por Silvia Núñez Hernández
La canallada ya está hecha. El gobierno aprobó una ley que pretende convertir el agua subterránea en un botín administrado a su antojo, pulverizando derechos adquiridos, debilitando la propiedad privada y dejando a millones de mexicanos bajo el control absoluto de una burocracia incapaz de garantizar lo básico.
Ahora resulta que un pozo dentro de tu propio terreno ya no es tuyo, que tus hijos no podrán heredarlo, que si vendes tu propiedad el derecho al agua no se transfiere, que el Estado podrá reducirte el volumen cuando se le antoje y que quien se atreva a inconformarse será tratado como si estuviera saqueando un recurso criminalizado.
El mensaje es transparente:
el gobierno quiere el agua, pero no asumir responsabilidad alguna sobre el campo, la producción, la economía local o la vida rural.
Quieren regular sin garantizar. Exigir sin compensar. Quitar sin indemnizar.
Y que nadie espere rescates institucionales.
Ni congresos estatales, ni gobernadores, ni cámaras alineadas van a oponerse.
La maquinaria política está diseñada para obedecer, no para defender a la gente.
Pero esta no es una historia sin salida.
Existe una vía real, legal, contundente y totalmente ciudadana para revertir esta ley.
No se basa en el “a ver si el Congreso recapacita”.
No depende de que algún funcionario despierte con valor.
Se basa en saturar el sistema
En empujar al Poder Judicial a un punto en el que simplemente no pueda sostener la aplicación de esta norma y se vea obligado a suspenderla de manera general.
A continuación, la estrategia completa.
La ruta que sí funciona.
ESTRATEGIA CIUDADANA REALISTA Y EFECTIVA
(SIN CONGRESOS, SIN GOBIERNOS, SIN PARTIDOS)
1. El eje central: amparos masivos individuales
No colectivos.
No por comunidad.
No por organización.
Uno por persona, uno por pozo, uno por propietario.
¿Por qué? Porque:
- Cada amparo abre un expediente,
- Cada expediente obliga al juez a pedir informe a Conagua,
- Cada informe obliga a la autoridad a justificar la ley,
- Cada justificación genera retrasos,
- Cada retraso presiona al sistema judicial.
Un juzgado de distrito está diseñado para recibir 300 amparos mensuales.
Si apenas 70 mil personas por estado se amparan, el país genera:
2 millones de amparos nacionales.
No existe tribunal que soporte esa carga.
El amparo debe contener:
1. Derechos adquiridos por concesión.
2. Violación a propiedad (art. 14 y 27).
3. Irretroactividad de la ley.
4. Amenaza de aplicación de norma inconstitucional.
5. Riesgo patrimonial.
6. Invasión de esfera privada.
7. Afectación al derecho humano al agua.
8. Solicitud de suspensión de plano.
Y no se necesita abogado para presentarlo en su fase inicial.
Se puede presentar con un escrito libre, firmado y entregado.
2. Amparos simultáneos en todo el país
El éxito está en la simultaneidad:
- Mismo día,
- Misma semana,
- Misma ventana de tiempo.
Esto impide que los juzgados repartan cargas, generen estrategias internas o fabriquen un criterio adverso que unifique resoluciones.
La simultaneidad genera ahogo procesal.
3. Saturar Conagua mediante quejas administrativas
Al mismo tiempo que se presentan amparos, cada ciudadano debe interponer:
- Denuncia por amenaza de afectación,
- Queja por violación a la seguridad jurídica,
- Inconformidad por depreciación del bien,
- Solicitud de aclaración técnica,
- Petición de certeza jurídica.
Cada trámite obliga a la autoridad a:
• Abrir folio,
- Responder formalmente,
- Emitir informes,
- Justificar decisiones.
Si 500 mil personas presentan escritos, Conagua colapsa operativamente antes que el Poder Judicial.
4. Procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado
Este mecanismo es devastador.
Todo ciudadano afectado por:
- Pérdida de plusvalía,
- Pérdida de valor del rancho o terreno,
- Pérdida del valor del pozo,
- Incapacidad de usar el pozo como garantía financiera,
Puede iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.
Esto obliga al gobierno a:
- Cuantificar daños,
- Abrir expedientes,
- Nombrar peritos,
- Responder demandas civiles y administrativas.
Con apenas 200 mil reclamaciones, Hacienda entra en pánico financiero.
5. Amparos por omisión: no hay que esperar el daño
La ley puede atacarse sin necesidad de que se aplique directamente.
El argumento es simple:
“La sola existencia de la ley genera un riesgo real e inminente a mi patrimonio, mi derecho adquirido y mi estabilidad económica.
Eso es suficiente para que los jueces admitan el amparo.
Y cuando admiten miles, comienzan a dictar suspensiones colectivas disfrazadas.
6. Cada sector debe presentar su propia variante
La estrategia se multiplica cuando los amparos no son idénticos:
- Agricultores: impacto productivo,
- Ganaderos: afectación a actividad esencial,
- Ejidatarios: derechos históricos,
- Comunidades indígenas: uso tradicional del agua,
- Hogares con noria: seguridad hídrica,
- Fraccionamientos: riesgo a servicios esenciales,
- Negocios: afectación económica,
- hoteles y restaurantes: impacto operativo.
A mayor diversidad, mayor caos procesal y menor posibilidad de resolver rápido.
7. Saturación matemática del Poder Judicial
El sistema judicial fue diseñado para un país pasivo, no para millones defendiéndose a la vez.
Datos duros:
- 260 juzgados de distrito,
- capacidad promedio: 300 amparos/mes,
- capacidad nacional: 78 mil/mes,
- carga necesaria para colapso: 1 millón/mes.
Si entran:
- 500 mil amparos al mes,
- 2 millones en dos meses,
los jueces no pueden físicamente resolver.
Cuando un tribunal no puede sostener procesalmente un fenómeno jurídico:
dicta suspensiones generales.
Una suspensión general congela la aplicación de la ley incluso para quienes no se ampararon.
8. El efecto final: el Estado contra sus propios límites
Aunque el discurso oficial diga que todo está “bajo control”, por dentro ocurre lo contrario:
- Conagua se asfixia operativamente,
- Los jueces colapsan en carga,
- La Corte acumula presiones,
- Hacienda enfrenta daños patrimoniales masivos,
- Organismos internacionales reciben denuncias,
- Sectores productivos se movilizan,
- Los medios documentan el caos.
La ley puede terminar:
- suspendida,
- mutilada,
- inaplicable,
- o parcialmente invalidada.
Y todo sin depender de congresos, gobernadores o partidos.
Solo ciudadanía organizada, informada y decidida.
Un gobierno puede ignorar una protesta.
Puede ignorar mil.
Incluso puede reprimirlas.
Pero no puede ignorar dos millones de expedientes activos, miles de quejas, cientos de miles de reclamaciones patrimoniales y un Poder Judicial matemáticamente rebasado.
Si el Estado quiso convertir el agua en instrumento de control, la ciudadanía puede convertir la ley en instrumento para recuperar el agua.
Y esta vez, la balanza no se inclina por ideología, sino por números.
Por saturación.
Por técnica jurídica.
Por resistencia organizada.
Es la ruta.
Es legal.
Y funciona.
