Adán Augusto López Hernández —exsecretario de Gobernación
Por Rebeca Solano
La justicia en México sigue aplicándose a conveniencia del poder, y el caso del senador Adán Augusto López Hernández —exsecretario de Gobernación y actual líder de Morena en el Senado— es un ejemplo de ello.
Las fiscalías y ministerios públicos parecen actuar con lentitud o indiferencia cuando se trata de personajes protegidos políticamente, mientras que otros enfrentan procesos inmediatos. En este caso, las denuncias contra Adán Augusto López se acumulan sin respuesta alguna, a pesar de las posibles implicaciones criminales que rodean su nombre.
De acuerdo con fuentes legislativas, en las últimas semanas la Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido 37 denuncias penales contra el exgobernador de Tabasco y amigo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, el Senado de la República cuenta con dos solicitudes formales para que se le investigue por presunta falsedad en su declaración patrimonial, y en la Cámara de Diputados existe una solicitud de juicio político en su contra.
Sin embargo, ninguna de estas instancias ha emitido pronunciamiento o iniciado investigación alguna. En el caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco, la respuesta ha sido aún más contundente: “contra su antiguo gobernador no hay nada”, señalaron funcionarios locales.
Especialistas consultados consideran que esta inacción obedece al predominio de un enfoque de protección política, por encima de la certeza jurídica y el Estado de derecho. El fuero constitucional no impide que se le tome testimonio o se tipifiquen los posibles delitos, pero la omisión deliberada sugiere un manto de impunidad.
“Hay un manto de protección política que limita los alcances de la FGR y de la Fiscalía de Tabasco, un blindaje que se extiende desde Palenque y alcanza Palacio Nacional”, advirtió la analista Carolina Gayo.
Para los críticos, el caso de Adán Augusto representa un desafío directo a la justicia y una muestra del poder de las camarillas políticas que siguen dominando las instituciones del país. Mientras tanto, las 37 denuncias permanecen archivadas, y el senador tabasqueño continúa intocable.
