27 de febrero de 2026

ASF detecta irregularidades millonarias en Edomex

Por Rebeca Solano

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó miles de millones de pesos en observaciones al gobierno del Estado de México, derivadas de la revisión de la Cuenta Pública más reciente. Los hallazgos incluyen posibles irregularidades en el uso de recursos federales, deficiencias administrativas y montos pendientes por aclarar.

De acuerdo con el informe, las observaciones se concentran en el manejo de fondos federales transferidos a la entidad, particularmente en rubros como infraestructura, salud, educación y programas sociales. La ASF señaló pagos sin documentación comprobatoria suficiente, inconsistencias en contratos y posibles sobrecostos.

¿Qué encontró la ASF?

Entre los puntos relevantes destacan:

  • Montos millonarios por aclarar en dependencias estatales.
  • Contratos con irregularidades administrativas.
  • Falta de comprobación del gasto federalizado.
  • Probables daños a la Hacienda Pública federal.

Las observaciones no implican automáticamente un delito, pero sí abren un proceso en el que el gobierno estatal deberá solventar o justificar el uso de los recursos. En caso de no hacerlo, la ASF puede promover procedimientos resarcitorios, sanciones administrativas o incluso denuncias penales ante la Fiscalía correspondiente.

Posibles consecuencias políticas

El impacto no solo es financiero, sino también político. En un contexto de alta polarización y escrutinio público, las observaciones pueden traducirse en:

  • Presión sobre funcionarios actuales y anteriores.
  • Apertura de investigaciones administrativas o penales.
  • Golpe a la credibilidad y narrativa de combate a la corrupción.
  • Uso del tema como bandera política por parte de la oposición.

El gobierno del Estado de México tiene ahora el reto de aclarar cada peso observado y evitar que las inconsistencias escalen a responsabilidades mayores. La revisión de la ASF coloca nuevamente en el centro del debate la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos y el costo político que pueden tener las fallas administrativas o los posibles actos de corrupción.