Ciudadanos se organizan para frenar la ocupación ilegal de playas en Veracruz, protegiendo el acceso público y el ecosistema local.
Por Redacción
Una acción conjunta de vecinos y activistas ambientales logró detener la invasión de la zona federal marítimo-terrestre (ZOFEMAT) en Boca del Río, donde una barda fue construida de manera ilegal sobre el acceso público a la playa El Destape.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) intervino tras varios días de denuncias ciudadanas, protestas locales y presión en redes sociales, ordenando la clausura inmediata de la obra.
El caso se ha convertido en un símbolo del poder de la presión social frente a la inacción institucional. De acuerdo con colectivos ambientalistas, la estructura —levantada sin permisos y sobre vegetación costera— no habría existido si las autoridades hubiesen actuado desde el inicio.
Clausura por violar la ZOFEMAT
PROFEPA fundamentó la clausura en el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al acreditarse que la construcción invadía una zona federal.
Reportes locales vinculan el proyecto con la empresa Bitali Desarrollos, presuntamente responsable de levantar la barda como parte de un complejo de oficinas y locales comerciales.
La activista Ana Fernanda, una de las principales denunciantes, explicó que la barda comenzó a construirse en octubre, afectando la vegetación y el libre paso.
“Solo hasta que hubo ruido en redes y medios reaccionaron las autoridades. Si no hubiéramos hablado, la playa seguiría cercada”, señaló.
Faltan acciones definitivas
Aunque la clausura representa un avance, no existe confirmación oficial sobre la demolición de la estructura ni sobre un plan para restaurar el entorno costero dañado.
La empresa señalada no ha emitido postura pública ni presentado documentación que acredite permisos ambientales o municipales.
Especialistas en derecho ambiental advierten que el proceso podría dilatarse por recursos legales, aunque la ley establece que las construcciones ilegales en zona federal deben demolerse para restituir el espacio público.
La fuerza y el límite del activismo
El caso de Boca del Río vuelve a mostrar que la participación ciudadana sigue siendo el motor del cumplimiento ambiental, pero también deja al descubierto sus límites.
Las autoridades actúan solo bajo presión social, lo que convierte cada victoria en una lucha sostenida, no en una solución definitiva.
Por ahora, la barda clausurada permanece en pie, mientras la ciudadanía exige que se cumpla la ley, se sancione a los responsables y se recupere la franja costera para el uso público.
