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Por; Cuarto Piso de Palacio
La Constitución mexicana es clara. Pero el gobierno que hoy la pisotea también lo es. La simulación se rompió. Los silencios se fracturan. Los tentáculos del narco-Estado mexicano están a punto de quedar al descubierto, si las autoridades estadounidenses no se detienen.
Este viernes 11 de julio, a las 11:00 h (hora local), en la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, comparecerá en persona Ovidio Guzmán López.
La audiencia no es solo una firma de culpabilidad, sino el inicio de una filtración controlada de nombres, cargos y estructuras criminales que han gobernado el país con la complicidad de Morena.
Mientras eso ocurre allá, aquí todo se escurre: no hay jueces que abran carpetas, ni fiscalías que levanten la cabeza, ni medios nacionales que se atrevan a ponerle nombre al verdadero escándalo: al hijo del Chapo Guzmán le retiraron cinco cargos federales —narcotráfico, armas, lavado— de un plumazo, no por piedad, sino porque entregará algo mucho más grande: narcopolíticos de altísimo nivel.
En este contexto, los artículos 133 y 136 de la Constitución mexicana se convierten en una bomba que ya estalla en la cara del Estado. No existe forma legal de ignorar lo que está por venir. Y si se hace, no solo se pierde el prestigio político —ese ya se perdió hace tiempo—, sino el pacto constitucional que obliga a obedecer la ley suprema de la Unión.
Artículo 133: ni excusas ni simulaciones
“Esta Constitución, las leyes del Congreso y los tratados internacionales serán la ley suprema de toda la Unión…”
Así lo establece el artículo 133, claro y sin rodeos.
Esto implica que todos los tratados firmados y ratificados por México —incluidos los de extradición, cooperación penal, crimen organizado y asistencia jurídica mutua con EE. UU.— forman parte del marco jurídico superior.
Por lo tanto:
* La extradición de Ovidio fue legal.
* Su colaboración con la justicia estadounidense es válida.
* Si en sus declaraciones se mencionan vínculos de personajes del gobierno de López Obrador, de Morena, de sus operadores o incluso de sus hijos, el Estado mexicano está constitucionalmente obligado a investigar.
No es un favor ni una cortesía diplomática; es un mandato constitucional. Si no se actúa, jueces, fiscales y autoridades que encubran esos vínculos estarán violando la Constitución.
Artículo 136: la advertencia final
“Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpiere su observancia…”
Este artículo es categórico: aunque exista un gobierno usurpador, ilegítimo o criminal, la Constitución sigue vigente. Y cuando el pueblo recupere su libertad, los responsables de un gobierno contrario a sus principios serán juzgados.
¿Cuál es el principio central que Morena ha traicionado?
La supremacía constitucional.
El Estado de derecho.
La legalidad ante el crimen.
Hoy el narco no está en guerra con el Estado: es parte del Estado. Se sienta en las mesas del poder. Opera elecciones, decide candidaturas, negocia presupuestos y protege a los hijos incómodos.
Si Ovidio habla —y hablará— y los nombres de los hijos del Macuspano aparecen en esas declaraciones, ya sea por lavado, vínculos con operadores, protección o negocios paralelos, entonces la omisión del Estado mexicano será una traición abierta al texto constitucional.
No se trata solo de Ovidio
Es todo lo que viene con él: las alianzas entre narco y poder político, campañas financiadas con dinero ilícito, la conversión del crimen en una herramienta electoral y la complicidad de un gobierno que prometió paz y entregó territorios.
Mientras tanto, Alfonso Romo sería el principal implicado en la red y operador en lavado de dinero a través de Vector. Esa es la gran pregunta que inquieta ya en Palacio Nacional y en el entorno de Claudia Sheinbaum.
Aunque las declaraciones completas de Ovidio Guzmán aún no son públicas y los detalles están bajo reserva judicial en EE.UU., existen motivos fundados para sospechar que sus revelaciones podrían alcanzar a personajes del actual gabinete federal, incluyendo al círculo más cercano de la presidente.
¿Por qué podrían estar implicados miembros del gabinete de Sheinbaum?
1. Continuidad del poder político
Sheinbaum hereda no solo la presidencia de AMLO, sino gran parte de su estructura política, militar y operativa. Muchos de sus secretarios fueron colaboradores o aliados desde la administración pasada.
2. Presencia de personajes clave
Algunos miembros del gabinete actual ocuparon puestos de poder durante el sexenio en que “Los Chapitos” operaron con mayor impunidad, especialmente durante el auge del fentanilo.
3. Compromisos diplomáticos con EE.UU.
Si el gobierno de Biden posee evidencia con nombres comprometidos, la presión recaerá sobre Sheinbaum para actuar o entregar responsables, sin importar la cercanía política.
¿Quiénes podrían estar en la mira?
Aunque sin confirmación oficial, tres perfiles destacan según analistas, periodistas de investigación y fuentes indirectas:
* Rosa Icela Rodríguez (Seguridad y Protección Ciudadana)
Rostro de la «estrategia» de seguridad de AMLO, vinculada al control informativo de operativos como el Culiacanazo. Continúa en funciones con Sheinbaum.
* Luis Cresencio Sandoval (SEDENA)
Si aún forma parte del círculo militar de confianza, podría verse implicado en declaraciones sobre protección institucional al Cártel de Sinaloa. Se prevé relevo en Defensa, pero muchos de sus hombres seguirán activos.
* Omar García Harfuch (posible Secretario de Seguridad CDMX o federal)
Cercano a Sheinbaum, con vínculos policiales en Guerrero y Jalisco. Ha sido mencionado en redes sociales por su paso en la Policía Federal, sin pruebas directas de relación con el narco. Cualquier mención de su nombre sería explosiva.
* Mario Delgado Carrillo
Presidente nacional de Morena y secretario de Educación Pública con Sheinbaum.
* ¿Por qué podría ser señalado?
Fue operador político principal en elecciones de 2021 y 2024, viajando en reiteradas ocasiones a territorios bajo disputa narca. Testimonios periodísticos sugieren que la protección de “Los Chapitos” influyó en campañas locales de Morena que requerían «tranquilidad territorial».
* ¿Qué lo hace vulnerable?
Su cercanía con funcionarios federales ligados a seguridad y con gobernadores como Rubén Rocha Moya (Sinaloa), donde el narco impone candidatos.
* Ricardo Monreal Ávila
Senador, excoordinador parlamentario de Morena y pieza bisagra entre facciones políticas.
* ¿Por qué podría estar en la mira?
Tiene historial de pactos políticos en zonas rojas, especialmente en Zacatecas, donde se denunció públicamente la influencia de grupos criminales en rutas y autoridades municipales. Fue interlocutor informal entre gobierno y operadores políticos locales sospechosos.
* ¿Hay antecedentes?
En 2010, siendo gobernador, fue acusado por el exprocurador Medina Mora de “tolerar” la presencia del narco. Aunque no se comprobó penalmente, su nombre circula en informes reservados.
* El principal sospechoso: el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, quienes aparecerán en la declaración de Ovidio Guzmán debido a posibles vínculos con redes que facilitaron operaciones ilícitas durante su administración. Aunque sin acusaciones formales, la cercanía política y familiar los coloca en una posición vulnerable ante la revelación inevitable de pactos o encubrimientos relacionados con narcotráfico y corrupción.
¿Y si Sheinbaum no actúa?
Si las revelaciones alcanzan a su gabinete y ella decide proteger o minimizar la información, repetiría el patrón de encubrimiento y podría ser señalada por obstrucción diplomática ante tribunales estadounidenses.
Además, el Congreso de EE.UU. podría imponer sanciones si Sheinbaum desacata tratados bilaterales de cooperación en seguridad, como ha sucedido con otros países considerados no cooperativos.
¿Qué sigue?
* La audiencia del viernes 11 de julio será decisiva.
* Si Ovidio ratifica culpabilidad bajo la Regla 20 y comienza a testificar, los primeros nombres podrían filtrarse pronto a medios o aparecer en documentos judiciales desclasificados.
Si entre esos nombres aparecen miembros del gabinete actual, la administración Sheinbaum quedaría marcada desde su origen.
Porque quien tiene cola que le pisen, huye antes que caiga la lluvia. ¿Cuántos ya preparan maletas? ¿Cuántos serán entregados como ofrenda diplomática para evitar un colapso mayor?
Esto no es un juicio cualquiera. Es el inicio de la caída de una red de complicidades que ni propaganda ni mañaneras podrán sostener.
Y si nadie actúa, no solo traicionan al país, sino que violan la Constitución, colaboran con un gobierno usurpador y encubren crímenes de Estado.
Por eso serán juzgados, como dice el artículo 136: la Constitución no perdona a quienes la traicionan. Tampoco la historia.
Porque Ovidio ya se sentó a hablar. Y nosotros ya abrimos la Constitución.
