COPARMEX rechaza la nueva Ley de Amparo y advierte retrocesos en derechos humanos y seguridad jurídica
Por Rebeca Solano
Por medio de un comunicado oficial difundido en X (antes Twitter), el Centro Empresarial de la Ciudad de México (COPARMEX) expresó su rechazo a la nueva Ley de Amparo, advirtiendo que las reformas propuestas podrían afectar gravemente la defensa de los derechos humanos y la seguridad jurídica en el país.
El documento, integrado por cuatro puntos principales, exhorta al Gobierno de México a mantener un diálogo democrático con los sectores productivos para evitar abusos de autoridad y preservar el equilibrio entre el poder público y los derechos ciudadanos.
“Observamos rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata. En ciertos casos, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio”, señala el comunicado.
Asimismo, el sindicato empresarial destacó que la limitación en las formas de garantizar créditos, al exigir únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, favorece a empresas con alta liquidez y deja en desventaja a las pequeñas y medianas.
COPARMEX también cuestionó las nuevas medidas precautorias que involucran a funcionarios jurídicos, calificándolas como “carentes de solidez legal”, y alertó que bastarán unos cuantos alegatos para debilitar el proceso.
Uno de los puntos más preocupantes, advirtió el organismo, es la reincorporación de un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que afectaría los juicios actualmente en trámite.
“Esto rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre en ciudadanos y empresas. Bastará con alegar falta de presupuesto o recursos para incumplir una resolución, debilitando el papel del amparo como garante efectivo de los derechos”, indicó la confederación.
COPARMEX buscará una mesa de diálogo con las autoridades
Finalmente, el organismo empresarial solicitó abrir espacios de diálogo con los sectores productivos y sociales antes de aprobar la reforma, insistiendo en que una decisión de tal magnitud “debe construirse con visión de Estado”.
“Confiamos en que las y los integrantes de la Cámara de Diputados sabrán honrar su papel como agentes del orden constitucional y del desarrollo democrático”, concluyó el comunicado.
