La Suprema Corte prohíbe reducir penas por feminicidio alegando reinserción social
Por Rebeca Solano
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los jueces no podrán disminuir las condenas por feminicidio con base en el derecho a la reinserción social del sentenciado.
Con esta decisión, la Corte revocó la reducción de una pena de 50 a 42.5 años de prisión dictada en un caso de extrema violencia ocurrido en Morelia en 2020, al considerar que los tribunales aplicaron indebidamente una lógica de “reeducación” del agresor sin tomar en cuenta la gravedad del delito.
Los ministros coincidieron por unanimidad en que, frente a hechos de alta brutalidad, los jueces deben ponderar las circunstancias del crimen y garantizar sanciones proporcionales, centradas en la culpabilidad, el contexto delictivo y la protección de las víctimas, no en las expectativas de reinserción del agresor.
Corte rechaza que la reinserción sea un criterio para fijar la pena
El proyecto aprobado precisó que el derecho a la reinserción, establecido en el artículo 18 constitucional, no puede considerarse un parámetro objetivo para disminuir sanciones en delitos de feminicidio.
La ministra autora del fallo explicó que los tribunales apelaron indebidamente a la juventud del acusado sin aplicar una perspectiva de género, lo cual minimiza el carácter estructural de la violencia contra las mujeres.
Nueva jurisprudencia obligatoria
La SCJN ordenó devolver el expediente al Tribunal Colegiado para que emita una nueva resolución fundada y motivada, explicando los criterios empleados para fijar la pena.
Con ello, la Corte creó una jurisprudencia obligatoria: a partir de ahora, los jueces de todo el país deberán evitar reducir penas por feminicidio invocando únicamente el argumento de reinserción social.
Implicaciones
El máximo tribunal subrayó que todas las resoluciones penales deben incorporar la perspectiva de género y que disminuir penas sin justificación sólida vulnera el principio de proporcionalidad.
Asimismo, advirtió que decisiones judiciales que suavicen sanciones por feminicidio pueden enviar un mensaje social equivocado, al restar gravedad a una de las formas más extremas de violencia de género.
