Silvia Núñez Hernández, analista administrativa de la Supervisión Escolar Zona 17 / AGN Veracruz
Por Karen Nochebuena
Silvia Núñez Hernández, analista administrativa de la Supervisión Escolar Zona 17, denunció públicamente una serie de hechos que calificó como graves violaciones a sus derechos laborales y constitucionales, luego de que le fuera impedido el acceso a su centro de trabajo pese a contar con 22 años de servicio y un proceso legal vigente.
Los hechos ocurrieron el pasado 25 de marzo de 2026, cuando la trabajadora acudió a su centro laboral con la intención de cumplir con sus funciones y entregar un oficio dirigido a la supervisora Silvia Bautista Peraza, en el que notificaba formalmente su situación jurídica.
Sin embargo, denunció que un analista administrativo identificado como “Arturo” le negó el acceso sin presentar fundamento legal alguno, manteniendo cerradas las instalaciones e impidiendo la recepción oficial del documento. La situación, aseguró, fue documentada en video y difundida a través de redes sociales como evidencia.
Un conflicto que escala a lo legal
Núñez Hernández explicó que actualmente tramita un juicio de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el cual impugna el supuesto cese de su nombramiento, la restricción de acceso a su centro de trabajo y la afectación directa a su plaza base.
Afirmó que ha actuado conforme a derecho, presentando documentación oficial y justificantes derivados de diligencias judiciales, por lo que calificó lo ocurrido como:
“Un intento de despojo de mi plaza, una ejecución de facto al margen de la ley y una violación directa a mis derechos laborales y constitucionales”.
La trabajadora sostuvo que su plaza no ha sido legalmente cancelada, por lo que cualquier acción para impedirle el acceso representa, a su juicio, una actuación irregular y anticipada.
Señalamientos directos y acusaciones graves
En su denuncia pública, Núñez Hernández fue más allá y acusó directamente a Silvia Bautista Peraza, Christopher Couttolenc y José Ramón Cardona Mendoza de pretender despojarla de su plaza laboral, lo que eleva el caso de un conflicto administrativo a una posible disputa con implicaciones legales mayores.
“No llegué a discutir, no llegué a confrontar, llegué a trabajar”, expresó, subrayando que su intención era únicamente cumplir con sus responsabilidades como servidora pública.
Posibles delitos y responsabilidades
La denunciante advirtió que los hechos podrían configurar diversas faltas graves y delitos, entre ellos:
- Abuso de autoridad, por impedir el ejercicio de un derecho sin sustento legal
- Ejercicio indebido del servicio público, al obstaculizar el funcionamiento institucional
- Desacato indirecto a un juicio de amparo, al ejecutar actos que afectan derechos en litigio
- Violaciones a derechos constitucionales, como legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia
Subrayó que ninguna autoridad puede actuar sin fundar y motivar sus decisiones, y que impedirle el acceso equivale a una ejecución anticipada del acto que precisamente está siendo impugnado ante instancias federales.
Caso documentado y en manos judiciales
Núñez Hernández aseguró que todos los hechos han sido documentados, videograbados e integrados al expediente legal, por lo que el caso ya forma parte de un proceso que podría escalar a responsabilidades administrativas, constitucionales e incluso penales.
“Esto no es un conflicto interno. Es un acto de poder ejercido al margen de la ley”, advirtió.
Finalmente, enfatizó que no se trata de un asunto personal, sino institucional, al señalar que cuando una autoridad permite violaciones a la ley, deja de ser omisión y se convierte en complicidad.
