Denuncian despojo de albergue y muerte de 21 perros y gatos por presunta negligencia de autoridades
Por Rebeca Solano
Activistas y defensores de los derechos animales denunciaron que al menos 21 perros y gatos han muerto tras el desalojo del albergue Refugio Franciscano A.C., hecho que calificaron como un acto de irresponsabilidad, negligencia y abuso de autoridad por parte de las autoridades que intervinieron en el inmueble.
De acuerdo con los denunciantes, el operativo fue ordenado por el Gobierno de la Ciudad de México, lo que habría derivado en el despojo ilegal de los animales, pese a que existen resoluciones judiciales federales que ordenaban su restitución. Señalaron que al menos tres jueces federales han emitido resoluciones a favor del albergue, uno de ellos con orden expresa de reintegrar a los animales, la cual —aseguran— no ha sido cumplida.
Los activistas acusaron que detrás del operativo existirían intereses inmobiliarios, al afirmar que el predio en disputa tendría un valor aproximado de mil millones de pesos y una extensión de 160 mil metros cuadrados. Denunciaron además una compraventa simulada, lo que podría configurar delitos federales como evasión y defraudación fiscal, por lo que exigieron responsabilidades penales contra quienes resulten involucrados.
También señalaron que Carmela —relacionada con la propiedad— estaría contraviniendo la voluntad del testador, quien habría establecido que los terrenos fueran destinados exclusivamente al resguardo de animales, por lo que, afirmaron, ni ella ni la fundación tendrían legitimidad para modificar el testamento, y la compraventa debería ser declarada nula por un juez civil.
Los denunciantes rechazaron los señalamientos oficiales de maltrato animal, al sostener que desde el inicio solicitaron a las autoridades un censo, peritaje y custodia dentro del refugio, lo cual nunca se realizó. Indicaron que, tras un mes sin acceso de los cuidadores originales, se alegaron denuncias de maltrato justo cuando iniciaban las vacaciones judiciales, momento en el que se ejecutó el operativo que calificaron no como rescate, sino como “despojo”.
Anunciaron que se preparan múltiples acciones legales, entre ellas:
- Juicio de nulidad de la compraventa en tribunales civiles.
- Denuncias por fraude procesal, evasión y defraudación fiscal.
- Carpetas por corrupción, cohecho, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
- Denuncias por maltrato animal desde el ingreso de las autoridades al refugio el 11 de diciembre a la fecha.
Estas acciones serán presentadas ante la FGJCDMX, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría de la CDMX y el Consejo de la Judicatura Federal, además de incidentes por inejecución de sentencia y nuevos amparos indirectos.
Asimismo, se informó que ya existe una queja ante la CNDH y que el caso podría escalar al ámbito internacional, al advertir que el traslado de animales se realizó en violación a la Constitución federal, la Constitución local, el Código Civil, la Ley de Bienestar Animal y la NOM-024-ZOO-1995, que regula el transporte de animales.
Los defensores subrayaron que, en México, los animales ya son reconocidos como “seres sintientes”, por lo que su traslado “como si fueran basura o una mudanza” constituiría una violación grave al marco legal vigente.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para apoyar económicamente al Refugio Franciscano A.C., ya que un juez federal impuso una garantía de 180 mil pesos para mantener vigente el amparo. De no cubrirse, advirtieron, podría perderse la posibilidad de revertir legalmente el despojo.
Activistas convocaron a marchas y acciones públicas, al señalar que el caso sentará un precedente histórico: “o se impone el interés inmobiliario o se defiende el bienestar animal y la legalidad”.
