AGN Veracruz
Por: Leticia Núñez Hernández
El reciente comunicado de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) sobre las reuniones sostenidas con autoridades federales revela, más que avances sustantivos, las profundas tensiones estructurales que persisten en el ámbito de los derechos laborales universitarios en México.
La reactivación del Fondo U081, anunciada con un monto inicial de apenas 10 millones de pesos, debe leerse con cautela. Si bien representa un reconocimiento explícito del deterioro financiero de las universidades públicas estatales, resulta claramente insuficiente frente a décadas de subfinanciamiento, cargas laborales excesivas y omisiones sistemáticas en materia de derechos laborales. No se trata solo de sanear finanzas institucionales, sino de corregir modelos de gestión que han normalizado la precarización.
En materia salarial, el anuncio de un incremento del 4 % directo al salario y 2 % en prestaciones confirma una tendencia preocupante: la desconexión entre los ajustes salariales y el costo real de la vida. Más grave aún es el reconocimiento implícito de que existen trabajadores universitarios —particularmente personal administrativo y de apoyo académico— que perciben ingresos por debajo del salario mínimo. Este hecho, en sí mismo, constituye una violación estructural a derechos laborales básicos y debería activar mecanismos de corrección inmediata, no solo mesas de diálogo.
En el caso de la Universidad Veracruzana, este escenario adquiere una dimensión particular. La institución ha sido señalada reiteradamente por prácticas de sobrecarga laboral, simulación en concursos de promoción, falta de ajustes razonables y una política salarial que castiga la antigüedad sin reconocer experiencia ni especialización. El anuncio federal no ofrece garantías de que estos problemas estructurales serán atendidos, ni establece mecanismos claros de exigibilidad.
La narrativa oficial insiste en la apertura al diálogo como logro político. Sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos laborales, el diálogo no puede sustituir la obligación del Estado y de las universidades de garantizar condiciones dignas de trabajo. La ausencia de un tope salarial oficial, la vaguedad en los compromisos y la falta de indicadores verificables revelan una política reactiva, no transformadora.
El análisis es claro: mientras los anuncios no se traduzcan en reformas estructurales, presupuestos suficientes, transparencia en el ejercicio de recursos y reparación integral de las violaciones laborales acumuladas, los trabajadores universitarios seguirán siendo el eslabón más débil del sistema educativo. El problema no es solo presupuestal; es de voluntad política, de responsabilidad institucional y de respeto efectivo a los derechos laborales.
