
Morena contra la pared
Por Rebeca Solano
Todo apunta a que el desgaste de Morena ya no proviene de la oposición ni del descontento social, sino de un factor que el gobierno no puede controlar: la presión directa de Estados Unidos. Y, de acuerdo con versiones que circulan en círculos políticos y de seguridad, esto ya no sería simple especulación, sino el resultado de filtraciones, movimientos diplomáticos y mensajes enviados por canales privados.
El punto más delicado, según estas versiones, es que Estados Unidos estaría presionando al gobierno de Claudia Sheinbaum para entregar a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. No se trata de declaraciones públicas, sino de exigencias planteadas en privado, respaldadas —afirman— por testimonios, declaraciones y expedientes obtenidos en procesos judiciales contra líderes del narcotráfico.
La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿alguien cree que personajes como Ovidio Guzmán o Ismael “El Mayo” Zambada no señalaron nombres, rutas, favores políticos o financiamiento de campañas? El problema, advierten analistas, no es que Estados Unidos tenga esa información, sino a quiénes estaría señalando.
A esta presión se suma otro frente: la exigencia de Washington para que México rompa su respaldo político a Cuba, al considerar que ese apoyo sostiene a una dictadura. Aquí el dilema es claro: obedecer o confrontar.
El tercer elemento es la amenaza económica. De no haber cooperación —según estas versiones— Estados Unidos podría golpear el Tratado de Libre Comercio, con consecuencias reales: empleos, exportaciones, estabilidad del peso y crecimiento económico. No es discurso ideológico, es economía dura, advierten especialistas.
Frente a este escenario, la respuesta del gobierno mexicano ha sido cerrar filas, blindarse con el Ejército, negar cualquier señalamiento, defender a los suyos y evitar investigaciones internas o entregas. Para críticos del oficialismo, parece que el gobierno está dispuesto a una confrontación política antes que entregar a un solo político cercano al poder.
Antes se decía “primero el pueblo”; hoy, acusan, parece ser “primero los leales”. Lo que alguna vez fue la promesa de romper el pacto de impunidad, hoy —señalan— se protege bajo el discurso de la soberanía nacional.
Pero la soberanía, advierten voces críticas, no se defiende encubriendo criminales, sino limpiando la casa. Y la pregunta que incomoda comienza a instalarse en el debate público: si para salvar a un partido están dispuestos a poner en riesgo al país, ¿realmente están gobernando para México?
Porque, como advierten analistas, cuando un gobierno decide proteger a políticos antes que a su gente, el final no llega necesariamente en las urnas, sino cuando la credibilidad se pierde y ya nadie cree en el discurso oficial.
