Fiscalía presiona a familiares de víctimas de Iztapalapa para que no hablen con los medios
Por Rebeca Solano
Familiares de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, que ha dejado hasta el momento 29 muertos y 16 heridos hospitalizados, denunciaron hostigamiento y presiones por parte de autoridades capitalinas y abogados enviados por la Fiscalía para que no den declaraciones a los medios de comunicación.
De acuerdo con testimonios recabados por N+, los afectados señalaron que funcionarios les piden mantener silencio, mientras que los abogados ofrecidos como “apoyo gratuito” por el gobierno pretenden cobrar una comisión del 20% de las indemnizaciones que reciban por parte de la empresa Transportadora SILZA.
“Nos dijeron que nos iban a mandar un licenciado y que era gratis. Pero luego salió con que de lo que nos toque quiere el 20%”, denunció un familiar.
Además, los familiares advirtieron sobre “alteraciones” en las declaraciones de los pacientes hospitalizados:
“Primero dijeron que íbamos a ampliar la denuncia, luego ya salieron con que no; se la cambiaron, dicen ‘fírmenos y es todo’. Y mi familiar dijo: ‘No, yo no dije eso’”.
Ante la presión, algunos han optado por callar y no revelar la condición de salud de los lesionados.
Apoyos oficiales vs. denuncias de corrupción
El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró en conferencia del 17 de septiembre que el Gobierno de la Ciudad de México ha brindado:
- Hospedaje en hoteles cercanos a hospitales.
- Apoyo psicológico y carpas de descanso.
- Tratamientos especializados, incluso en el extranjero.
- Acompañamiento jurídico.
Sin embargo, ese acompañamiento es cuestionado por las familias, quienes acusan que en realidad se trata de abogados que buscan beneficiarse de las indemnizaciones.
Avances de la investigación
La titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, informó que la explosión ocurrió por una fuga de gas generada tras el impacto de la pipa contra un bloque de contención, lo que provocó una hendidura en el tanque.
La Fiscalía instaló unidades móviles del Ministerio Público en hospitales como el General “Dr. Rubén Leñero”, el Magdalena de las Salinas y el Instituto Nacional de Rehabilitación para recabar testimonios y documentación.
Hasta el momento, el saldo oficial es de 29 personas fallecidas, 16 hospitalizadas y 39 dadas de alta.
