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Por: Leticia Núñez Hernández
Desde el pasado lunes 16 de marzo, diversas colonias de Boca del Río permanecen sumidas en la oscuridad. No es una contingencia, es una evidencia. Evidencia de incapacidad, de desorden institucional y de una cadena de decisiones negligentes que hoy tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana de miles de personas. Aquí no hay margen para eufemismos: lo que ocurre no es una “falla técnica”, es una falla de gobierno.
La Comisión Federal de Electricidad insiste en llamarse “empresa de clase mundial”. La afirmación, en este contexto, no solo es falsa: es ofensiva. Una empresa de clase mundial no desaparece durante días mientras comunidades enteras colapsan. No se esconde detrás de líneas saturadas, ni responde con silencio administrativo. No deja a personas enfermas, adultos mayores, niñas y niños, a merced de temperaturas, alimentos descompuestos y medicamentos inutilizados. Lo que hoy exhibe la CFE no es nivel internacional; es precariedad operativa y desprecio por la ciudadanía.
La pregunta es inevitable: ¿qué tendría que ocurrir para que reaccionen? ¿Cuántos días más sin luz consideran aceptables? ¿Cuántas pérdidas económicas, cuántos riesgos a la salud, cuántos negocios quebrados entran dentro de su umbral de “normalidad”? Porque el problema ya no es la interrupción del servicio: es la ausencia absoluta de respuesta efectiva.
Aquí hay responsabilidades claras. Y si las autoridades creen que esto se diluirá con el paso de los días, están cometiendo un error de cálculo. La omisión reiterada, documentada y sostenida no es solo incompetencia: puede configurar responsabilidades administrativas, patrimoniales e incluso violaciones a derechos humanos. La energía eléctrica no es opcional. Su provisión continua es una obligación del Estado. Y su incumplimiento prolongado abre la puerta a exigencias formales de reparación del daño.
Lo más grave es el patrón: se actúa solo cuando la presión social escala, cuando el costo político se vuelve incómodo. Mientras tanto, la ciudadanía es tratada como variable de ajuste. Se normaliza el abandono, se administra el enojo, se apuesta al desgaste. Pero esa estrategia tiene un límite. Y ese límite se alcanza cuando la indignación deja de ser aislada y se convierte en acción organizada.
Las autoridades municipales, estatales y federales no pueden seguir jugando a la fragmentación de responsabilidades. La falta de coordinación ya no es una excusa: es complicidad. Cada hora sin energía es una prueba acumulada de su ineficacia.
La ciudadanía ya cumplió con lo que le corresponde. Reportó, documentó, protestó. A partir de este punto, lo que sigue no es insistir: es exigir. Exigir con mecanismos legales, con presión pública sostenida y con memoria. Porque si algo ha quedado claro en Boca del Río es que, frente a la ineptitud institucional, el silencio solo beneficia a quien incumple.
Y conviene dejarlo establecido sin ambigüedades: la responsabilidad está identificada. Y también lo estará la exigencia de consecuencias.
